Roldán: Quienes van a manifestarse son el MPD, indígenas radicales y el correísmo

Política

Autor:

Ivonne Gaibor

Actualizada:

25 May 2020 - 0:05

Juan Sebastián Roldán, secretario del Gabinete, en la Asamblea Nacional, 24 de mayo de 2020. - Foto: Asamblea

Roldán: Quienes van a manifestarse son el MPD, indígenas radicales y el correísmo

Autor:

Ivonne Gaibor

Actualizada:

25 May 2020 - 9:22

Juan Sebastián Roldán, secretario del Gabinete, anuncia que esta semana se enviará a la Asamblea el proyecto de reforma a Ley de Contratación Pública y al Código Penal sobre las contrataciones en régimen de emergencia.

El Secretario General de Gabinete de la Presidencia conversó con PRIMICIAS la víspera del informe a la Nación del presidente Lenín Moreno. Juan Sebastián Roldán habla sobre las anunciadas manifestaciones convocadas por organizaciones sociales, que empiezan hoy, y la liquidación de las empresas públicas.

De cara al último año de Gobierno, que deberá concluir el 24 de mayo de 2021, destaca los esfuerzos que, asegura se han hecho desde el Ejecutivo en la lucha contra la corrupción y para ordenar la economía tras diez años de gobierno correísta. El funcionario define la situación económica en una frase: “No tenemos reservas, nos dejaron secos”.

Por eso, defiende los ahorros que el Gobierno está intentando hacer, sobre todo, en gasto corriente para atener los cuatro ejes prioritarios que se han definido para este 2020: alimentación, salud, reactivación productiva y fortalecimiento de la dolarización.

Además, Roldán asegura que, por el momento, el oficialismo no está haciendo cálculos políticos ni pensando en definir un posible candidato para la presidencia de la República.

Manifestaciones y cierre de empresas públicas

 

El Gobierno empieza su último año con protestas en las calles ¿les preocupa brotes de violencia como en octubre de 2019?

Las protestas y el desacuerdo, si están enmarcados en la norma y la Constitución, son legales, mientras no vulneren los derechos de las personas. Pero ahora, además, mientras no pongan en riesgo el estado sanitario de Ecuador y de la ciudadanía.

La Corte Constitucional pidió al Gobierno respetar el derecho e incluso promover medidas de bioseguridad ¿están en capacidad de hacerlo?

El Gobierno no tiene que promover las medidas de bioseguridad entre los manifestantes. Quienes convocan esa movilización son los que tienen que encargarse de eso. El Gobierno hoy tiene que velar por la salud de los ecuatorianos porque estamos pasando por una situación muy delicada y, sobre todo, cuando quienes van a manifestarse son el MPD, ciertos grupos indígenas radicales y el correísmo que, hoy, tienen un gran parecido entre sí.

¿Es una convocatoria político-partidista entonces?

Hay una posición política de los grupos de siempre. El MPD siempre ha articulado su posición política en la lucha combativa. Nosotros creemos que es momento de la paz, de la mesura, de sacar al país adelante, trabajando; ellos creen que hay que quebrar empresas y no les importa los empleos. Nosotros creemos que es momento de cuidar y atesorar los empleos y cuidar las micro, pequeñas y grandes empresas porque esas son las que dan trabajo, siempre pensando en el empleado, en el trabajador como el elemento fundamental del sistema.

Entre los manifestantes, sin embargo, también estarán los trabajadores de las empresas públicas e instituciones que se liquidarán.

Sí. Y esas personas tienen derecho a manifestarse como lo han hecho en los últimos días, siempre que esa manifestación sea en el marco de la ley y la Constitución.

¿Le faltó al Gobierno diálogo con los afectados por la reforma laboral y el cierre de las empresas? ¿Fracasaron en la búsqueda de acuerdos?

Hemos discutido durante tres años qué hacer con las empresas públicas y, lamentablemente, las empresas públicas que pierden dinero le quitan dinero a la inversión que necesitamos hacer con urgencia en salud y producción. Hoy, por ejemplo, empezamos con el crédito Reactívate Ecuador, a través del Banco del Pacífico, y el dinero que destinamos a eso viene del ahorro que estamos haciendo.

