La Contraloría detecta más irregularidades en las compras con sobreprecios del hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil. Entre los nuevos procesados hay proveedores que vendían de todo, menos insumos médicos. Perjuicio al Estado es de casi USD 12 millones.
Mientras en las farmacias del hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, los pacientes clamaban por fármacos como paracetamol para el dolor muscular, los directivos repartían contratos públicos con sobreprecio y a proveedores sin experiencia en el sector médico.
Este es el caso de Judith Andrade Ochoa y Raúl Peña Triviño, quienes recibieron prisión preventiva en el proceso de delincuencia organizada, por las compras irregulares en este hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Guayaquil.
Tanto Andrade como Peña firmaron convenios de pago por más de USD 1,9 millones solo en 2018, según consta en el portal de Transparencia del hospital.
Pero Andrade ni Peña tienen experiencia en la venta de insumos médicos. Al contrario, la primera proveedora consta en el Servicio de Rentas Internas (SRI) como gestora de eventos y exposiciones comerciales. Tiene dos establecimientos en su nombre y ninguno es referente a la venta de fármacos.
Mientras que Peña Triviño está dedicado desde 2011 al alquiler de maquinaria y operaciones de ingeniería civil.
La vinculación de estos dos proveedores en la investigación de la Fiscalía surge luego del análisis de un informe de la Controlaría General del Estado. En el reporte aprobado en 2019 se examinan procesos contractuales hechos entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018.
Además de los dos proveedores, hay un tercero llamado Juan José Pera Gagliardo, también con prisión preventiva.
"Codiciado botín"
El hospital Teodoro Maldonado Carbo se levanta al sur de Guayaquil. Es el segundo hospital de especialidades más grande del Seguro Social: con casi 400 camas y un presupuesto que supera los UDS 160 millones al año (ver cuadro).
De allí que las mafias se han enquistado en esta casa de salud: directivos complotados con personal de diferentes áreas, para articular una red de corrupción en todos los niveles, según la Fiscalía.
Delincuencia organizada: 17 acusados
En total, en el proceso por delincuencia organizada en el IESS constan, según la Fiscalía, 17 nombres. Los más conocidos son el exdirector del hospital Luis Jairala Zunino y el exjefe de compras públicas de la entidad Jorge Henriques.
Alertas de Contraloría
Los nombres de Ochoa y Peña constan en el informe de Contraloría N°0231-2019, en el que se indica que los proveedores no cumplían con los parámetros para el concurso público.
"Se permitió que los proveedores presenten su oferta sin exigir que demuestren el origen lícito de los medicamentos. Tampoco se exigió que los vendedores cumplan con los requisitos establecidos para participar en procesos de contratación", señala el informe de Contraloría.
Algunos de estos requisitos son "formación profesional, experiencia y actividad económica relacionada a medicinas y protección de salud".
Pese a ello, se les adjudicaron contratos millonarios, y cuyo perjuicio económico al Estado supera los USD 11,9 millones, puesto que los medicamentos fueron vendidos con sobreprecio.
Este perjuicio ya fue alertado por la Contraloría el año pasado y no fue hasta julio de 2020 que la Fiscalía inició una investigación. Tras revisar la información, el fiscal Nelson Macías amplió el proceso y vinculó no solo a funcionarios del IESS, sino también a los proveedores.
¿Cuáles fueron las irregularidades?
Según explica el presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) en Guayaquil, Ricardo Ramírez, las estrategias que utilizaban los vinculados en el caso de delincuencia organizada del IESS no son nuevas.
La propia CNA advirtió sobre estas prácticas en 2019 ante el entonces presidente del consejo directivo del Seguro Social, Paúl Granda. "Las declaratorias de emergencia han servido de pretexto para contratar de forma irregular", indica Ramírez.
Por otra parte, según Contraloría, las principales irregularidades detectadas en los contratos son:
- Emisión de una declaratoria de emergencia, para justificar esta falta de fármacos en el hospital.
- En los contratos irregulares del Teodoro Maldonado no consta la aprobación del Consejo Directivo del IESS como máxima autoridad.
- Los fármacos comprados no fueron utilizados en el tiempo previsto de la emergencia, es decir, dos meses.
- No se encontraron estudios de mercado para probar que los proveedores adjudicados presentaron la mejor oferta.
- Se contrató con proveedores intermediarios que guardaban relación entre ellos.
El hospital, eje de otras investigaciones
El hospital Teodoro Maldonado Carbo es la segunda casa de especialidades médicas del IESS.
Entre 2016 a 2019, años de los que hay información pública en el portal web del IESS, se suscribieron contratos por USD 188,7 millones. Todos los convenios fueron para la compra de fármacos.
Hasta el momento, la Fiscalía avanza en la diligencia por este nuevo caso de corrupción en el hospital Teodoro Maldonado Carbo.
Esta casa de salud es el eje de otras indagaciones por delitos de asociación ilícita y peculado en compras durante la emergencia sanitaria.
Otra curiosidad es que los nombres vinculados en este último escándalo del IESS también mantienen relación con los hermanos Bucaram Pulley y Daniel Salcedo.
Henriques, por ejemplo, fue asambleísta alterno de Gabriela Pazmiño en 2010, esposa de Dalo Bucaram. Mientras que Jairala recibía a Salcedo en su oficina del hospital y celebraban cumpleaños juntos.
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