Martes, 16 de abril de 2024

USD 7,5 millones se pagaron en asesoría legal y psicológica para migrantes en España

Autor:

Estefanía Celi

Actualizada:

4 May 2022 - 0:04

La Contraloría encontró irregularidades en las polémicas contrataciones de empresas para ayudar a los ecuatorianos afectados por la crisis de los desahucios.

Autor: Estefanía Celi

Actualizada:

4 May 2022 - 0:04

13 de diciembre de 2012. El canciller Ricardo Patiño, el defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, y la secretaria del Migrante, Lorena Escudero, durante un evento con migrantes en España. - Foto: Cancillería

La Contraloría encontró irregularidades en las polémicas contrataciones de empresas para ayudar a los ecuatorianos afectados por la crisis de los desahucios.

Ocho meses después del impasse que bloqueó el nombramiento de Pascual del Cioppo como embajador en España, la polémica por las contrataciones de consultorías de esa misión diplomática revive.

La Contraloría emitió su informe sobre la contratación de seis empresas que brindaron los servicios de asesoría legal y psicológica para atender a los ecuatorianos afectados por la crisis hipotecaria en España. Y halló una serie de irregularidades en las contrataciones, que corroboran las denuncias de Del Cioppo.

En agosto de 2021, antes de ser aceptado como embajador en España, Del Cioppo informó que habría conocido de contratos suscritos entre esa misión y la consultora Kinema, vinculada al partido izquierdista español Podemos. Cuestionó que, durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, se haya mantenido este financiamiento.

La investigación de la Contraloría halló que las contrataciones se hicieron sin respaldos técnicos y que no hubo un buen control del número de beneficiarios. En total, unos 7,1 millones de euros gastó la Embajada, entre 2015 y 2021, para estas consultorías. Esto significa unos USD 7,5 millones al cambio actual.

Contratos sin base

Entre 2015 y 2021, los embajadores de España suscribieron contratos por 6,3 millones de euros USD 6,6 millones) para asesoría legal e hipotecaria con las empresas:

Además, la Embajada firmó 10 contratos para los servicios de "apoyo psicológico", por 447.099 euros (unos USD 470.000), con cuatro empresas:

Según la Contraloría, para la firma de estos contratos no se armaron términos de referencia ni estudios de necesidades. Por tanto, no es posible determinar qué atenciones requería la Embajada ni los requisitos de las empresas que podían presentar sus ofertas.

Aunque para las contrataciones de las misiones diplomáticas no aplica la Ley de Contratación Pública, la Contraloría sostiene que era necesario mantener ciertas directrices en aras de la transparencia.

Además, la Embajada tiene en su registro distintas proformas que fueron presentadas. Pero, "auditoría no pudo establecer cuáles fueron los parámetros técnicos y económicos que permitieron determinar la oferta más conveniente".

Por ejemplo, una de las empresas contratadas, Mi País Consultores SL, fue creada apenas cuatro días antes de firmar el contrato con la Embajada.

Tanto Mi País Consultores SL como Kinema son las empresas vinculadas a Podemos. Ambas tienen trabajadores y funcionarios relacionados con los think tank que son parte de la red de este partido izquierdista.

Registro de beneficiarios deficiente

La investigación de la Contraloría descubrió que no hay un registro del número de atenciones, del número de abogados que trabajaron ni de los costos de cada actividad realizada en algunos de los contratos firmados por la Embajada. La auditoría tampoco halló informes parciales o finales que tengan una firma de responsabilidad.

Los informes de Kinema, Mi País Consultores SL, Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa SLU e Intercon Iberoamericana aseguran que prestaron sus servicios de asesoría psicológica y legal (esta solo en el caso de Kinema) en 95.230 casos. Pero, este número no coincide con el registrado en el sistema de la Embajada.

En cambio, las empresas Fundación Psicológica Sin Fronteras y Asociación Solidaridad Internacional para el Desarrollo no reportaron el número de beneficiarios de sus consultorías, ni consta este en el sistema.

La información sobre los beneficiarios tampoco consta en las facturas que respaldaron los pagos.

Pero la Embajada también autorizó pagos por gastos administrativos sin facturas ni respaldos. Estos corresponden a las empresas Mi País Consultores SL, Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa SLU, e Intercon Iberoamericana, y suman 1,3 millones de euros (USD 1,4 millones al cambio actual).

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