Aferrarse al cargo, la ruta habitual de las autoridades cuando son investigadas

El 14 de abril de 2021, un día después de que el contralor Pablo Celi fuera detenido, dos de sus familiares y una persona más acudieron a un departamento en el norte de Quito que era vigilado por las autoridades.

Según la Fiscalía, tanto Pablo Celi, como su hermano Esteban, frecuentaban constantemente ese lugar antes de ser procesados por delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres.

Lo cierto es que esos tres visitantes se llevaron del sitio una maleta y un portafolio.

Según la Fiscalía, lo hicieron a fin de "eliminar evidencia comprometedora para el caso", por eso cuando los investigadores allanaron el lugar, no encontraron nada.

Ese es uno de los argumentos de la Fiscalía para oponerse a la liberación de Celi, pues al tratarse de una autoridad en funciones, podría interferir en la investigación dado su poder y contactos.

"Mientras los procesados sigan en el poder será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia", escribió la fiscal Diana Salazar en las redes sociales.

El mensaje lo envió el 14 de junio de 2021, día para el que estaba a citada la audiencia para revisar la prisión preventiva en contra de Celi, pero la diligencia se pospuso una semana.

La misma Salazar solicitó el cambio por un problema de salud.

El mensaje provocó una reacción del presidente Guillermo Lasso, quien pidió públicamente a Salazar que le indique si algún funcionario de su Gobierno ha ejercido alguna presión en un caso judicial.

Salazar de inmediato: que no se refería a funcionarios del actual Ejecutivo, sino a "exautoridades, personal de otras funciones y 'ciudadanos ilustres', que han querido incidir a favor de medidas dispuestas al procesado Pablo C.", dijo la fiscal, en clara alusión al Contralor.

Celi quiere volver a la Contraloría

La audiencia pendiente es el segundo intento de Celi para salir de la cárcel. El 13 de mayo, en una primera apelación, el juez Felipe Córdova negó el pedido y ratificó la prisión preventiva.

Según Marcelo Ron, abogado de Celi, detrás de esos pedidos "no hay un interés de aferrarse al cargo". La idea de Celi es "defenderse en libertad para volver a la Contraloría, limpiar su nombre y luego renunciar".

La vía judicial, no es la única vía que Celi ha utilizado para mantener su puesto.

Según la Ley de Servicio Público (Losep), Celi debería perder su cargo el 16 de junio de 2021. Ese día se cumplirán 72 horas desde que concluyó la licencia sin sueldo que solicitó cuando fue detenido.

Pero esa norma no se ejecutará en el caso de Celi, quien desde el 10 de junio de 2021, goza una licencia médica luego de haber dado positivo para Covid-19. Ese permiso no tiene un plazo establecido, sino que depende de la evolución de la enfermedad.

Además, cuando concluyan esas dos licencias, Celi tiene 58 días acumulados de vacaciones. Es decir, el Contralor ha logrado asegurar al menos tres meses más de permanencia en el cargo, aunque esté preso.

Más casos

Este no es el único caso en el que la Fiscalía ha debido lidiar con autoridades en funciones que, además, son objeto de investigaciones penales.

PRIMICIAS le recuerda los cinco casos más sonados de los últimos años:

Jorge Yunda

Caso Pruebas PCR

• El alcalde de Quito, Jorge Yunda, encabeza la lista. Varios concejales han insistido en pedirle la renuncia por los casos de supuesta corrupción que agobian a su administración. Pero, Yunda se ha negado rotundamente. La posibilidad de que deje el cargo es más cercana por otras vías. En el ámbito del control social, un colectivo impulso un proceso de remoción que fue aprobado por el Concejo Metropolitano. El caso está en revisión del Tribunal Contencioso Electoral. Además, en el plano penal, Yunda tiene un llamado a juicio por supuesto peculado en el caso Pruebas PCR. Si se concreta una sentencia en su contra también perdería el cargo.

Carlos Luis Morales

Casos Covid-19

• En junio de 2020, en medio de las investigaciones por la corrupción durante la pandemia, Carlos Luis Morales, entonces prefecto del Guayas, fue vinculado a un caso por tráfico de influencias. La justicia no dio paso a la orden de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y dispuso la utilización de un grillete electrónico. Morales siguió ejerciendo el cargo -en medio del proceso judicial- hasta el 22 de junio de 2021, cuando falleció a causa de un cuadro de Covid-19 agravado por preexistencias.

Delfin Quishpe

Casos Covid-19

• También durante la pandemia, Delfin Quishpe, alcalde de Guamote, fue procesado por tráfico de influencias. La justicia le prohibió la salida del país y el 31 de mayo de 2021, lo llamó a juicio. Sin embargo, durante todo el tiempo de la investigación, Quishpe ha seguido en el cargo y ha ignorado los pedidos de renuncia de quienes se oponen a su gestión.

Alexandra Ocles

Caso Kits Alimenticios

• En mayo de 2020, una investigación de PRIMICIAS reveló que el Servicio de Gestión de Riesgos compró kits alimenticios para atender a familias pobres durante la pandemia, con sobreprecio. Alexandra Ocles, titular de esa entidad, fue procesada por tráfico de influencias. Pero ella eligió dar un paso al costado para que avancen las investigaciones. Renunció y su dimisión fue aceptada por el entonces presidente Lenín Moreno.

Paola Pabón

Caso Rebelión

• Aunque no es un proceso por corrupción, el caso de Paola Pabón, prefecta de Pichincha, es parecido al de Pablo Celi. En octubre de 2019, luego de las violentas protestas en contra del anterior Gobierno, Pabón y otros dirigentes correístas fueron acusados de rebelión. Pabón estuvo detenida 70 días. En ese tiempo la funcionaria agotó su licencia sin sueldo y sus vacaciones, para evitar la destitución. El Concejo Provincial otorgó una licencia indefinida a Pabón, hasta que el caso se resuelva. Sin embargo, la prisión preventiva fue revocada. Actualmente, Pabón está llamada a juicio y porta un grillete electrónico.