La fiscal general Diana Salazar acusó a María Alejandra Vicuña como autora del delito de concusión, dentro del caso por el supuesto cobro de “diezmos” mientras fue asambleísta. La exvicepresidenta no se presentó a la audiencia. Contra ella existe una prohibición de salida del país.
La audiencia de formulación de cargos en contra de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña se instaló este 15 de mayo del 2015 en la Corte Nacional de Justicia. Durante la diligencia, la Fiscalía la acusó formalmente, en calidad de autora, del delito de concusión. La investigación está relacionada con la denuncia de un exasesor del supuesto cobro de “diezmos” cuando se desempeñaba como legisladora, entre 2009 y 2017.
En noviembre del 2018, Ángel Sabgay, asesor de Vicuña en la Asamblea Nacional, la denunció por supuestos cobros de dinero.
Vicuña admitió estos depósitos y sostuvo que estos se hacían como contribuciones voluntarias para la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA). Esta organización política no se encuentra reconocida por el Consejo Nacional Electoral.
Durante la audiencia, la fiscal general Diana Salazar sostuvo que se encontraron los elementos suficientes para sostener la acusación encontra de la exvicepresidenta y exlegisladora por Alianza PAIS. Vicuña no se presentó a la diligencia.
El delito de concusión está tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal. Vicuña enfrenta una pena de entre tres a cinco años de cárcel. De aceptarse la acusación de Salazar, comenzaría la etapa de juicio.
Vicuña asumió la Vicepresidencia el 6 de enero del 2018, después de que Jorge Glas fuera separado del cargo tras su detención dentro del caso Odebrecht. Antes, se desempeñó como ministra de Vivienda. Entre 2009 y 2017 fue asambleísta por el movimiento oficialista Alianza PAIS.
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