Una sentencia de la Corte Constitucional puede salvar la 'megaley' en el CAL

Entre la mayoría de bloques legislativos hay acuerdo para que el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades pase el primer filtro. En los 30 días de trámite, la Asamblea buscará ajustar la iniciativa a sus criterios.

La Ley de Creación de Oportunidades, el principal proyecto legislativo que impulsa el Ejecutivo desde su posesión, se enfrentará a su primer filtro este jueves. Pero, aunque en la Asamblea se acumulan las críticas, todo apunta a que la propuesta pase, al menos, la calificación en el Consejo de la Administración Legislativa (CAL).

El principal tema de debate en este organismo, que tiene previsto reunirse el jueves, se concentra en lo formal. Y en este punto, la clave está en sí el proyecto contiene o no una sola materia.

La Constitución especifica que los proyectos de ley deben ser de una sola materia, pero la llamada “megaley” del gobierno de Guillermo Lasso es amplia. A criterio de la bancada correísta UNES, el CAL debería rechazar la iniciativa pues contiene reformas laborales, tributarias y a los sectores estratégicos.

Pero, una sentencia de la Corte Constitucional puede ser la salvación del proyecto de Lasso. Juan Fernando Flores, coordinador de la bancada oficialista BAN, presentó este argumento durante un conversatorio con la prensa, y dijo que la “unidad de materia” se refiere a que el proyecto tenga un mismo “hilo conductor”.

La sentencia a la que Flores se refiere es una reciente, sobre la demanda por inconstitucionalidad a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Allí, la Corte resolvió que el proyecto no era inconstitucional por incluir temas educativos, de seguridad social y laborales, porque estaban conectados entre sí.

El argumento de la salvación

La sentencia de la Corte Constitucional es la salvación para el proyecto de Lasso, pues su cumplimiento es obligatorio. Es decir, la Asamblea no podrá dar una nueva interpretación a la “unidad de materia” a la que hace referencia la Constitución.

La sentencia, cuya redacción estuvo a cargo del juez Alí Lozada, sostiene que “es suficiente que haya una relación al menos plausible entre el contenido de las disposiciones de una ley para que el principio de unidad de materia se satisfaga”.

Según la reflexión del magistrado en la sentencia, debe haber una “conexidad temática” que puede darse por dos lados:

Cuando las disposiciones de una ley están orientadas a la consecución de uno o varios fines.
Cuando su contenido da lugar a un “conjunto coherente” de reglas, principios y valores jurídicos.

La redacción de la “megaley” calza justamente en el primer punto, pues el argumento central o hilo conductor es la generación de empleo. Aunque el proyecto modifica 31 leyes distintas, en la exposición de motivos se centra en la “creación de oportunidades” desde distintos ángulos.

Solo cuatro votos

Para la calificación del proyecto en el CAL, el oficialismo necesita apenas cuatro votos, un escenario aparentemente bastante fácil de conseguir pues la bancada oficialista BAN tiene dos asientos en ese organismo. A estos se sumaría el voto de Johanna Moreira, de la ID, cuya bancada ha anunciado que “no bloqueará” la propuesta del Ejecutivo.

Es decir, el oficialismo tiene pendiente la obtención de un solo voto para lograr la calificación. Este, de entrada, no vendrá desde los dos vocales de UNES, que ya ha anunciado su negativa al proyecto.

La posibilidad es, entonces, el voto de la presidenta Guadalupe Llori, pues su compañero de bancada, Darwin Pereira, también ha adelantado su rechazo al proyecto. Y la otra opción es Bella Jiménez (ex ID), quien enfrenta un proceso ante el Comité de Ética por un supuesto nuevo caso de diezmos.

Ya con la calificación, comenzarán los cambios al proyecto. UNES y la ID han adelantado que su principal enfoque será en la parte laboral, en donde, de ser el caso, buscan hacer cambios a la propuesta para no “precarizar”. Mientras que el PSC se enfocará en el tema tributario.

Un proyecto amplio en un mes de debate

La ‘megaley’ llegó a la Asamblea como proyecto económico urgente, es decir que el Legislativo tiene 30 días para debatirla y aprobarla o negarla. Si los asambleístas no llegan a una decisión para el 23 de octubre de 2021, este entrará en vigencia por el ministerio de la Ley.

La iniciativa tiene 140 hojas, 334 artículos, 11 disposiciones generales, 15 disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y una disposición final. Por lo que los asambleístas temen que, al ser un proyecto tan amplio, falte tiempo para el debate o a su vez la conversación se centre solo en los puntos más críticos: el tributario y el laboral.

Por ello, una opción es que el proyecto sea asignado a dos comisiones: la de Derechos de los Trabajadores y la de Régimen Económico y Tributario. Aunque la ley no prevé esto, es una práctica que se usó en la anterior Asamblea.

La Ley Humanitaria fue tramitada en la Comisión de Desarrollo Económico. Sin embargo, esta mesa derivó la parte laboral a la de Derechos de los Trabajadores, para que analice la propuesta y haga recomendaciones no vinculantes, que fueron incluidas en el informe para primer debate.

Esta propuesta nació de Esteban Torres, coordinador de la bancada del PSC (que no tiene espacio en el CAL). Y recibió buena acogida de los otros bloques durante el conversatorio con la prensa.