Reformas legales buscan tapar el 'agujero negro' de las compras públicas

Las denuncias de corrupción durante la emergencia sanitaria han llegado a altas autoridades del Ejecutivo, pero el discurso de lucha contra la corrupción se mantiene.

La respuesta a las críticas al Gobierno por los sobreprecios en insumos médicos fue el envío de una reforma a la Ley del Sistema de Contratación Pública, que se enfoque en las adquisiciones por emergencia. El proyecto se difundió entre los legisladores la noche del 26 de mayo de 2020.

En la Asamblea, están pendientes reformas a la Ley de Contratación Pública desde 2017. Los últimos cambios a esa normativa se publicaron en marzo de ese año, aún durante el Gobierno de Rafael Correa; en esos cambios no se topó el tema de emergencias.

En estos 7o días de emergencia por el coronavirus, el Servicio de Contratación Pública (Sercop) reporta 4.296 contrataciones por emergencia, que suman USD 128 millones. En ese dinero hay pagos con sobreprecios, lo que ha tornado urgente la reforma del marco legal para estas compras.

Ahora, con esta iniciativa legal, el presidente Lenín Moreno espera enfrentar los "vergonzosos y reprochables actos de corrupción" detectados durante la emergencia sanitaria.

Emergencias, la opción más fácil para sobreprecios

La Ley del Sistema de Contratación Pública contempla la posibilidad de que las instituciones puedan contratar compras por emergencia. La idea es que, bajo esta modalidad, se adquieran los bienes o servicios urgentes para superar justamente esa emergencia.

Por esta razón, este tipo de contrataciones es más ágil, y no contempla los mismos requisitos que un proceso normal. Por ejemplo, no es necesario recibir varias ofertas y evaluarlas, sino que los contratos se pueden adjudicar "a dedo" en aras de la rapidez que demanda el caso.

El problema es que las facilidades que contempla la contratación por emergencia se han convertido en la manera más fácil de firmar contratos con sobreprecio.

El ejemplo más claro de esto son los tres casos más sonados durante la actual emergencia sanitaria: la compra de kits alimenticios, la adquisición de mascarillas N95 y la compra de fundas para cadáveres en el hospital de El Guasmo.

En esos tres casos, las autoridades firmaron contratos por precios muy superiores a los de mercado. La Contraloría investiga a los procesos de adjudicación.

Esta modalidad de contratación es tan abierta que establece que, una vez superada la situación de emergencia, la máxima autoridad deberá publicar un informe que detalle las contrataciones y el presupuesto empleado. Pero esto no se cumple, pues no hay plazos para hacerlo.

Pero, por ejemplo, en el Portal de Compras Públicas se puede ver que hay instituciones que aún no concluyen la emergencia por el paro nacional de octubre de 2019. Entre estas está justamente la Asamblea Nacional.

La propuesta de Moreno

El proyecto de ley que impulsa Moreno plantea incluir dos nuevos artículos en la Ley del Servicio de Contratación Pública, en lo referente a las compras por emergencia. La idea es "fortalecer" el control de este tipo de procesos, según la exposición de motivos del texto.

Uno de los principales cambios propuestos es que el plazo de duración de toda declaratoria de emergencia no podrá ser mayor a 60 días. Solo en casos excepcionales, las instituciones podrán ampliar ese tiempo "bajo las circunstancias que determine el Sercop".

El proyecto también puntualiza que las contrataciones bajo esta modalidad deberán estar directamente relacionadas con la emergencia. "No se podrá utilizar la emergencia para realizar contrataciones que se encontraban planificadas en la entidad".

Tampoco se podrá realizar contrataciones con un plazo de ejecución mayor al de la emergencia (de máximo 60 días).

La iniciativa de Moreno también plantea que, cuando las instituciones no cumplan con el informe final de la emergencia, el Sercop envíe el proceso a la Contraloría.

Las propuestas de la Asamblea

La Asamblea está adelantada en el trabajo. En el Legislativo hay 16 proyectos, de los cuales ocho fueron unificados en una propuesta que ya pasó el primer debate. Los principales planteamientos de las reformas a la contratación por emergencia son:

• El informe que pasó el primer debate busca que este tipo de adquisiciones no se pueda usar "para solventar necesidades institucionales". Además establece que la emergencia pueda durar máximo seis meses, prorrogables por una sola vez.
• La propuesta de la exlegisladora Marisol Peñafiel (AP), entregada en 2015, sugiere que estas contrataciones solo se puedan hacer cuando hay una "necesidad inaplazable".
• Mientras que la propuesta del asambleísta Luis Pachala (Creo) es que en las compras por emergencia a empresas internacionales sí se requiera la garantía del buen uso del anticipo. La actual normativa no establece este requisito.

La mayor parte de las iniciativas está asignada a la Comisión de Régimen Económico, presidida actualmente por Daniel Mendoza (AP-aliados). Esa mesa trabaja en el informe para segundo debate de las propuestas.

Una vez que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) califique el proyecto de Moreno, este podrá ser enviado a esta comisión para su trámite.