La colombiana Olga Lucía Zuluaga, Oficial de Protección y Acción Humanitaria de Unicef, visitó Ecuador para reunirse con las autoridades y hablar sobre el problema de reclutamiento de menores por parte de las bandas de crimen organizado.
Ecuador apenas está abriendo los ojos al problema social que representa el reclutamiento de menores de edad por parte de las bandas de crimen organizado. Esta es una arista del incremento de la inseguridad y la violencia de la que poco se habla.
Colombia lleva décadas viviendo un conflicto armado interno y las consecuencias del narcotráfico. Tiene experiencias que puede compartir con Ecuador sobre cómo hacer frente al reclutamiento de menores y ayudar a mantener el tejido social en las zonas más afectadas por este fenómeno.
Solo en 2022, las disidencias de las FARC fueron las mayores perpetradoras de graves violaciones en contra de menores de edad en el vecino país. Según el informe de la ONU sobre los niños y los conflictos armados en el mundo, los distintos grupos armados reclutaron al menos 130 niños y niñas de entre 11 y 17 años.
Y las cifras en Ecuador son alarmantes. Solamente entre enero y junio de 2023, la Policía detuvo a 1.326 niños y adolescentes por delitos como tenencia ilegal de armas, sicariato, microtráfico, robo a personas y otros asociados al crimen organizado.
Por ello, la colombiana Olga Lucía Zuluaga, Oficial de Protección y Acción Humanitaria y Especialista de Protección de Unicef, visitó el país y mantuvo reuniones con distintas autoridades, para empezar a analizar esta problemática.
Zuluaga tiene 18 años de experiencia en el área y ha liderado el diseño e implementación de estrategias de prevención del reclutamiento, atención a niñez víctima del conflicto armado y construcción de paz.
La experta contó a PRIMICIAS la experiencia colombiana y cuáles son las recomendaciones que debería seguir el próximo gobierno.
¿Qué sucede en Colombia?
Colombia tiene un problema de conflicto armado desde hace muchos años. Pero en los últimos cinco o seis años hay un 'boom' de la violencia armada, del crimen organizado, que se cruza con esta situación en muchas zonas.
Esto hace que entender la situación no sea nada fácil. Pero, en cualquiera de sus escenarios, la población civil y los niños y las niñas siempre ha sido las principales víctimas; están en medio del fuego cruzado, por el control del territorio, las rentas ilícitas, la minería ilegal, los cultivos ilícitos.
Esto genera fenómenos asociados a las crisis humanitarias, como desplazamientos, asesinatos y masacres. Y empieza un clima de violencia que, evidentemente, afecta a la cotidianidad de los niños y niñas.
¿Qué acciones han tomado?
Nosotros desde Colombia, justamente por esa historia de afectación por violencia tan grande, hemos logrado consolidar unas respuestas institucionales, comunitarias y también de cooperación, para proteger a la sociedad civil y a los niños y las niñas.
Esa respuesta existe desde un marco legal que reconozca fundamentalmente que el reclutamiento es un delito y que es un crimen tomar niños para formar parte de organizaciones ilegales.
Los niños y niñas tienen que estar estudiando con sus familias, creciendo, recreándose y viviendo en un entorno tranquilo. Pero al ser víctimas de reclutamiento se están vulnerando todos sus derechos.
Lo primero que logramos, después de mucho trabajo con distintos actores, es decir que quien comete reclutamiento es un delincuente, para que el castigo no caiga sobre los niños y las niñas, sino que caiga sobre quién los recluta.
Además, también está tipificada la utilización, es decir, tomar niños para cometer actividades ilícitas, que pueden ir desde extorsiones, secuestros, robos y hasta asesinatos.
¿La clave está en reconocer que los niños y niñas son víctimas?
Sí, que son tomados por estos grupos, que se están aprovechando de las condiciones de vulnerabilidad, de marginalidad, de pobreza, en que viven estos niños y niñas.
Nosotros recientemente hicimos un estudio con unos niños y niñas que salieron de estas organizaciones armadas, y la mayoría nos dijo que vivía en condiciones de pobreza, de violencia intrafamiliar y violencias basadas en género.
Son niños y niñas que no tenían acceso digno y pertinente a servicios de salud, de nutrición, que no tenían espacios de participación, que vivían en entornos plagados por ilegalidad, como cultivos ilícitos y organizaciones ilegales.
La gran conclusión fue que, antes de ser víctimas de reclutamiento, esos niños y niñas ya vivían en una situación de vulneración de sus derechos.
Entonces, el reclutamiento no se da solo porque existen esos grupos armados, sino porque los niños y niñas viven en situaciones críticas y sus derechos son vulnerados.
Por ello hay que empezar a trabajar en esos factores de riesgo y que haya una respuesta institucional frente a esas vulneraciones. Para darles razones a los niños para que digan "no" y que se queden.
Entonces, se requiere también generar un entorno protector y cuidar a los niños para que no se los lleven.
Pero no todos los reclutamientos son forzosos.
La edad promedio de reclutamiento es de 14 años. En ese sentido, además de aprovecharse de las condiciones de vida, marginación y pobreza en que vienen estos niños y niñas, también se aprovechan de la etapa de desarrollo progresivo en que se encuentran.
A esa edad quieren tener reconocimiento, poder, están buscando su identidad. Y estos grupos los manipulan, los presionan y los engañan, para ofrecerles aparentemente un espacio donde son reconocidos, les dan un arma para generar miedo, para generar admiración.
Todas esas condiciones se suman y lo que concluimos es que evidentemente son víctimas, que detrás de un niño reclutado hay una organización criminal o un adulto que lo engaña, que lo presiona, que lo invita, que lo convence.
Claramente, uno a los 12 años no está en capacidad de tomar una decisión de esa categoría.
