La violencia cede en las cárceles tras 63 días de emergencia

La presencia militar y policial ha logrado frenar, al menos, momentáneamente los brotes de violencia. El Gobierno, además, reubicó de los más detenidos más peligrosos y promueve un plan de desarme voluntario de los presos.

Luego de que se registraran 16 muertos en un mes en tres cárceles del país, el 11 de agosto de 2020, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción y dispuso la movilización de policías y militares a los centros carcelarios.

La medida fue proyectada para dos meses, que se cumplieron el 11 de octubre. Sin embargo, el Primer Mandatario resolvió alargar la emergencia por 30 días más hasta mediados de noviembre.

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La presencia militar y policial ha tenido buenos resultados, hasta el momento.

En los dos meses anteriores a la emergencia, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) reportó 18 muertes al interior de las cárceles del país. Y en los meses de la emergencia, ninguna.

Es decir, la reducción de muertes violentas en cárceles fue del 100%.

En este lapso solo hubo el reporte de tres incidentes menores.

El 3 de septiembre hubo una riña entre presos de la Cárcel de Esmeraldas. Tres personas resultaron heridas levemente, pero el percance fue controlado por la Policía y las Fuerzas Armadas.
El 6 de septiembre, ocho presos escaparon de la Cárcel de Tulcán. Uno falleció en la persecución y los otros siete fueron detenidos nuevamente.
El 7 de septiembre, tres internos del Centro de Rehabilitación Social de Machala se fugaron. Horas después todos fueron recapturados.

Traslados y La Roca

Además de la presencia de los uniformados, otra medida que ha resultado efectiva es el traslado de los denominados “presos de difícil adaptación“.

Inteligencia policial determinó que gran parte de la violencia que se vive en las cárceles se relaciona con las pugnas entre grupos criminales, liderados por los presos de alto riesgo.

La mayoría de este tipo de detenidos fue enviada a Guayas, específicamente a La Penitenciaria del Litoral y a la Cárcel de La Roca, que pasó a llamarse Centro de Rehabilitación Social Guayas N.° 3.

Esta cárcel opera con un régimen especial para personas de alta peligrosidad y para esto tuvo que ser readecuado para recibir a los nuevos detenidos. Por USD 155.430,35, el SNAI contrató a SBDC Cia. Ltda. para la readecuación, el mantenimiento y el equipamiento de esa infraestructura.

Ese es el único contrato ejecutado por la entidad bajo el paraguas de la emergencia decretada por Moreno. El objeto de la contratación se divide en el arreglo de tres sistemas de la cárcel:

Hidrosanitario.
Eléctrico.
Electrónico (voz y datos, detección de incendios, control de accesos, circuito cerrado de televisión y audio)

El contrato se firmó el 23 de septiembre y la obra deberá estar lista el 7 de noviembre de 2020.

Hasta el momento, los traslados efectuados por el sistema carcelario bordean los 3.600. Estos movimientos realizados en dos meses ya superan en un 28% a los realizados en todo 2019.

Entrega de armas

Otro de los ejes que emprendió el SNAI fue el concientización. A través de la campaña ‘Yo Me Rehabilito’ las autoridades intentaron llegar a los presos para alcanzar paz.

Por ejemplo, luego de reubicar a los más violentos, se empezaron jornadas de diálogos con los distintos pabellones de las 48 cárceles del país para lograr un desarme voluntario.

Así en varias cárceles, los detenidos entregaron de manera voluntaria cientos de armas blancas artesanales. Solo en Guayaquil, por ejemplo, hubo la entrega de 450 objetos cortupunzantes.