Para 2023, los partidos y movimientos están obligados a incluir al menos 30% de mujeres para alcaldías y prefecturas. En las elecciones seccionales de 2019, menos del 20% del total de candidatos fueron mujeres.
Las elecciones de 2023 buscan promover un cambio sustancial en la presencia de mujeres en los gobiernos autónomos descentralizados. Los resultados de 2019 evidenciaron una mínima inclusión femenina en las candidaturas para prefecturas y alcaldías, por tanto, un bajísimo porcentaje de autoridades electas.
Las reformas al Código de la Democracia, vigentes desde las anteriores elecciones, buscan cambiar esta realidad. Para 2023, los partidos y movimientos están obligados a incluir al menos el 30% de candidatas para alcaldías y prefecturas.
Al revisar las cifras de candidaturas de anteriores elecciones, la situación no parecería tan mala. Aunque los porcentajes de candidatas mujeres siempre son menores a las de hombres, desde 2009 se mantienen por encima del 40%.
Pero estas cifras tienen un sesgo: incluyen tanto elecciones unipersonales, como alcaldías o prefecturas, y pluripersonales, como las concejalías.
En las pluripersonales, la Constitución estableció obligatoriamente la alternabilidad hombre-mujer. Es decir, que necesariamente va a haber un porcentaje similar de hombres y mujeres en todas las listas, por esta razón.
A pesar de esta alternabilidad, la subrepresentación es altísima. De las 5.645 dignidades electas en 2019, solo 1.534 son mujeres, lo que representa el 27,17%. Eso tiene que ver con su ubicación en las papeletas.
Alcaldías y prefecturas sin mujeres
En las elecciones unipersonales la paridad es más compleja y problemática. La mayoría de candidatos para alcaldes y prefectos son hombres, algo que pasa también en las presidenciales de 2021: donde apenas una de 16 aspirantes fue mujer (Ximena Peña).
La representación de mujeres en las alcaldías y prefecturas actualmente es muy baja. En las seccionales de 2019, resultaron electas apenas 19 alcaldesas y cuatro prefectas.
Esto se relaciona en cierta medida al bajo número de candidatas que hubo para esas dignidades. Aunque no es una consecuencia directa, pues no necesariamente más mujeres candidatas se traduce en más mujeres electas.
En 2019, para las prefecturas, hubo 223 candidatos, pero solo 40 fueron mujeres, lo que representa el 18%. Cinco provincias no tuvieron ni una solo mujer corriendo por una prefectura: Napo, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Morona Santiago.
Para las alcaldías, en cambio, solo el 35% de cantones tuvo postulantes mujeres. Capitales provinciales como Lago Agrio (Sucumbíos) y Guaranda (Bolívar) no tuvieron ni una participante.
En total, de los 1.875 candidatos a alcalde, solo 268 fueron mujeres, lo que significa el 14,3%. La mayoría se presentó en Guayas.
Un escenario para la violencia política
Esta subrepresentación de las mujeres en alcaldías y prefecturas debería cambiar para 2023, pues el reformado Código de la Democracia estableció una cuota de 30% de candidatas que los partidos y movimientos políticos deben cumplir.
Este 30% se debe cumplir sobre el total de candidaturas que una alianza u organización política presente en su juridicción. Por ejemplo, si un partido presenta postulantes a las alcaldías de 220 cantones, al menos 66 deberán ser mujeres.
Esto ya tiene a las organizaciones políticas haciendo cálculos, pues hasta el 5 de agosto de 2022 deben realizar sus procesos de democracia interna para designar candidatos. Allí ya deben cumplir este porcentaje de inclusión femenina.
Sin embargo, estos espacios también pueden ser un escenario para la violencia política de género. Por ello, el CNE y Centro de Planificación de Estudios Sociales firmaron un acuerdo para la participación con igualdad y sin violencia política de género.
"Yo he recibido muchísimas llamadas telefónicas, ahora que tienen las organizaciones políticas que decidir en qué cantones van a poner candidatas a la alcaldía. En las concejalías es mucho menos. Ahí se siente que hay mucha violencia en la toma de decisiones y en la forma en la que se llevan estas discusiones internas", aseguró la presidenta del CNE, Diana Atamaint.
Por ello, señaló que el objetivo es que las víctimas puedan tener asistencia sobre cómo presentar una denuncia sobre violencia de género.
Desde que esta infracción electoral se incluyó en el Código de la Democracia, al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha recibido 12 denuncias, pero solo dos han terminado en sanción, según Atamaint, porque algunos casos no han sido presentados correctamente.
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