Entre enero y junio de 2022 han asesinado a 64 niños menores de 14 años, de los cuales 31 vivían en Guayaquil. Los casos reposan en el sistema judicial.
Al menos 64 niños menores de 14 años han sido asesinados en Ecuador mientras acompañaban a personas que eran buscadas por sicarios o en medio de balaceras.
Casi la mitad de los asesinatos (31) han ocurrido en una sola ciudad: Guayaquil.
La cifra aumenta a 43 en este cantón si se incluye a adolescentes hasta los 18 años, según informó la Policía, después del asesinato de dos infantes de ocho y 10 años mientras descansaban en su cama en la Cooperativa San Francisco, en Pascuales, el 16 de julio.
En la Cooperativa San Francisco, ninguna entidad del Estado acudió al lugar para prestar ayuda o contención emocional a las familias y niños que temen estar en las calles por la violencia en el barrio.
"Vivimos abandonados, aquí nadie viene, ni siquiera llegó una ambulancia para llevar al hospital al niño de cinco años que sobrevivió a las balas", dice un habitante, que pide obviar su identidad por seguridad.
Grafiti pintado en una de las paredes del sector Cooperativa San Francisco en Pascuales, 18 de julio de 2022. Carolina Mella
¿Quién protege a los niños?
El Código de la Niñez y Adolescencia, vigente desde 2003 y cuyas reformas continúan en debate en la comisión de la Asamblea, estableció en su momento la creación del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
"Pero en 2014 fue cambiado por Consejo Intergeneracional, dejando a los niños sin la visibilidad, la especialidad y la importancia que deben tener", explica Sara Oviedo, quien fue secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.
El Sistema de Protección de Derechos se articula desde lo local, en cada cantón, hasta los organismos nacionales y tiene una relación directa con la Función Judicial, la Policía y todo el estamento de protección con especialidad en niños y niñas.
Para José Luis Guerra, responsable del programa de Protección de Unicef Ecuador, "este sistema tiene que ser fortalecido. Hemos encontrado falencias, no solamente en la atención, sino también en cómo los niños y las niñas pueden tener acceso a este sistema de protección".
En 2012, Oviedo recorrió los cantones para explicar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) sus obligaciones como rectores del Sistema de Protección y cómo se debían crear los Consejos Cantonales y Juntas de Protección de Derechos.
"Desde que nacieron, lo hicieron con problemas, con muy poco respaldo, los GAD decían que recibían nuevos problemas y no financiamiento".
Sara Oviedo
"Con el tiempo no les quedó otra opción que asumir la competencia, pero lo que hacen es manipularlos políticamente, porque ponen a sus amigos y no a abogados o técnicos formados", dice Oviedo.
Esa es una de las falencias que ha encontrado Unicef. "Una Junta Cantonal de Protección debe tener un equipo especializado de psicólogos, abogados, trabajadores sociales para poder brindar atención, seguimiento y demás”, dice Guerra.
Guayaquil, la ciudad más violenta del país, donde han asesinado a 43 menores de edad en seis meses, tiene un Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos (Ccpid) y una Junta de Protección de Derechos. Quito, por ejemplo, tiene cuatro Juntas distribuidas por zonas.
En Guayaquil, el organismo lo preside la concejal por el PSC-Madera de Guerrero, Luzmila Nicolalde.
Al preguntarle qué hizo el Ccpid al conocer el asesinato de los dos niños en Pascuales, Nicolalde respondió.
"Estábamos en otros temas, por ejemplo estamos dando conferencias, yendo a diferentes barrios. La ciudad es demasiado grande. No significa que no nos interese San Francisco, trabajamos en lo que podemos, el Consejo tiene personal reducido, requeriríamos un mayor presupuesto".
"Hemos visto que los sistemas de protección locales no tienen los recursos o el equipo suficientes para poder brindar atención a la comunidad a la que se debe".
José Luis Guerra
Para 2022, el Municipio guayaquileño asignó al Ccpid USD 350.000, mientras que a la Dirección de Bienestar Animal entregó USD 2,4 millones.
En marzo pasado, el secretario Ejecutivo del Ccpid, Vicente Torres, manifestó a PRIMICIAS su malestar por esta brecha y por la poca importancia que el Municipio le da a los temas en protección de derechos.
Después de la publicación de ese reportaje, Torres fue despedido de su cargo.
"Podrás ver que con un presupuesto así se hacen cosas como éstas", dice la concejala Nicolalde.
Se refiere a la VI Feria de Derechos que se realizó en el Malecón 2000, donde las diferentes instituciones municipales promovieron los servicios que ofrecen a los ciudadanos.
“¿Por qué la junta cantonal no conoce de oficio el caso de los niños asesinados por la disputa de las bandas?, porque tiene la potestad de abrir un proceso de oficio", dice Sara Oviedo.
"Por favor, vamos a ubicarnos, el Ccpid tiene la competencia de promocionar derechos, no vemos temas de violencia, cada quien a lo suyo, porque nosotros trabajamos en lo que nos compete", responde Nicolalde.
Competencias de los consejos de Protección de Derechos
Cuatro ejes clave tienen los Consejos de Protección de Derechos:
Definir política pública, por ejemplo, explica Oviedo. "Si ven que año tras años están muriendo decenas de niños por la guerra entre las bandas, se hace una política pública".
También debe observar y vigilar lo que hace cada una de las instituciones públicas en cada caso o si la Policía, Fiscalía y MIES están haciendo lo que les corresponde.
Tienen la función de transversalización, explica Oviedo, es decir de "mirar desde mi función que esto está ocurriendo con los niños y puedo pedir al Concejo Municipal que discutan una ordenanza que frene este tipo de violencia".
Y, por último, tiene la función de dar seguimiento y evaluar la políticas públicas locales para su cumplimiento.
El asesinato de los niños menores de 14 años, como consecuencia de la violencia que vive el país, no es vigilado por ninguna institución.
Los casos reposan en entidades judiciales.
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