Durante una rueda de prensa virtual del 1 de junio de 2020, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, afirmó que la Fiscalía lleva en su contra una “persecución infame”.
“Rechazamos las falsas acusaciones, que de manera irresponsable siguen dificultando el trabajo de los gobiernos seccionales”, dijo la prefecta de Pichincha, Paola Pabón durante una rueda de prensa este 1 de junio.
Pabón respondió a la notificación que le realizara la Fiscalía el 29 de mayo con el inicio de una investigación en su contra por el presunto delito de peculado, por un proceso de compra de emergencia hecho por Pichincha Humana, que es parte del Gobierno provincial.
A través de esta institución, la Prefectura compró trajes de bioseguridad, bolsas para cadáveres y sábanas antifluidos, por un precio de USD 72.300.
La investigación que inició la Fiscalía tiene como base una denuncia que realizó el activista Fernando Villavicencio, en la que cuestiona que la compra realizada por la Prefectura de Pichincha tiene sobreprecio.
Según Villavicencio, la Prefectura de Pichincha adquirió 400 bolsas para cadávares en USD 52 cada una, pero en “el mercado cuestan USD 15”.
Pabón desmintió aquello y dijo que las bolsas para cadáveres de USD 15 son de nivel de bioseguridad 1, que sirven para hacer prácticas a nivel de educación universitaria.
La Prefectura compró las bolsas para cadáveres de nivel de bioseguridad 4, que son requeridas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) porque son para “pacientes que han fallecido por covid-19 y que las mismas permiten que no se expanda el virus”.
Cada bolsa tenía un precio de USD 51,90 y según Pabón, fue la oferta más barata.
Mientras se defiende de un nuevo supuesto caso de corrupción, la prefecta de Pichincha enfrenta dos procesos de investigación más en la Fiscalía.
El primero es un proceso de investigación por un supuesto delito de rebelión. Ella está bajo sospecha por intentar desestabilizar al Gobierno, durante el paro nacional, de octubre de 2019.
Además, en febrero de 2020 era investigada por la Fiscalía por un posible delito de tráfico de influencias, por un contrato para implementar mejores prácticas comunicacionales entre los funcionarios de la institución.
Revolución Ciudadana, que agrupa a los correístas, a través de un comunicado, señaló que “la Fiscalía, la Contraloría y aliados al gobierno arremeten en contra de los dirigentes correístas”.
“Cada semana se inventan nuevos casos a fin de continuar con el hostigamiento y persecución política”, dice el comunicado.
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