Desde el 14 de mayo de 2017, los legisladores han aprobado 266 resoluciones de todos los tipos. Pocas de todas esas intenciones llegan a buen puerto.
Las pocas veces que la Asamblea -o la mayoría simple de sus miembros- se pone de acuerdo, el pleno emite resoluciones que pueden ir desde declarar lo obvio, como que el Chimborazo es la montaña más alta del país, hasta exigir actuaciones de otras autoridades del Estado.
La última resolución del pleno de la Asamblea Nacional, del 27 de agosto de 2020, fue aprobada por 123 de los 137 legisladores y exigía cuatro puntos importantes, más allá de la censura de su excompañero Daniel Mendoza:
- Que el presidente Lenín Moreno remueva del cargo a la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
- Que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, en el plazo de 48 horas convoque al Consejo de Administración Legislativa (CAL) y dé trámite a las solicitudes de juicio político pendientes de calificación.
- Que la Fiscalía General investigue y procese a todos los involucrados del Gobierno Nacional, la Asamblea, demás instituciones públicas y sector privado en los escándalos de corrupción en la salud pública.
- Y que en la próxima sesión del pleno, Litardo incluya como segundo punto del orden del día, el cambio de los integrantes de la Comisión de Fiscalización.
Nada de eso ha sucedido. Incluso las peticiones que tienen que ver directamente con el propio titular de la Asamblea Nacional fueron ignoradas.
Lo que Litardo hizo fue convocar al CAL para sesionar el martes 1 de septiembre de 2020 a las 18:00, pero con un orden del día de 19 puntos, en el cual los juicios políticos eran los últimos seis.
La sesión inició con más de dos horas de retraso y el titular del Legislativo la suspendió cuando debían pasar al punto 14, donde iniciaba lo exigido por el pleno: la calificación de los juicios políticos contra la ministra de Gobierno y el ministro de Finanzas, Richard Martínez.
Nada que sorprenda
Este periodo legislativo se ha caracterizado por emitir muchas más resoluciones que los dos anteriores. Y estas cubren todas las temáticas posibles: celebraciones, indignaciones, respaldos, lamentos, solidaridad, condecoraciones.
Uno de los tipos de resolución política más usada es el exhorto. El Poder Legislativo pide así a otras autoridades realizar determinada actividad. Lo que generalmente sucede cuando hay casos polémicos o cuando las autoridades desatienden los pedidos previos del Parlamento.
Sin embargo, estas resoluciones no son legalmente vinculantes. Es decir, no hay repercusiones para quien las incumple, a menos que el pleno exija algo que esté definido en la ley.
Por ejemplo, la exigencia de que el Presidente destituya a Romo solo consiguió que Moreno lance un tuit desde su cuenta personal, diciendo que la funcionaria cuenta con todo su apoyo y confianza.
Al presidente Moreno le han dedicado 28 resoluciones, entre respaldos y exigencias. En abril le exigieron que traiga a todos los ecuatorianos varados en el extranjero por la pandemia de Covid-19, no sucedió porque el Comité de Operaciones de Emergencia tenía una planificación.
También le exigieron que desclasifique la información sobre el secuestro del equipo periodístico de El Comercio, en la frontera norte. Pero el Gobierno tampoco ha cumplido este ofrecimiento presidencial.
También han pedido 18 veces la comparecencia de autoridades, sea al pleno o a las distintas comisiones, puesto a que las citaciones normales a veces no surten efecto.
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