Una duda que se repite mucho en esta discusión es si esos niños, reclutados para delinquir e incluso ser sicarios, pueden ser reinsertados en la sociedad.
Esa es la gran discusión en nuestros países, por un lado, tenemos unos índices de inseguridad altos y, por otro lado, tenemos unos temas de protección humanitaria que exigen acciones de protección.
Las comunidades que están en medio del conflicto no decidieron estar ahí. Y no necesariamente es opcional tomar la decisión de irse.
Por eso los niños que cometen estas acciones muy fuertes siguen siendo víctimas. Detrás de ellos hay un adulto o una organización armada induciéndolo, engañándolo o incluso presionándolo para hacer eso.
Se puede hacer la comparación con la explotación sexual. El problema no es la niña o niño que es víctima de explotación sexual, sino quién lo utiliza para ese fin. Y aquí pasa lo mismo.
Y está demostrado que con temas de prevención y atención se resuelven el problema mucho más de fondo, que atendiendo a un niño que fue víctima de utilización por parte de una banda.
Hay que caer a las bandas con todo el peso de la ley; caso contrario, la banda está aquí feliz y sigue haciendo lo que quiere y recluta más niños.
Para hacerle frente al reclutamiento de menores, se requiere participación del Estado.
Es una tarea muy difícil y en nuestros entornos mucho más. Estos grupos llegan a las zonas más apartadas, donde hay menos presencia institucional, donde no hay una oferta estatal.
Ahí la cooperación y las organizaciones de la sociedad civil hemos hecho un trabajo permanente para ayudar a las instituciones a crear esas estrategias de protección. Y da resultado, tenemos muchos casos de éxitos de niños que regresaron o no se quisieron ir.
Pero, evidentemente, el contexto es muy complicado. Hay unas causas estructurales de la violencia y la guerra que no está en nuestras manos controlar. No podemos hacer nada frente a las balas y a las amenazas, pero sí podemos generar un escudo de protecciones para esas comunidades.
¿Qué implica ese escudo de protección?
Muchas de estas comunidades, después de tantos años de pobreza, han desarrollado unos mecanismos de autoprotección. Entonces, si hay un niño amenazado por un grupo, seguramente ese niño le dice a su papá, o a su maestro, o al líder religioso, y la comunidad activa una ruta para protegerlo y sacarlo del sector.
Encontramos un refugio para él en otra ciudad y hablamos con la institucionalidad para que lo incluya en el sistema de protección. Es un ejercicio diario, pero hemos avanzado y tenemos un programa que atiende a niños que salen de grupos armados.
Lo primero es reconocer que tenemos el problema y empezar a presionar a la institucionalidad para que responda.
¿Cuál es el camino para los niños que ya han sido reclutados y son recuperados?
Cuando salen del grupo y son rescatados, porque no hablamos de capturas, tenemos que empezar a restablecer sus derechos, es decir, todo lo que perdieron.
Buscamos a sus familias para ver quiénes son. Es posible que sean familias que no los protegen y que fueron el detonante para su vinculación, entonces allá no vuelven y quedan bajo custodia del Estado, bajo la figura del Defensor de Familia.
Los revinculamos al sistema educativo, hay atención psicosocial y hay encuentros familiares, cuando se requieren. Se evalúa los riesgos de seguridad de la familia, si podría haber persecución contra ellos.
O pueden ir a una familia sustituta que los acompañe en el proceso de reintegración. O puede ir a una institución de protección, si tienen problemas de seguridad, de consumo de sustancias psicoactivas y requieren atención especializada, o porque quedan con problemas psiquiátricos.
Cuando cumplen 18 años pasan al programa de reintegración de adultos. Ya que, tristemente, Colombia ha desarrollado una infraestructura institucional que nos permite diseñar esa ruta.
A puertas de un cambio de gobierno en Ecuador, ¿qué debería hacer el siguiente Presidente de la República frente a este problema?
Es una oportunidad para incluir en la agenda de gobierno y de discusión esta temática. Es un buen momento para planearlo y hacer llamados sobre este tema. Lo primero es reconocerlo, decir: aquí tenemos un problema y, si no intervenimos ahora, va a crecer.
Es una muy buena oportunidad para incidir en esa definición política y programática de los nuevos gobiernos. Porque seguramente tendrán que hacer cambios legislativos y normativos y eso lleva tiempo y toma muchos debates.
Entender las causas, entender las dinámicas, entender las zonas más afectadas seguramente facilitará una respuesta.
¿La visión de seguridad de aumentar armas y personal armado no alcanza para solucionar el problema?
Esa es una eterna discusión en nuestros países, sobre la seguridad. Pero es un tema de protección y prevención. Evidentemente, entendemos que hay unos desafíos de seguridad y los conflictos se enfrentan con ese enfoque.
Pero si partimos del hecho de reconocer que los niños y niñas son víctimas y que hay unas condiciones en su entorno que facilitan el reclutamiento, pues hay que aceptar que hay que intervenir en esos factores de riesgo, en esas causas de reclutamiento.
Y eso exige un esfuerzo mayor en temas de educación, de prevención, de políticas sociales, que generen cobertura, calidad y acceso a derechos y servicios.
Hay que decir a las autoridades que tener programas de desarrollo deportivo, artístico, cultural, también es prevenir el reclutamiento. Asegurar los cupos y el acceso a la educación es prevenir el reclutamiento. Generar opciones de empleo y de no marginalidad para las familias es prevenir el reclutamiento.
Porque a punta sólo de fuerza no se puede resolver. Seguramente hacemos grandes operativos, capturas, desmantelar algunas cosas, pero mientras el problema de base persista, pues hay más comunidades y niños y niñas que pueden reclutar y no se resuelve nada.
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