Las imágenes son crudas y se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Tres hombres, con uniformes policiales, golpean a otro en el piso mientras una mujer grita pidiéndoles que se detengan.
Luego, uno de los policías se acerca a un vehículo, desenfunda su arma, la rastrilla y dispara en un intento por impedir su huida.
El escenario de este incidente fue la esquina de Eloy Alfaro y Febres Cordero, en el sur de Guayaquil. Según el registro policial, el hecho ocurrió cerca de la 01:30 de la madrugada del domingo 13 de septiembre de 2020.
PRIMICIAS tuvo acceso al parte policial efectuado por los uniformados que estuvieron en el lugar.
En el sitio se encontraban unas 20 personas tomando licor en la vía pública, pese a que en ese momento todavía estaba vigente el toque de queda derivado del estado de excepción.
Según el relato policial, estas personas se negaron a abandonar el sitio. Insultaron, empujaron y “agredieron con el puño cerrado, a la altura del pómulo izquierdo” a uno de los policías que tomaron el procedimiento.
Otro de los bebedores, según el parte policial, habría golpeado a un patrullero rompiendo la ventana lateral derecha. Mientras los demás lanzaban botellas contra los policías.
Algunos incidentes
La reacción de los policías ha sido criticada fuertemente en las redes sociales, sobre todo por los defensores de los derechos humanos. Ante esto, la institución y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunciaron una investigación de Asuntos Internos.
Víctor Aráuz, comandante de la Policía en Guayaquil, anticipó que en los videos “se evidencia un mal procedimiento policial y un exceso por parte de los servidores policiales“.
Pero, aclaró que también se debe analizar el contexto del video, ya que “hubo agresión a los policías y destrucción de un patrullero”. Uno de los agentes recibió tres días de reposo médico.
Esta no es una denuncia aislada de excesos policiales en Ecuador. Varios sectores señalaron a la fuerza pública por supuestos excesos en la contención de las violentas manifestaciones de octubre de 2019.
Otro de los casos emblemáticos ocurrió en Imbabura, en agosto de 2018. Un grupo de personas impidió un procedimiento policial por un presunto accidente de tránsito.
En el control de Mascarilla, en la Panamericana Norte; se dio una trifulca y el policía David Velasteguí, utilizando su arma de dotación, mató a uno de los involucrados en el escándalo.
El uniformado estuvo detenido un año y cuatro meses. Pero, en diciembre de 2019, fue declarado inocente. La justicia determinó que utilizó su arma como legítima defensa.
En agosto de 2019, en cambio, otro video de redes sociales evidenció como un policía pateaba en el suelo a un presunto ladrón que estaba retenido.
Lo singular de ese caso, es que el agente reaccionó, aunque no estaba en su zona de trabajo, porque el detenido había asaltado a su esposa y a su hijo.
En esa ocasión, el policía no fue sancionado. La ministra Romo dijo que “la manera en la que él se condujo no es lo que está en los procedimientos, se le va a recordar los procedimientos, pero no será sancionado ni separado de la institución porque enfrentó a la delincuencia“.
Reforma al Código Integral Penal
Desde el 21 de junio de 2020, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) cambió respecto al uso progresivo de la fuerza de la Policía Nacional.
Según la reforma, cuando los agentes de la Policía causan lesión, daño o muerte a otra persona, están cumpliendo su deber siempre y cuando estén protegiendo un derecho propio o ajeno.
Para aplicar esta progresión de la fuerza, la situación a la que se enfrenten los uniformados deben cumplir los siguientes requisitos:
- Que se realice en actos de servicio o como consecuencia del mismo.
- Que observe el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza.
- Que exista amenaza o riesgo inminente a la vida de terceros o a la suya propia o para proteger un bien.
Agresiones a policías
Del otro lado de la historia, en cambio, están las agresiones que sufren los oficiales de la Policía Nacional.
Solo entre el 15 de marzo y el 22 de junio de 2020, en los dos primeros meses de la emergencia sanitaria, la entidad uniformada reportó más de 500 agresiones a policías.
Los uniformados fueron agredidos de palabra y acción por intentar hacer cumplir las restricciones por el coronavirus.
Uno de los hechos más violentos ocurrió el 21 de junio de 2020 en Esmeraldas. Allí una multitud robó y agredió a tres policías, además quemó el patrullero en el que se desplazaban.
Los agentes querían impedir que se beba alcohol en la vía pública, pues estaba en vigencia un toque de queda.
En el artículo 283 del COIP se habla del delito de ataque o resistencia. La persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los agentes de policía será sancionada con prisión de seis meses a dos años.
Y el delito puede tener agravantes:
- Si la agresión es cometida por muchas personas con un acuerdo previo, la pena será de uno a tres años.
- Si las personas están armadas, la prisión será de tres a cinco años.
- Si como resultado de estas agresiones se producen lesiones en los agentes, la pena será de cinco a siete años.
- Si se produce la muerte de un agente, la prisión será de 22 a 26 años.
Además, este tipo de agresiones contra uniformados figuran como contravenciones de segunda clase.
En el artículo 394 se establece que la persona que maltrate, insulte o agreda de obra a los agentes encargados de precautelar el orden público, serán detenidos de cinco a 10 días.
Por los derechos humanos
El incidente del 13 de septiembre en Guayaquil profundiza el debate regional sobre el uso de la fuerza policial. Las discusiones se originaron en un caso similar, pero con final fatal sucedido en Colombia.
Según reportó la agencia Reuters, Javier Ordóñez, de 46 años, murió en una clínica tras ser sometido por dos policías que usaban descargas eléctricas.
En videos difundidos en redes sociales, se escucha que el hombre en varias ocasiones les pidió “por favor, no más” mientras recibía descargas eléctricas.
La policía dijo que Ordóñez, estaba consumiendo licor en la calle con sus amigos, en una violación de las normas de distanciamiento.
Ese abuso policial terminó en la destitución de dos agentes y la suspensión de cinco más, además de protestas en varias ciudades colombianas, que dejaron más de una decena de muertos y cientos de heridos.
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