USD 104,1 millones debe recibir el Estado como reparación en ocho casos de corrupción que se cometieron durante el Gobierno de Rafael Corea y que ya fueron juzgados. Sin embargo, hasta ahora el cobro no llega ni al 5%.
Un automóvil usado. Eso es lo único que el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, asegura que le quedó del USD 1 millón que recibió como soborno de la constructora brasileña Odebrecht durante su gestión en el gobierno de Correa.
En 2018, Mosquera fue condenado a cinco años de cárcel por el delito de lavado de activos. Aceptó que recibió el dinero de la constructora brasileña, aunque negó que se tratara de una coima.
Mosquera aseguró que fue un pago por una consultoría que realizó mientras era ministro, en 2008. El expresidente Rafael Correa catalogó ese extraño movimiento como un “acuerdo entre privados”.
La Fiscalía logró seguir la ruta del dinero. Odebrecht pagó el millón de dólares a través de Kienfield, una de las empresas offshore que usaba el ‘departamento de sobornos’ de Odebrecht.
El depósito se hizo a la empresa Tokio Traders, que tenía como representante a Marcelo Endara, tío político de Mosquera y otro de los tres sentenciados en el caso.
Luego, el dinero se movió a través de la banca privada de Andorra y permaneció en esas cuentas durante tres años.
En 2011, los fondos se habrían repartido en varias cuentas. Una parte se usó para comprar bombas de calor y de circulación y medidores de presión en el extranjero.
Y luego esa maquinaria fue importada por Truenergy, empresa del papá del exministro, Antonio Mosquera (el tercer sentenciado). Esta compañía está en proceso de liquidación.
Una década después de que ese dinero empezó a moverse no hay rastro de él. O, al menos, Alecksey Mosquera dice no tenerlo.
Su sentencia incluye el pago de una reparación integral al Estado por USD 2 millones. De ese total, al exministro le corresponde pagar unos USD 666.000.
El 5 de enero de 2022, Alecksey Mosquera ofreció un auto Kia Río usado para pagar. El vehículo será valorado por peritos de la Policía.
Y, para cubrir el resto de la deuda, Mosquera pidió que se le permitiera poner sus conocimientos al servicio del Estado, lo que no será posible porque tiene impedimento para ejercer cargo público y para ser contratista del Estado tras su condena.
El dinero no aparece
El caso de Alecksey Mosquera no es el único relacionado con la corrupción durante el correísmo. La Procuraduría, que representa al Estado como víctima en estos procesos, tiene en sus archivos al menos siete procesos más que están pendientes de cobro.
En total, el Estado pretende cobrar USD 104,1 millones.
Estas cifras fueron reveladas por la Procuraduría a finales de 2020, cuando se creó Unidad de Recuperación de Activos.
Instancia que es la encargada de los procesos de ejecución de las sentencias por casos de corrupción.
Sin embargo, hasta ahora la recuperación de los capitales en favor del Estado no bordea ni el 5%.
- En mayo de 2021, el Estado tomó posesión de tres inmuebles que eran de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador. Propiedades valoradas en USD 240.000.
- Dos meses después, en julio de 2021, la Procuraduría logró el embargo de USD 430.000 en bienes que pertenecían a María Sol Larrea, excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
- Finalmente, ese mismo año, tres de los 20 sentenciados en el caso Sobornos (todos empresarios privados) pagaron USD 1,9 millones. Esa es su parte de los USD 14,7 millones que se fijaron como reparación en ese proceso. Otros deudores de ese caso son Correa, el exvicepresidente, Jorge Glas, y varios exministros.
Esos embargos y pagos suman USD 2,6 millones, lo que representa el 2,5% de los más de USD 100 millones pendientes.
A eso hay que sumarle un lote de joyas y relojes que también se le embargaron a Larrea y cuyo valor aún no ha sido revelado.
Y el vehículo usado de Alecksey Mosquera, que será valorado en las próximas semanas.
Resta por conocer el valor de los bienes embargados a Humberto Endara, un co-sentenciado del exministro Carlos Pareja Yannuzzelli, en el caso Petroecuador.
El Estado asumió una oficina y dos parqueaderos en un edificio, en Quito. Y el 50% de otras dos oficinas, dos casas, dos vehículos y dos motos.
Un camino largo
El cobro de las reparaciones económicas para el Estado es un proceso largo, según la legislación ecuatoriana.
Una vez que un juez de primera instancia dispone una sentencia, que incluye el pago de una reparación, hay varios pasos que superar.
Primero, los acusados pueden interponer recursos de apelación y casación.
Una vez que la sentencia penal está en firme y los sentenciados estén condenados a prisión, se inicia un nuevo proceso para el cobro de las reparaciones económicas.
En la mayoría de casos de corrupción estas deben ser cobradas vía judicial, ya que los sentenciados no pagan voluntariamente. Entonces empieza un proceso de ejecución de pena.
En este proceso, los multados tienen dos opciones: pagar o dimitir bienes, es decir, entregar a la Función Judicial sus vehículos, casas, terrenos o activos para que sean vendidos y con ese dinero resarcir al Estado.
En el caso de que los procesados no tengan el dinero ni bienes para cubrir las multas, serán declarados insolventes y el Estado tendrá que dar por perdido el dinero.
Para esto, la Procuraduría solicita a la Corte el embargo de cuentas y bienes a nombre de los sentenciados.
Pero incluso si sacan los activos del país, a través de asistencias internacionales las autoridades pueden seguir el rastro del dinero de la corrupción.
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