Este lunes 6 de enero de 2020, en medio del primer día de juicio por el caso de concusión, se reveló que la exvicepresidenta enfrenta otro proceso por enriquecimiento ilícito.
El objetivo de la defensa de María Alejandra Vicuña era demostrar que el testigo estrella de la Fiscalía se contradice. Pero, terminó revelando que la exvicepresidenta enfrenta otro caso por enriquecimiento ilícito.
El lunes 6 de enero de 2020 se instaló la audiencia de juicio en el caso conocido como ‘diezmos’, en el que la acusada principal es la exvicepresidenta. Esta etapa inició luego de cuatro diferimientos anteriores.
En este proceso, la Fiscalía acusa a Vicuña de haber abusado de su cargo para exigir más de USD 40.000 a sus colaboradores, a cambio de estabilidad en sus puestos de trabajo.
Sin embargo, este no sería el único proceso que la política enfrenta relacionado al cobro de los denominados ‘diezmos’. Según su abogada, Ana María Ontaneda, existe otra indagación abierta por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
Ese caso todavía es reservado.
El Código Integral Penal (COIP) tipifica el enriquecimiento ilícito cuando un servidor público ha obtenido un incremento patrimonial injustificado. La pena va de cinco a 10 años, dependiendo del incremento.
Actualmente, Vicuña está siendo juzgada por concusión que tiene una pena máxima de siete años.
Sin embargo, el abogado penalista Pablo Encalada aclara que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.
El caso
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, indicó que los hechos ocurrieron cuando Vicuña era asambleísta, en los períodos 2009-2013 y 2013-2017.
La exvicepresidenta no desmintió que esos recursos llegaron a sus cuentas. Sin embargo, aclaró que fueron voluntarios y sirvieron para financiar a su organización política: Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).
Son tres los excolaboradores que denuncian el pago de ‘diezmos’. El principal es Ángel Sagbay, quien ocupaba el cargo de Asesor 1 y asistente administrativo.
Él hizo 48 transferencias de dinero a las cuentas de Vicuña en dos bancos, por un total de USD 23.300. Como asistente pagaba USD 300 mensuales y como asesor USD 1.400.
Karla Obando, en cambio, fue Asesora 2. Realizó 33 transferencias por USD 14.650. Y, Diego Riofrío, quien fue Asesor 1, transfirió USD 5.345. En total se habla de USD 43.395 en pago irregulares.
¿El dinero fue a ABA?
La Procuraduría General del Estado, que actúa como acusadora particular -en cambio- cuestionó si los aportes solicitados por Vicuña en realidad fueron a ABA.
La entidad presentó certificaciones del CNE que demuestran que esta organización no tiene personería jurídica, por lo que no está obligada a llevar contabilidad y no se puede comprobar de dónde vienen sus recursos y en qué se gastan.
La defensa de Vicuña defendió la existencia de la organización política. Aseguró que tiene 15 años de vida. Así también lo dijo Vicuña, en el receso del juicio.
Incluso, expuso que Sagbay, quien es el principal denunciante, fue militante activo de la organización hasta diciembre de 2017.
El inicio del caso
En primera instancia, la Fiscalía puso en el estrado a tres oficiales de la Policía Nacional, quienes se encargaron de elaborar el parte de la noticia del delito y de periciar las direcciones electrónicas que dieron inicio al caso.
Se trata de dos publicaciones periodísticas y dos tuits, las que alertaron a la Unidad de Investigación en apoyo a la Fiscalía de Policía Nacional.
En primer lugar, el capitán Carlos Molina encontró en YouTube un reportaje de Teleamazonas, sobre las denuncias de Sagbay.
En cuanto a los posteos, la Fiscalía empezó su investigación por una publicación del asambleísta alterno Henry Llanes.
El testimonio de Sagbay
La declaración de Ángel Sagbay se desarrolló en dos ejes. Por un lado, la Fiscalía tratando de dar fuerza a los pagos que hizo como condición para conservar su trabajo en la Asamblea.
En noviembre de 2018, el testigo realizó una declaración juramentada ante una notaría detallando los pagos. Su objetivo, dijo, era recuperar su dinero.
Luego la información se filtró a los medios, la Fiscalía empezó una investigación, Vicuña renunció a la Vicepresidencia y él prefirió no insistir en la devolución del dinero.
La defensa de Vicuña, en el segundo eje, trató de llevar el testimonio a otro lado, aceptando que hubo los pagos pero que fueron voluntarios y consentidos.
La abogada Ontaneda dirigió sus preguntas hacia una hipótesis de que Sagbay filtró la información descontextualizada, por no haber obtenido un cargo público.
En el juicio se mostraron diversos chats y correos electrónicos de Sagbay con dos colaboradores de Vicuña.
En estas comunicaciones, el testigo pedía a las dos personas interceder ante la Vicepresidenta para que le dé un cargo en la Dirección de Educación de Gualaquiza o “aunque sea en la Vice”.
Incluso, en los chats Sagbay llega a amenazar a los colaboradores de Vicuña, diciendo que pasaría la información de sus aportes a los medios de comunicación o a “un político que siempre denuncia cosas”.
Hasta las 18:00 del 6 de enero de 2020, el juicio continuaba. Estaba previsto que la audiencia se suspenda sin un veredicto, dado el número de testigos citados. Solo la defensa llamó a 30.
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