La Fiscalía ha abierto expedientes de 45 casos de corrupción ocurridos en poco más de dos meses de emergencia sanitaria por coronavirus. ¿Quién es quién en estos escándalos?
Entre marzo y abril, mientras Guayas batallaba contra la pandemia de Covid-19, dos figuras políticas habrían lucrado con la tragedia. Se trata del expresidente Abdalá Bucaram y del prefecto de la provincia, Carlos Luis Morales.
Ambos habrían tomado parte en dos casos de corrupción que han dejado un perjuicio millonario al Estado, en momentos en que la provincia vivía un mortal brote de Covid-19 que se cobró miles de vidas.
¿Por qué se investiga a Bucaram? La Fiscalía indaga su nexo con el delito de peculado por el sobreprecio de insumos médicos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, perteneciente al Instituto de Seguridad Social (IESS).
Mientras que en el Gobierno provincial, la investigación apunta a desentrañar una red de tráfico de influencias, que habría creado empresas fantasma y falsificado firmas para obtener contratos, aprovechando la emergencia sanitaria.
En total la recién creada Fuerza de Tarea de la Fiscalía realizó 16 allanamientos simultáneos en Guayaquil, Durán y Samborondón. Hubo nueve detenidos, entre ellos Bucaram y Morales.
“No se van a quedar los casos en carpetas, en investigaciones previas. Vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de cada una de las causas en esta emergencia”.
Dianal Salazar, fiscal general del Estado.
La Fuerza de Tarea, que fue creada el 1 de junio de 2020 para investigar la corrupción en la emergencia sanitaria, tiene ya 45 indagaciones en curso.
Abdalá y 2.000 pruebas rápidas
El expresidente Abdalá Bucaram, de 68 años y quien gobernó Ecuador seis meses entre 1996 y 1997, fue arrestado inicialmente por la tenencia de un arma de fuego sin documentos.
Pero luego la fiscal Diana Salazar aclaró que en el domicilio de Bucaram se encontraron 2.000 pruebas rápidas de Covid-19 y 5.000 mascarillas.
Estos insumos tienen las mismas características que los que se fueron vendidos con sobreprecio al hospital Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil, donde varios funcionarios habrían suscrito contratos durante la emergencia sanitaria para adquirir insumos médicos.
El perjuicio al Estado por este caso sería de USD 12 millones, según investigaciones preliminares de la Fiscalía, que también indaga las compras de estos insumos con supuesto sobreprecio.
Personal de la Fiscalía allanó las instalaciones del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Foto del 3 de junio de 2020 API
Además en esta red de corrupción está involucrado el médico Luis Jairala Zunino, también detenido en los operativos del 3 de junio.
El médico es primo de Jimmy Jairala, quien es ex prefecto de Guayas y líder del movimiento político Centro Democrático.
Jairala Zunino fue director del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en 2018. El ahora detenido sería el nexo entre funcionarios del IESS y la familia Bucaram.
Denuncias no tan nuevas
El caso de malos manejos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo y su nexo con los Bucaram no se origina con la pandemia.
- Desde octubre de 2019, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) ha venido denunciado sobrecostos de hasta 1.088% en contratos para la compra de fármacos e insumos médicos.
- La mano de Bucaram estaría detrás de varias contrataciones que se realizaron a través de un tercero: José Luis Llerena Candela.
- Llerena Candela, de 25 años de edad, es cuñado de Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram.
- Llerena habría obtenido 46 contratos por USD 7,7 millones en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
Cuando la CNA denunció estos hechos, la familia Bucaram dijo que se trataba de persecuciones en su contra.
Extrañamente, el 1 de noviembre de 2019, el entonces director técnico del hospital, Gregorio Mateo, sufrió una agresión.
El doctor Gregorio Mateo había ofrecido su testimonio a la Comisión Anticorrupción y denunciado las irregularidades en el Teodoro Maldonado Carbo.
La casa de papel
Por su parte, la red de corrupción en el Gobierno provincial de Guayas operaba a través de la creación de empresas fantasma.
Con estas compañías, cuyos propietarios eran personas ajenas a la Prefectura, se habrían suscrito contratos por más de USD 600.000. Uno de estos contratos fue firmado por Francisco Hermelindo Velásquez Castro, gerente de Zerasamiz S.A.
El detalle es que Velásquez es un adulto mayor de 76 años, que viven en la indigencia y quien al momento está desaparecido.
Otro de los ‘propietarios’ de las empresas vinculadas sería la esposa del prefecto Morales, Sandra Arcos.
Lo cierto es que, además de Morales, también fueron detenidas siete personas, entre accionistas, gerentes y trabajadores de estas empresas de papel.
Los dos hijos de la esposa de Morales: Xavier y Andrés Vélez habrían jugado un rol clave. Un día antes de su detención, Morales denunció a ambos ante la Fiscalía por haber participado en los contratos con sobreprecio.
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