El juicio por presunto peculado en la compra de pruebas PCR, durante la alcaldía de Jorge Yunda, ha recibido varias críticas tanto de los acusados como de sus abogados defensores.
Aunque Jorge Yunda perdió su condición de alcalde de Quito, los casos pendientes ante la justicia ordinaria continúan su curso normal. Incluso, mantienen el fuero provincial, es decir, tramitados desde primera instancia ante la Corte de Pichincha.
Dentro de las causas que la Fiscalía ha abierto en contra de Yunda y otros funcionarios de su administración, la más avanzada es la del caso denominado Pruebas PCR.
Yunda, dos de sus exsecretarios de Salud, Ximena Abarca y Lenín Mantilla; 10 funcionarios y un empresario son juzgados por el presunto delito de peculado.
El proceso se refiere a posibles irregularidades en el contrato de USD 4,2 millones entre el Municipio de Quito, durante la gestión de Yunda, y la empresa Salumed. El objeto del contrato fue la compra de 100.000 pruebas PCR para diagnóstico de Covid-19.
El juicio se instaló el 29 de septiembre de 2021, y tras 15 días de audiencia, el 21 de octubre se suspendió debido a una demanda de recusación. Precisamente Yunda presentó esta demanda en contra de Fabián Fabara, uno de los jueces que conforman el Tribunal.
La desacreditación como estrategia
Por la presencia de Yunda en la lista de procesados, el caso ha alcanzado una relevancia pública y mediática. A esto se une la inclusión en el caso de Linda Guamán, una reconocida científica ecuatoriana. Ella formó parte de la Secretaría de Salud durante la ejecución y terminación del contrato de Salumed.
Guamán y sus abogadas, María Dolores Miño y María del Mar Gallegos, denuncian que el trabajo de la Fiscalía no ha sido técnico en el caso y que hay un desconocimiento del área científica.
A través de la etiqueta en redes #CienciaEnJuicio, Guamán describe una especie de bitácora del juicio. En sus apuntes, la científica informa y destaca los presuntos errores de la acusación de la Fiscalía enfocados en su área de conocimiento.
Pero no solo hay observaciones en el área científica, también han surgido cuestionamientos en la parte procesal y judicial. Por ejemplo, cuando la Fiscalía presentó su prueba documental, las defensas de los procesados impugnaron el 70% de los documentos presentados, ya que eran “fiel copia de la copia simple”.
Mientras que Felipe Rodríguez, otro de los abogados defensores, denunció posibles presiones. El 13 de octubre de 2021, el jurista indicó que a la audiencia asistió un funcionario del Consejo de la Judicatura.
Pedido de recusación contra el juez
No solo la Fiscalía ha sido objeto de críticas por parte de los acusados y sus defensas. El juez Fabián Fabara fue recusado por Yunda y esa acción mantiene suspendido el juicio desde el 21 de octubre.
La defensa del exalcalde señala a Fabara porque, supuestamente, ha mostrado estar parcializado en la diligencia. Y ha buscado sentenciar a los procesados por tráfico de influencias, cuando la acusación fiscal es por peculado.
Édgar Molina, abogado de Yunda, asegura que Fabara ha anticipado sus criterios. Además indica que con sus preguntas de interrogatorio y contrainterrogatorio, Fabara ha impulsado a peritos y testigos que den fe del cometimiento de un delito de tráfico de influencias.
La demanda de recusación está en manos ahora de los jueces Wilson Lema y Patlova Guerra. Y el pasado 27 de octubre el recurso se admitió a trámite, y está pendiente que se fije una fecha para la audiencia.
En caso de que la recusación se acepte, Fabara deberá ser reemplazado y si se niega, el proceso seguirá.
La estrategia de la Fiscalía
Por su parte, la Fiscalía también ha diseñado una estrategia comunicacional para contrarrestar la desacreditación pública por parte de abogados y sus defendidos.
La Fiscalía utiliza la etiqueta en redes sociales #PruebasPCRQuito y lleva una bitácora del caso. Además mantiene una producción audiovisual con videos, afiches y animaciones sobre el juicio.
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