Desde espectro radioeléctrico hasta nómadas digitales, los otros temas de la 'megaley'

La propuesta del Ejecutivo plantea que, cuando las entidades públicas contraten servicios de software u otros que impliquen la localización de datos, deberán hacerlo con proveedores que garanticen "que los datos se encuentren localizados en centros de cómputo que cumplan con los estándares internacionales de seguridad y protección". Además, establece que en caso de que no sea posible la adquisición o desarrollo de software de código abierto con servicios, la institución pública deberá justificar conforme se determine en el reglamento. En este artículo, el cambio es solo de redacción, pues actualmente consta el reglamento emitido por la Presidencia.

Para la reducción de la brecha digital, el Gobierno propone que los prestadores de servicios de telecomunicaciones puedan pagar hasta el 50% de las tarifas de uso del espectro radioeléctrico, por medio de la implementación de proyectos de prioridad nacional. Estos estarían preferentemente destinados a mejorar la conectividad en áreas rurales o urbano marginales. En esos casos, se requerirá un dictamen favorable de sostenibilidad fiscal emitido por el Ministerio de Finanzas. También incluye una disposición transitoria para que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Creación de Oportunidades, todos los promotores de proyectos viales urbanos y de desarrollo urbano y vivienda deberán prever obligatoriamente la construcción de ductos y cámaras para el soterramiento de las redes e infraestructura de telecomunicaciones.

La reforma propone que el Estado pueda otorgar títulos habilitantes a empresas privadas para la participación en las actividades de los servicios de energía eléctrica, alumbrado público general y carga eléctrica de vehículos. Y amplía las causales para esta opción, para cuando "el Estado no tenga capacidad técnica o económica". Según la propuesta, esta delegación se haría a través de procesos públicos de selección.

La "megaley" busca incluir una nueva disposición transitoria para la regulación de los pescadores artesanales. Establece que los productores acuícolas que se encuentren explotando áreas correspondientes a zonas de playa y bahía sin concesión por más de cinco años, cuya infraestructura se haya construido hasta 1999 y no se sobreponga a áreas con concesiones vigentes, deberán solicitar al Ministro de Producción la regularización de su situación y obtener de manera directa la concesión respectiva del área.

La propuesta del Gobierno es incluir tres disposiciones generales en la ley que especifiquen:

• La producción, comercialización, distribución y uso de medicamentos y productos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización podrán efectuarse exclusivamente con fines terapéuticos o de investigación médico-científica. Los medicamentos y productos serán dispensados bajo prescripción médica.

• El Gobierno podrá autorizar por escrito la siembra, cultivo y cosecha de plantas que contengan principios activos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (como cannabis psicoactivo), exclusivamente para la producción de bienes de uso y consumo humano, que se expenderán bajo prescripción médica, y para investigación médico-científica.

• El Gobierno podrá autorizar la importación de semillas de cannabis no psicoactivo o cáñamo, y de cannabis psicoactivo, a los licenciatarios que se encuentren habilitados para ello.

La iniciativa del Ejecutivo busca crear un "registro de beneficiarios finales", que sea público. Según la propuesta, se entiende por beneficiario final a "la persona natural que finalmente posee o controla a una persona o estructura jurídica en cuyo nombre se realiza una transacción, incluyendo los fideicomisos y patrimonios autónomos". Este registro buscará recoger, archivar, procesar, distribuir, difundir y registrar la información que permita identificar a los beneficiarios finales e integrantes de la cadena de titularidad de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas.  

La reforma propuesta a este texto es meramente de forma. En el artículo que norma las funciones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, añade la oración "de conformidad con la Ley de la materia y su Reglamento".

Sobre el servicio de las notarías, la reforma busca incluir las modalidades de teletrabajo derivadas de la pandemia. Por ello, propone incluir una norma que diga que todos los servicios notariales serán prestados de manera física o telemática, y que los solicitantes de servicios deberán expresar formalmente cuál modalidad prefieren.

La reforma plantea que los servicios notariales telemáticos sean prestados a través de videoconferencia u otro medio telemático, de acuerdo con la naturaleza del acto. En los casos que se requiera el desplazamiento del notario, el pedido y la respuesta podrán ser atendidos de forma telemática.

Esta reforma busca concretar un ofrecimiento del ministro de Turismo, Niels Olsen, de una nueva clase de visas. En el articulo que habla sobre los tipos de residencia temporal en Ecuador, se incluye a los nómadas digitales. Esta visa sería "para aquellos profesionales extranjeros que poseen una empresa propia o trabajan para una o varias personas jurídicas o naturales con domicilio en el exterior, que en virtud de las condiciones especiales de su trabajo, lo pueden realizar de manera remota, digital, o teletrabajo".