El 30 de abril de 2021, el alcalde Jorge Yunda fue llamado a juicio por peculado. Todavía no hay Tribunal ni fecha para el juzgamiento.
Debería ser un trámite de rutina. Tras una audiencia preparatoria, cuando la justicia llama juicio a los involucrados en un caso penal, la Corte que sustancia el caso debe sortear a los tres jueces que integrarán el tribunal de juzgamiento.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) no establece un plazo máximo para ese sorteo.
Pero, por ejemplo, en el caso Sobornos 2012-2016, en el que se juzgó a Rafael Correa y 21 personas más por cohecho ese trámite tomó cinco días. El 3 de enero de 2020 concluyó la audiencia preparatoria y el 8 de enero se conformó el Tribunal.
En el denominado caso ‘Pruebas PCR del Municipio de Quito’, en cambio, el sorteo se ha hecho esperar más de un mes.
Hoy, 10 de junio de 2021, se cumplen 41 días desde que Vladimir Jhayya, presidente de la Corte Provincia de Pichincha, llamó a juicio al alcalde Jorge Yunda y a 13 personas más por el presunto delito de peculado.
Solo cuando se realice el sorteo, los jueces designados para tramitar la causa podrán definir fecha para el juicio. Mientras tanto el proceso está parado.
Aunque, las diligencias no se han detenido. Por ejemplo, el 28 de mayo de 2021, la Fiscalía fue autorizada para acceder a los dispositivos tecnológicos que se encuentran en cadenas de custodia.
PRIMICIAS conversó con tres de los procesados en el caso. Ellos prefieren que sus declaraciones no se asocien a sus nombres, para no interferir con lo que ocurra en el juicio.
Los tres -exfuncionarios de la Secretaría de Salud- ven con preocupación la demora en el sorteo. Esperan que esto no responda a un cálculo político mientras el proceso de remoción en contra Yunda en la Alcaldía de Quito termina.
La remoción no influye
Además del caso por peculado que ya tiene llamamiento a juicio, Yunda es parte de una investigación previa por el presunto de delito de delincuencia organizada.
Ese caso se relaciona con la empresa Geinco y las obras de repavimentación en la capital. También son indagados varios exgerentes de la administración de Yunda y empresarios privados.
Y, adicionalmente, la Fiscalía abrió otra investigación por delincuencia organizada el 1 de abril de 2021. En ese caso el investigado es Sebastián Yunda, hijo del Alcalde de Quito. Él está involucrado en supuestos actos de corrupción luego de la revelación de chats con funcionarios del Municipio y empresarios.
En el plano político, en cambio, sobre Yunda pesa una orden de remoción del cargo de Alcalde de Quito. Esa decisión fue tomada por la mayoría calificada del Concejo Metropolitano.
Yunda sometió esa resolución a consulta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Esa entidad tiene 10 días, desde que admita a trámite el caso, para ratificar o anular la remoción. Mientras tanto Yunda seguirá en el cargo.
Independientemente de lo que ocurra en el proceso de remoción, los casos penales seguirán su curso normal.
Incluso, aunque Yunda pierda la condición de Alcalde, los procesos se seguirán tramitando ante la Corte Provincial porque los delitos fueron supuestamente cometidos durante el ejercicio de las funciones. Es decir, para los casos penales mantendrá el fuero provincial.
Yunda alega cuatro irregularidades
El Concejo Metropolitano decidió la remoción de Yunda por incumplimiento de resoluciones y por coartar el derecho a la participación ciudadana.
Ahora, el TCE -según el Código de Organización Territorial (Cootad)- no debe analizar las pruebas o las razones de esa remoción. Sino, debe certificar que el proceso se llevó de manera legal.
Jorge Acosta, abogado de Yunda en el caso ante el organismo electoral, explicó que observan el proceso por cuatro temas puntuales.
Por ejemplo, para tumbar el argumento de la falta de participación ciudadana, Yunda recuerda que se realizó la llamada Asamblea de Quito para tratar la ejecución presupuestaria del Municipio.
Jéssica Jaramillo, una de las proponentes de la remoción, dijo que si bien es cierto que se reunió la Asamblea de Quito, no constó en su orden del día el tema de la ejecución presupuestaria. Además, recordó que al TCE no le corresponde analizar el fondo de la decisión de remoción.
Otra de las observaciones de Yunda y su defensa es la votación en el Concejo. Según el Cootad se requerían los votos positivos de las dos terceras partes del Concejo para la remoción. En la sesión hubo 14 votos de los 21 concejales.
Sin embargo, en su pedido al TCE, Acosta explica que el Alcalde también forma parte del Concejo. Es decir, se necesitaban 15 votos para cumplir con las dos terceras partes.
Los otros dos argumentos se refieren a la titularización de una concejala alterna y la actuación de una Secretaria del Concejo encargada.
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