Caso Singue, diezmos y responsables del paro de octubre, parte del menú judicial de 2021

Más de 60 días después de culminada la audiencia de juicio, el Tribunal de la Corte Nacional, encabezado por Iván León, todavía no ha hecho pública su sentenciado ni ha fijado una fecha para hacerlo.

Este tiempo, por ejemplo, es superior a lo ocurrido en el Caso Sobornos, pese a que en este proceso solo son 15 implicados y en el otro eran 21. 

En el anterior proceso, el Tribunal, también presidido por León, solo se tomó 32 días para dar a conocer la sentencia. 

Mientras que el Caso Singue se centra en las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato para la extracción de petróleo, durante el Gobierno de Rafael Correa.

Según la Fiscalía, los 15 procesados cometieron peculado. El perjuicio se habría producido al fijar una tarifa de USD 33,5 por barril producido, es decir, inferior al valor de la oferta inicial.

Entre los acusados están el exvicepresidente Jorge Glas, que podría acumular su tercera sentencia por corrupción; y el exministro Carlos Pareja Yannuzzelli, que se expone a su sexta condena.

La Fiscalía señala a los dos como posibles autores y pidió ocho años de prisión. En esa misma situación está Andrés Donoso, exsecretario del Comité de Licitación Hidrocarburífera. 

Él es abogado y socio del estudio jurídico Ferrere, donde estaba a cargo de área de hidrocarburos. A la espera de la sentencia, esta firma de abogados cerró su oficina en Ecuador.

Aunque con dos sentencias de primera instancia, dictadas por la Corte Nacional, el Caso Diezmos todavía tiene muchos pendientes por resolver.

El proceso hace referencia a los cobros indebidos realizados por legisladores, de distintas tiendas políticas, a sus colaboradores y subalternos a cambio de estabilidad laboral.

Por ahora, la justifica ha fallado en contra de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña y la exlegisladora Norma Vallejo, ambas de las filas de Alianza PAIS. Sin embargo, las condenas no están en firme y todavía no están detenidas.

Luego de dos diferimientos, finalmente, el 8 de enero de 2021 se instalará la audiencia de apelación en el caso de Vicuña. Además, la Fiscalía ya formuló cargos contra Karina Arteaga y Nivea Vélez.

En los archivos del Ministerio Público todavía hay al menos 18 casos en investigación previa sobre los diezmos pagados y que todavía no se concretan.

Luego de más de un año de los violentos hechos de octubre de 2019, la Fiscalía y las cortes ecuatorianas tienen en fila varios procesos contra los presuntos responsables.

El primer caso que irá a juicio es el de rebelión. En este proceso están involucrados la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el exasambleísta y candidato al Parlamento Andino, Virgilio Hernández; y el dirigente correísta Christian González. 

La Fiscalía formuló cargos por el artículo que señala a la persona que “promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado”.

Además, hay otros casos pendientes contra los líderes indígenas que protagonizaron las protestas.

Los dirigentes enfrentan al menos cinco casos penales por el paro de octubre de 2019, uno impulsado por el Gobierno.

Las causas son por:

• Secuestro.
• Instigación.
• Terrorismo.
• Odio.
• Grupos subversivos.

Los dirigentes indígenas, en cambio, planean contraatacar con una denuncia por uso excesivo de la fuerza, crimen de lesa humanidad y asesinato, contra las actuales autoridades de Gobierno.

Dentro de la corrupción que se destapó durante la emergencia por Covid-19 en Ecuador, un capítulo principal son los procesos alrededor de los hospitales públicos y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Primero, está el caso por la fallida construcción del Hospital de Pedernales. El exasambleísta Daniel Mendoza aceptó que lideró una estructura que desvío los fondos de esa obra y recibió una sentencia reducida.

La Corte Nacional tiene pendiente el juzgamiento al también exasambleísta Eliseo Azuero y al exsubdirector del Servicio de Contratación de Obras, Jorge Jalil.

Además, están los procesos por corrupción en la compra de insumos en entidades del IESS. Dos procesos por peculado apuntan a Daniel Salcedo, llamado a juicio junto a su círculo cercano.

Pero, además, hay otro proceso por delincuencia organizada que, además de Salcedo, involucra a los hermanos Bucaram Pulley y al expresidente del directorio del IESS, Paúl Granda.

El caso en contra del informático, Ola Bini, es otro de los que quedó en suspenso en 2020. El sueco fue acusado de vulnerar los sistemas informáticos estatales. 

El 16 de diciembre de 2020 se suspendió la audiencia preparatoria de juicio. La defensa de Bini había solicitado la nulidad del caso por falta de pruebas, pero la justicia desechó el pedido.

Ahora, está pendiente una nueva convocatoria para conocer la resolución. La jueza a cargo del caso deberá decidir si Ola Bini es llamado a juicio.

Bini fue apresado el 11 de abril de 2019, horas después de que el australiano Julian Assange abandonó la embajada ecuatoriana en Londres, luego de siete años de asilo.