Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá se comprometieron a extender la protección de sus reservas marinas, pero solo Panamá lo tiene legalmente establecido.
El 8 de junio de 2021, el presidente panameño Laurentino Cortizo firmó el decreto ejecutivo que amplió la reserva marina de la cordillera de Coiba. Con ese documento, el Estado se comprometió legalmente a:
- Crear y delimitar la nueva área protegida.
- Establecer los objetivos de su creación (conservación, conectividad biológica, promoción de investigaciones, zonificación, sostenibilidad de recursos, uso exclusivo de artes de pesca sostenible, reducción de pesca incidental, monitoreo, control y vigilancia).
- Definir las actividades prohibidas dentro de la zona (pesca industrial, contaminación, extracción, captura de especies, investigación no autorizada, introducción de agentes o especies).
Un camino similar deberán seguir sus homólogos de Ecuador, Colombia y Costa Rica, que firmaron la ‘Declaración para la conservación y manejo de los ecosistemas comprendidos en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical’, a fin de “lograr el área protegida más grande del hemisferio occidental”, en la COP26.
Aunque Panamá se adelantó a esta iniciativa conjunta, es necesario que los otros países firmantes tomen las medidas nacionales necesarias para que la declaración tenga sustento legal y pueda ser llevada a la práctica.
El caso de Ecuador y las Galápagos
El personal del Parque Nacional Galápagos (PNG) muestra el monitoreo y vigilancia de la Reserva Marina, el 18 de noviembre de 2020. PRIMICIAS
Hasta finales del año anterior, la industria pesquera nacional se oponía a la duplicación de la reserva marina, que exigían la mayoría de pescadores artesanales del Archipiélago y los ambientalistas y conservacionistas.
Por lo mismo, el colectivo Más Galápagos saludó el trabajo gubernamental, en especial del ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, que logró acuerdos mínimos en las negociaciones que permitieron que el anuncio del presidente Guillermo Lasso sea posible.
Aunque no hay fecha para que el Mandatario firme el nuevo decreto ejecutivo, el anuncio oficial fue hecho en la COP26 y el compromiso inicial fue firmado con sus pares de los otros tres países involucrados en el mega proyecto.
Según el mismo presidente Lasso el compromiso ecuatoriano es incrementar una superficie de 60.000 kilómetros cuadrados a la reserva ya existente del Archipiélago, para pasar de 133.000 km2 a un total 193.000 km2, bajo la condición de un canje de deuda por la conservación.
La mitad de la nueva reserva sería zona libre de pesca y los siguientes 30.000 km2 serían declarados zona de no palangre, es decir no permitiría el uso de ese arte de pesca que implica largas líneas de anzuelo arrojadas al mar, a la espera de que se llenen de atunes, principalmente, pero que terminan teniendo pesca incidental de otras especies protegidas.
Esta sería la segunda ocasión en que Ecuador toma una decisión así. La primera creó la reserva marina existente en Galápagos en 1986, durante el gobierno de León Febres Cordero. Y que no ha sido modificada precisamente por la negativa del sector pesquero industrial.
Sin embargo, no bastó solo con ese decreto ejecutivo firmado por Febres Cordero. También fueron necesarias varias reformas legales para convertir a la zona en una reserva biológica, con un plan de manejo y de áreas y especies protegidas.
No fue sino hasta 1996 que hubo el sustento legal de protección al incorporar al área marina de Galápagos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y apenas en 1998 se creó la Reserva Marina de Galápagos (RMG) con una extensión de 40 mn y con un área de protección mínima de 60 mn a partir de la línea base, a través de la Ley de Régimen Especial de Galápagos.
Ahora la historia vuelve a repetirse, es necesario que el Ejecutivo abra el camino legal para declarar la zona de la anunciada reserva marina como área protegida y establecer sus límites, así como las actividades permitidas y prohibidas dentro de la misma, que deberán ser regularizadas con reformas legales en la Asamblea Nacional.
El caso de Colombia y Costa Rica
El presidente colombiano, Iván Duque, se comprometió a alcanzar la meta 30×30 antes de finalizar 2022, aunque su mandato termina en agosto del próximo año. Es decir, planea proteger el 30 % de sus áreas marinas y terrestres ocho años antes del plazo, definido para la iniciativa (2030).
Si Colombia amplía su reserva marina en los 16 millones de hectáreas ofrecidos, sería el tercer país de la región en lograr la meta de proteger el 30% de su superficie marítima. El primero fue Chile (que tiene ya el 43% de su zona económica exclusiva protegida) y el segundo, Panamá.
Costa Rica, por su parte, inició el camino para la ampliación de su reserva marina en 2017, ya que su área protegida solo alcanza el 2,7% de su territorio marítimo. Esto pese a que apenas el 8% de la extensión del país es continental, el 92% es marítima.
Es por eso que a inicios de 2021 el gobierno puso en marcha el primer fondo en Latinoamérica destinado a financiar la conservación a largo plazo de las metas 30×30, el Fondo Azul por Siempre.
Los compromisos firmados en la COP26
El documento de la ‘Declaración para la conservación y manejo de los ecosistemas comprendidos en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical’ tiene siete puntos:
- Impulsar la definición de un modelo de protección y manejo de las islas Coco, Galápagos, Malpelo y Coiba y de las migra-vías que conforman el corredor marino. Con el objetivo de crear una reserva conjunta entre los cuatro países.
- Fomentar el uso sostenible de recursos marinos.
- Apoyar la iniciativa para la creación de un corredor biológico marino como un aporte fundamental de los Estados firmantes a los objetivos de desarrollo sostenible.
- Instaurar un proceso de diálogo entre los Estados signatarios para conseguir los gines y salvaguardar el patrimonio oceánico.
- Instar a la comunidad internacional para que asuman un compromiso equitativo y proporcional para asegurar un esfuerzo común, sostenido y sustentable que permita el cumplimiento de las metas 30×30.
- Ser parte activa del cambio requerido para lograr los objetivos planteados en la declaración.
- Ninguno de los compromisos adquiridos limitará o afectará la soberanía o jurisdicción de los países firmantes.
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