Las transitorias de los cambios al Código de la Democracia que la Asamblea aprobará incluyen una serie de plazos. En tres años, el CNE debe tener listo un nuevo sistema de interconexión de datos para el control del financiamiento de las organizaciones políticas.
La Asamblea terminará este 22 de enero de 2019 el trámite de las reformas al Código de la Democracia, con el allanamiento o ratificación a las objeciones del Ejecutivo.
Con esto, las reglas electorales entrarán en vigencia antes de febrero, y estarán vigentes para las elecciones presidenciales de 2021.
La reforma electoral, sin embargo, incluye una serie de transitorias que establecen plazos para el Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas van desde la implementación de un sistema interconectado de datos hasta la creación de una unidad antilavado.
El nuevo Sistema de Interconexión de Datos debe integrar los datos del CNE, la Superintendencia de Bancos e instituciones del Ejecutivo. El objetivo es que las organizaciones políticas registren mensualmente los ingresos y aportes. La idea es que esté listo para ser aplicado en las elecciones seccionales de 2023.
Las instituciones tienen tres meses, es decir, hasta abril de 2020, para generar el sistema. En un año y medio desde la aprobación de la reforma electoral, el CNE deberá presentar ante la Asamblea un plan operativo en el que especifique los recursos económicos y de talento humano para su ejecución.
La Asamblea, sin embargo, no tiene control sobre los recursos públicos, y el dinero en el CNE es limitado. Para este año, el organismo sufrió un fuerte recorte presupuestario.
¿Otro sistema en el CNE?
El nuevo Sistema de Interconexión de Datos se sumará a los actuales y problemáticos sistemas que el CNE posee.
El organismo electoral busca que los ya existentes también estén interconectados y usen la misma tecnología, como respuesta a los cuestionamientos que la Contraloría ha hecho al sistema de escrutinios y al de revisión de firmas.
Según la presidenta del CNE, Diana Atamaint, necesitan al menos USD 6 millones para la “reingeniería” de cuatro sistemas informáticos: el de escrutinio, el de verificación de firmas, el registro electoral y el sistema de afiliaciones, más el nuevo de control del financiamiento de la política.
Los problemas se dan a pesar de que en el anterior período del CNE, con Juan Pablo Pozo a la cabeza, esa institución obtuvo una certificación ISO electoral. La Organización de Estados Americanos (OEA) avaló la calificación.
Para esto, según anunció el CNE, fueron auditados el registro electoral, el registro de organizaciones políticas y candidatos, los procesos de logística electoral, escrutinio y declaración de resultados, entre otros.
La certificación, sin embargo, no evitó las críticas de Contraloría. En al menos dos informes detalla las irregularidades y problemas detectados.
Y ahora el CNE se apresta a hacer modificaciones que permitan fortalecer los sistemas de cara a las elecciones presidenciales de 2021. Para esto es necesaria una “reingeniería absoluta y total del sistema informático“, que según Atamaint es una recomendación también de organismos internacionales.
El CNE trabaja con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/Capel) para tener asesoría internacional en este proceso.
Otros plazos para el CNE
La reforma electoral también establece el plazo de cinco meses para que el organismo realice una auditoría a su sistema informático de conteo de votos y transmisión de resultados.
Esta auditoría debe ser “avalada por un organismo internacional reconocido”, y sus resultados deben ser públicos a través de la web del CNE.
En 120 días, la institución también debe realizar una auditoría independiente a su sistema de validación de firmas para la legalización de las organizaciones políticas.
El mismo plazo tiene el CNE para implementar una auditoría y actualización del registro o padrón electoral. En ese mismo plazo, también debe crear una “unidad especializada en el control del financiamiento y gasto electoral”.
Finalmente, en un plazo de 180 días, una unidad complementaria antilavado comenzará a trabajar en el CNE, en la prevención del lavado de activos.
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