El juicio político contra el presidente Guillermo Lasso está en la Asamblea Nacional. El Consejo de Administración Legislativa conocerá mañana el dictamen de la Corte Constitucional.
En caso de que el presidente Guillermo Lasso sea enjuiciado políticamente, podría adelantarse al veredicto de la Asamblea Nacional y decretar una muerte cruzada. Sin embargo, esto no le garantiza que mantendrá el poder hasta que haya elecciones anticipadas.
La Corte Constitucional (CC) admitió a trámite una de las tres causales planteadas en la propuesta de juicio político contra el Mandatario.
El documento ya está de vuelta en la Asamblea y el Consejo de Administración Legislativa (CAL) sesionará este 31 de marzo, a las 09:30. Los vocales conocerán el dictamen constitucional y deberán remitirlo a la Comisión de Fiscalización para que inicie el trámite.
Mientras tanto, el presidente Lasso y su equipo deberán preparar su defensa, dentro de un proceso que tomará alrededor de un mes. Ya que el Ejecutivo dijo que respetará el dictamen, aunque no esté de acuerdo. Además, el Mandatario tiene un ‘as’ constitucional bajo la manga: la muerte cruzada.
Los escenarios para una muerte cruzada
El presidente Lasso puede adelantarse y disolver la Asamblea, con lo que se conoce como una muerte cruzada. La Constitución establece tres causales para ello:
- Si se hubiere arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
- O si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
- O por grave crisis política y conmoción interna.
Solo en el primer caso, como lo establece la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales, se requiere un dictamen constitucional, que deberá ser aprobado con el voto de las dos terceras partes de los magistrados. Entonces, procedería la disolución.
No así en los otros dos casos. El presidente Lasso tiene la ventaja legal y puede disolver a la Legislatura antes de que lo destituyan.
En ese escenario, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendría un plazo máximo de siete días para convocar a elecciones generales para el resto del período vigente. Y las votaciones deberán realizarse “en un plazo menor a noventa días”.
Durante esos tres meses y hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el presidente Lasso, previo dictamen favorable de la Corte, podrá gobernar a través de decretos-leyes de urgencia económica.
En ese escenario, el Mandatario optaría por buscar la reelección para lo que resta del periodo. Y sería reemplazado solo si es derrotado en las urnas.
El escenario en el Legislativo
Así como el Ejecutivo considera que no hay argumentos que sostengan su enjuiciamiento político, los legisladores pueden tomar la misma postura en el caso de que se decrete la muerte cruzada.
Ciertos asambleístas de la Izquierda Democrática y del Partido Social Cristiano advierten de la posibilidad de desacatar el decreto ejecutivo de disolución. Mientras que Pachakutik todavía no tienen claro el panorama.
El mayor bloque legislativo, el correísmo (UNES) no le teme a unas elecciones anticipadas. Su propio líder, Rafael Correa, increpó al presidente Lasso a que lo haga, para que “democráticamente terminemos este infierno”.
En los otros partidos puede haber recelo después de los buenos resultados que obtuvieron en 2021 y dudas sobre si conseguirán el mismo número de curules en una elección en medio de los problemas que ha tenido cada agrupación política.
De todas formas, un escenario posible, es que haya manifestaciones en las calles. La Conaie, por ejemplo, advirtió que no dejará que el presidente Lasso gobierne por decretos después de una muerte cruzada, porque lo considerarían una ‘dictadura’.
Esto podría animar a que el Legislativo finalmente desacate su disolución, desatando una crisis política similar a la del Perú.
En Lima, el expresidente Pedro Castillo disolvió sorpresivamente al Congreso, mientras los diputados intentaban destituirlo por “incapacidad moral”. Sin embargo, las fuerzas del orden y la Justicia acataron esta última destitución.
Horas después, Castillo era detenido por la Policía, sin una claridad de los cargos, y el Congreso nombró a la nueva presidenta, Dina Boluarte.
Sin embargo, la crisis política y social en Perú no se ha superado y las manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron 49 muertos, según la Defensoría del Pueblo de Perú. Y los intentos de adelantar elecciones han fracasado.
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