Es una posición conceptual del Gobierno: generar un ahorro en el gasto público para hacer inversión en salud y productividad en un país que, hoy día, lo necesita con urgencia.

Trabajadores Tame y Ferrocarriles del Ecuador aseguran que los negocios son rentables, aunque las empresas no lo sean ¿hay posibilidad de revertir la liquidación?

Llevamos tres años buscando inversión para esas dos empresas públicas. TAME tiene deudas por casi USD 400 millones y Ferrocarriles -en el modelo de negocio que se planteó, aunque llevase todos los puestos llenos- no deja de perder entre y USD 7 y USD 8 millones al año. Hay interés en las empresas y lo que haremos, cuando se exprese ese interés, es discutir la delegación de la administración porque la privatización está prohibida en Ecuador.

Por lo pronto, no podemos perder cómo se prevé para este año USD 100 millones en TAME y 10 millones en Ferrocarriles. Ese lujo no se puede dar Ecuador.

Con la reducción del presupuesto a las universidades, la pérdida de miles de empleos ¿era un buen momento para tomar estas decisiones?

El Gobierno tiene que valorar la política, pero tiene que ver la realidad. Y la realidad es que se rompieron tres oleoductos, el petróleo fue a cero, cayeron en 40% los tributos y, por tal razón, la situación económica del sector fiscal es muy grave.

Además, se ha parado durante casi dos meses la actividad de toda la economía nacional, el Gobierno lo que tiene que hacer es velar por los que más necesitan. Tenemos cuatro prioridades: salud, alimentación, producción y cuidado de la dolarización.

Deuda pendiente: lucha contra la corrupción

 

En casi todas las empresas y entidades que se cerrarán hay denuncias de corrupción ¿a quién le corresponde encontrar a los responsables?

Las investigaciones no tienen que ver con que las empresas sigan operando o no abiertas. No podemos perder otros USD 100 millones para saber quién quebró TAME. Hay que revisar quién quebró TAME y establecer las responsabilidades, pero al mismo tiempo hay que dejar de perder.

También hay una responsabilidad de este Gobierno, pero los casos de corrupción son generalizados y parece que no pasa nada…

Discrepo de eso. ¿Nadie termina sancionado? Dos exvicepresidentes de este Gobierno han sido sancionados, el uno está preso. Más de 17 funcionarios del gobierno anterior, dos ministros de este gobierno han sido sancionados.

Y doy datos concretos. En TAME hemos reducido más de 30% en los gastos corrientes, pasamos de 15 aviones a cinco, revisamos las condiciones de gasto en personal. Se estaba manejando una empresa muy mal, esperábamos que pudiera salir, pero con el coronavirus el hueco que se podía generar era mucho más grande y, por eso, lo responsable es cerrarla.

Lo que corresponde es ser prácticos. El cálculo político le corresponde a quien quiera pensar en 2021, a nosotros nos corresponde asegurar que el dinero no vaya a un saco roto en gasto corriente innecesario, sino que vaya a inversión.

Las denuncias de corrupción, sin embargo, están en todas partes incluso en los hospitales ¿Habrá medidas concretas desde el Ejecutivo este último año contra la corrupción?

El presidente planteó en 2018 una norma para poder quedarnos con los bienes de la corrupción y luego devolver el dinero en caso de que la persona haya sido declarada inocente. No ha pasado en la Asamblea.

Entregamos en ese mismo año una ley que planteaba incentivos a aquellas personas que conozcan dónde está el dinero de los corruptos y que ‘sople’ a cambio de un porcentaje. Tampoco ha pasado en la Asamblea.

Esta semana, además, platearemos dos cambios específicos para que la contratación en emergencia tenga más filtros para que no se puedan dar actos de corrupción y para que se quiten todos los atenuantes y, por tal razón, la persona que robe en estado de emergencia tenga la máxima pena amparada en el Código Penal.

Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos hacer como Ejecutivo. Sancionar, acusar, juzgar y llevar a la cárcel le corresponde a la justicia.

