Las ocho preguntas que estarán en la papeleta del referendo 2023

La Constitución prohíbe la extradición de ecuatorianos, sin importar el delito que hayan cometido. Esto incluye aquellos relacionados con el crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes.

El presidente quiere cambiar la Constitución y que, en esos casos, se permita que los narcocriminales sean extraditados.

“Ecuador se ha transformado en un país donde se encuentra gran parte de la cadena logística necesaria para traficar drogas”, argumenta

El objetivo es que puedan ser juzgados en otros países donde hayan cometido delitos, con penas “más duras e ineludibles” porque la credibilidad del sistema judicial ecuatoriano está en crisis.

Con la segunda pregunta, el Gobierno quiere cambiar el funcionamiento de la Fiscalía, para que no dependa del Consejo de la Judicatura, que ahora se encarga de seleccionar, evaluar, ascender, capacitar y sancionar a los fiscales.

Según el Gobierno, la Judicatura no ha realizado un proceso de selección de fiscales en nueve años, por lo que hay un déficit de 602 funcionarios. Eso provoca lentitud en los procesos penales. Tampoco ha habido procesos de evaluación.

Por lo tanto, el objetivo del referendo es “garantizar la autonomía de la Fiscalía”. Y que, en adelante, sea la misma entidad la que tenga la responsabilidad sobre los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal.

En 2021, los ecuatorianos eligieron a 137 asambleístas y, según la Constitución, para las siguientes elecciones generales de 2025, el número podría ascender a 152.

Esto porque la cantidad de legisladores debe aumentar en proporción con el crecimiento poblacional de cada jurisdicción. Ese cambio estaba previsto para 2021, pero no sucedió porque el censo no se ejecutó en 2020.

La propuesta del Ejecutivo sostiene que esto causa una distorsión en la representatividad y vulnera la igualdad del voto de los ecuatorianos. Por lo que propone un nuevo esquema de criterios para la selección de los asambleístas.

La cuarta pregunta del referendo apunta a los 272 movimientos políticos, pero deja de lado a los partidos.

En medio de los permanentes escándalos por la afiliación fraudulenta de militantes de las organizaciones políticas y el nacimiento y renacimiento de tiendas políticas, el Ejecutivo propone un control de sus miembros, que sea auditado periódicamente.

Así como plantea que tengan un mínimo de militantes equivalente al 1.5% del padrón electoral de su jurisdicción. Según los cálculos del Gobierno, podría haber movimientos locales con apenas 10 miembros, en 80 cantones.

En su afán de restar competencias al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), el Gobierno plantea mantener las postulaciones ciudadanas para las autoridades de control, pero que su proceso de selección sea en el Legislativo.

Los procesos para designar al Contralor, Fiscal, defensores Público y del Pueblo, y a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) estarán en manos de la Asamblea.

Al igual que de los superintendentes, del Procurador y del Consejo de la Judicatura.

Cada uno con sus plazos y con comisiones técnicas, que emitan informes vinculantes para aprobación del Pleno, con la mayoría absoluta de sus miembros (71).

El Ejecutivo critica que las decisiones en el CPCCS dependan solo de cuatro personas y recuerda que los retrasos en la designación de autoridades han puesto en jaque a una decena de entidades de control, que llevan años encargadas o subrogadas.

Esta enmienda constitucional plantea eliminar las elecciones por sufragio universal de los consejeros del CPCCS, pero mantiene la prohibición de que sean militantes de alguna agrupación política, al menos, en los últimos cinco años.

Y señala que en la última elección se presentó el número más alto de nulos y blancos en la historia del país: con 44,96%. Y que, de los actuales consejeros, el que mayor votación obtuvo en las urnas recibió apenas el 28,10% de respaldos.

En su lugar, propone que sean elegidos con el voto de la mayoría absoluta de los asambleístas (71), de entre una lista de 20 candidatos remitidos por la comisión técnica de selección.

El proceso se llevará de la misma manera que la designación del Contralor, Fiscal, defensores, CNE y TCE.

La penúltima pregunta del referendo busca crear un subsistema de protección hídrica, que forme parte de Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bajo control estatal.

“La consulta es de todos y eso debe incluir a nuestra madre naturaleza”, dijo el Mandatario. Por ello, según el Gobierno, el objetivo es proteger el agua.

Esta última interrogante también es de temática ambiental. Buscará que “el ciudadano que proteja el medio ambiente pueda recibir una merecida compensación por sus servicios“, explicó el presidente Lasso.

El Estado, como administrador de los servicios ambientales, “regulará su producción, prestación, uso y aprovechamiento“, indican los anexos.

Y, el documento, agrega que el Estado también “definirá los lineamientos y mecanismos de compensaciones que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades reciban por su apoyo a la generación de los mismos”.