El trámite para investigar a Rosa Cerda, de Pachakutik, se quedará en el CAL. Mientras, contra Ricardo Vanegas y Fernando Villavicencio surgen acusaciones que no llegan a concretarse.
El Comité de Ética de la Asamblea aún no logra estrenarse oficialmente. Aunque las amenazas entre asambleístas van y vienen, este organismo, que se encarga de procesar las sanciones más graves contra los legisladores, por el momento no ha recibido trabajo.
El Comité de Ética se creó con las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Su objetivo es únicamente conocer y sustanciar las denuncias sancionadas con destitución.
El caso de la asambleísta Rosa Cerda (Pachakutik) es el que estuvo más cerca de llegar hasta esta instancia. Sin embargo, aunque el Consejo de la Administración Legislativa calificó la queja en su contra presentada por Eitel Zambrano (BAN), esta se quedará en el CAL.
Aparte de este proceso solo quedan las amenazas que han surgido en los últimos días. De un lado, los legisladores hablan de Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, por el error en la notificación del informe de juicio político contra el excontralor Pablo Celi.
Alejandro Jaramillo, coordinador de la Izquierda Democrática, anunció que habrá que investigar si la omisión fue o no deliberada.
.@JaramilloG_A: “no vamos a dejar en la impunidad este caso de #JuicioPolítico“. Enfatizó “No sabemos si lo hizo a propósito o fue un error involuntario”, indica @JaramilloG_A, en referencia a la nigligente actuación de la presidencia de la comisión @FiscalizacionAN pic.twitter.com/IlqWFA5SRm
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) August 4, 2021
Por otro lado, Villavicencio apunta hacia Ricardo Vanegas (Pachakutik) y otros legisladores que tendrían glosas de Contraloría aunque no reveló los nombres, porque dijo que aún está pidiendo y cotejando información. Aseguró que lo haría en los próximos días.
¿Cuándo puede un asambleísta ser destituido?
Desde la instalación de la Asamblea en 2009, solo se han concretado tres destituciones de asambleístas:
- Ana Galarza (entonces Creo), por el supuesto cobro de “diezmos”.
- Sofía Espín (entonces Alianza PAIS, hoy UNES), por supuestamente haber visitado en la cárcel a una testigo protegida.
- Norma Vallejo (entonces Alianza PAIS), también por el supuesto cobro de “diezmos”.
Pero el proceso en esos tres casos fue distinto, pues se dio previo a la creación del Código de Ética. Antes, se creaba una comisión multipartidista específica para el análisis de cada caso.
Es así que desde que este Cómite de Ética existe, nunca ha llegado a actuar, aunque el anterior período de la Asamblea ya tuvo uno.
Para que llegue a una destitución, un asambleísta debe denunciar a otro y presentar su escrito con el respaldo las firmas del 10% de la Asamblea (14 firmas). Si el CAL la califica, esta pasa al Comité de Ética, que está integrado por cinco miembros de distintas bancadas.
Un asambleísta puede ser destituido cuando ha incurrido en una de las prohibiciones legales. Estas son:
- Desempeñar alguna otra función pública o privada, excepto la docencia universitaria.
- Ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado.
- Gestionar nombramientos de cargos públicos.
- Recibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas.
- Aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado.
- Integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado.
- Celebrar contratos con entidades del sector público.
Si, según el Comité de Ética, el legislador denunciado incurrió en una de esas prohibiciones, el proceso pasa al Pleno de la Asamblea. Allí, para su destitución se necesitan 91 votos.
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