¿No está fallando la coordinación con la Asamblea? Aunque son funciones independientes ¿no es necesarios un diálogo y un acercamiento incluso con el mismo bloque del oficialismo?

En Ecuador reclamamos una democracia vigorosa y, en una democracia así, los poderes del Estado discrepan. La Asamblea hace su trabajo, puede discrepar del Ejecutivo, plantear cambios en una norma. Es como que no cambiamos el capítulo anterior cuando, desde Carondelet se silbaba y así se votaba, eso no era una democracia.

Pero si la Asamblea entonces está bloqueando las iniciativas del Ejecutivo ¿no cabe alguna medida?

El presidente de la República convocó, el jueves de la semana anterior, a una reunión de todos los poderes del Estado para volver a discutir todos los proyectos de ley e iniciativas que tenemos. Se acordó que el Procurador será quién junte esas iniciativas para entregar a Ecuador, lo antes posible, alternativas. Es lo que podemos hacer.

¿Cuándo habrá resultados de ese trabajo que se encomendó al procurador?

Primero habrá una discusión interna y luego se entregará a los distintos poderes del Estado porque, posiblemente, no se trata solo de iniciativas legislativas, sino también otras iniciativas que ayuden a luchar contra la corrupción.

¿De eso depende enviar las reformas en el área de compras públicas que anunció el Presidente?

Eso es independiente. Son artículos específicos en la Ley de Contratación Pública y en el Código Penal que plantean un mayor control en los procesos de contratación en emergencia.

Política y economía

 

El Gobierno anuncia también que se hará un nuevo intento para que haya un aporte económico de las grandes empresas…

No podemos pedir un esfuerzo solo a los funcionarios públicos; a los tenedores de deuda, como estamos pidiendo y que nos ha permitido ahorrar UDS 1.300 millones en un proceso ordenado; a los ministros del Gabinete, nos disminuimos 50% del sueldo, les estamos pidiendo 10% a las universidades… tenemos que pedir un esfuerzo a las personas que más ganan y más han ganado.

Ese solo anuncio ya generó rechazo entre los gremios empresariales que reclaman incentivos, en lugar de más impuestos.

Están en su derecho. En el Ejecutivo tenemos una posición distinta, en cualquier país quién más tiene, más tiene que aportar. Si fuésemos Perú o Colombia, que tienen reservas, no tendríamos porqué pedir un esfuerzo a nadie. No tenemos reservas, nos dejaron secos. Lo que hemos hecho es ordenar la economía: ya tenemos el doble de reservas, pero es insuficiente.

Pero, mientras el Gobierno pide sacrificios no se ve una respuesta igual, por ejemplo, de los familiares de funcionarios públicos que están en el servicio exterior, entre ellos, su padre como embajador en España ¿les falta un poco de sensibilidad?

Es delicado para mí hablar del tema, preferiría que quien hable sea el canciller porque estoy hablando de mi padre. Pero, creo que sería bueno juzgar cuál ha sido el rol, el trabajo y que haya informes de gestión porque, más allá de quien sea, es importante que los informes hablen por las personas.

En el caso de mi padre, él fue nombrado nueve meses antes de que yo sea nombrado en el Ejecutivo, no tengo ninguna injerencia en los nombramientos de embajadores. Y, por supuesto, es el embajador en España quien deberá presentar todos los informes para que se evalúe cómo ha sido como embajador. La cuota política está en la norma y lo que hay que revisar es que esa cuota sea lo suficientemente eficiente como para que se mantenga o se devuelva al país.

¿En un año electoral definirá también un candidato desde el oficialismo a la presidencia de la República?

No alcanzamos ni a pensar en eso todavía. A su tiempo habrá que definir qué se hace. Lo mejor será desear a Ecuador que el próximo presidente siga caminando en la senda de la democracia, la libertad, la prosperidad, la amplitud al mundo, de tener las relaciones que se merece tener: Colombia, Perú, Estados Unidos, no con Nicaragua, Venezuela o Biolorrusia.

Estoy seguro que Ecuador no va caer en ese pasado, ya aprendimos y ojalá la lección se quede bien fundamentada.


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