La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, acusó a la Comisión de Fiscalización de “negligencia”. Mientras que el presidente de esa mesa, Fernando Villavicencio, asegura que hay asambleístas que buscan que el proceso no siga adelante.
La presidencia de la Asamblea y la Comisión de Fiscalización se enfrascaron este 4 de agosto de 2021 en un intercambio de acusaciones alrededor de un “error administrativo” en el trámite del juicio político contra el excontralor Pablo Celi.
Todo comenzó con un comunicado de la Asamblea, que informó que la Comisión de Fiscalización había pedido, de forma extemporánea, una ampliación para la presentación del informe de investigación sobre Celi. Este debía sugerir o no al Pleno de la Asamblea el enjuiciamiento político o el archivo del caso.
El error está en que, según la presidencia de la Asamblea, dicho pedido de prórroga debía notificarse el viernes; pero fue notificado el lunes a las 0:44. La secretaria de la Comisión de Fiscalización aseguró que actuó con base en el Código Administrativo, pues la Ley de la Función Legislativa no establece el plazo para esta notificación.
Esto desencadenó una serie de críticas contra la Comisión de Fiscalización. A la cabeza está la misma presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien acusó de “negligencia” a la mesa legislativa en rueda de prensa.
Dijo que, sin embargo, no permitirá que el caso contra Celi “quede en la impunidad”. Por ello, ha solicitado a la Comisión un informe sobre las “posiciones” de cada uno de sus integrantes, como establece la Ley de la Función Legislativa. Con esto, el proceso podrá seguir en el Pleno de la Asamblea.
La respuesta de Villavicencio
La decisión de Llori generó malestar en el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. En una rueda de prensa inmediatamente después a la de la Presidenta, aseguró que hay asambleístas a los que no les interesa fiscalizar a Celi.
Señaló específicamente hacia el asambleísta Ricardo Vanegas, de Pachakutik. Él es accionista de una de las empresas que forman parte del consorcio Oro Negro, investigado por un contrato con Petroecuador. Recordó que fue Vanegas quien propuso a los nuevos ponentes del juicio contra el exministro René Ortiz, que retrasó el inicio del proceso contra Celi.
Añadió que la animadversión de la Presidencia hacia la Comisión de Fiscalización ha sido constante. Muestra de ello sería que se convocó a tres sesiones del Pleno mientras la mesa legislativa recibía comparecencias.
Villavicencio deslindó responsabilidad del error en la notificación por parte de la Secretaría de la Comisión. Pero aseguró que “si no era eso, iban a encontrar algo más”.
Así será el juicio político ahora
Por este error en la notificación, el juicio político ya no seguirá el proceso “normal”. El primer paso será que la misma Comisión de Fiscalización apruebe el informe con las “posiciones” de los miembros de la mesa.
Según Villavicencio, eso se hará en la sesión de esta tarde, convocada para las 18:00. Con esto, Llori deberá convocar al Pleno de la Asamblea.
En esta primera sesión, el Pleno deberá analizar ese informe y decidir si inicia o no el juicio político. Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista BAN, adelantó que ellos mocionarán que inicie el juicio político. De ser así, Llori deberá convocar a una nueva sesión.
En esta segunda sesión, se escuchará la interpelación del acusador, Juan Cristóbal Lloret (UNES), y la defensa de Pablo Celi. Después habrá un debate y la votación sobre si se censura o no al excontralor.
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