Apenas seis organizaciones políticas y sociales participarán en la contienda, para intentar movilizar a la gente a favor del 'Sí' o el 'No' en el referendo de 2023.
El referendo constitucional convocado por el presidente Guillermo Lasso tuvo poca acogida entre las organizaciones sociales y políticas. Apenas 11 se inscribieron para participar en la campaña y solo seis agrupaciones fueron calificadas.
Pese a lo polémico de algunos temas, como la extradición de narcodelincuentes, la reducción de asambleístas y el cambio del proceso de selección de autoridades de control, la campaña electoral tendrá pocos participantes activos.
La campaña se realizará durante 31 días, a la par de la contienda por las elecciones seccionales. Solo cinco organizaciones políticas y una social podrán participar oficialmente.
Al oficialismo lo acompañará solo el partido Avanza, que apenas consiguió dos escaños en las elecciones generales. Ninguna otra organización social o política quiso impulsar la campaña a favor de las ocho preguntas del referendo gubernamental.
Mientras que en la oposición estará el correísmo, sus antiguos aliados del Partido Socialista, el extinto MPD (ahora Unidad Popular) y sus aliados de los frentes sindicales.
Cada bando recibirá USD 403.501 para la campaña electoral.
Cada vez menos participación
La campaña por este referendo constitucional será la que menor convocatoria ha tenido para organizaciones sociales y políticas desde 2011, con cinco partidos políticos y una organización social inscritas.
Las convocatorias presidenciales que mayor competencia tuvieron entre el 'Sí' y el 'No' fueron la de Rafael Correa en 2011 y la de Lenín Moreno en 2018.
En la primera, entre sus 10 preguntas, se llevó a cabo la reestructuración de la Justicia, la prohibición de tener acciones en medios de comunicación o bancos y otras áreas a la vez, así como la prohibición de juegos de azar y espectáculos donde haya la muerte de animales.
Para este proceso se destinaron USD 5 millones en campaña, el 50% para cada opción.
En la segunda, entre sus siete preguntas, se revocó la reelección indefinida de autoridades, se dio paso a un Consejo de Participación Transitorio, la inhabilitación política de los sentenciados por corrupción y se derogó la Ley de Plusvalía.
Para este proceso electoral se destinaron USD 3,9 millones para campaña, el 50% para cada opción.
