Jorge Yunda pierde sus derechos políticos por tres años

El 4 de octubre de 2021, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres, falló a favor del alcalde de Quito, Santiago Guarderas, en la denuncia que interpuso contra el exalcalde Jorge Yunda.

Guarderas denunció a Yunda por una falta electoral muy grave al haberse mantenido en la Alcaldía a pesar de que el TCE había ratificado la legalidad del proceso de remoción que el Concejo Metropolitano aprobó en su contra el 3 de junio de 2021.

En su sentencia, Torres declaró a Yunda como responsable de la "infracción electoral muy grave tipificada en el artículo 279.12 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, al haber incumplido la resolución, con fuerza de sentencia, dictada por el Pleno del TCE en la causa N° 272-2021-TCE debidamente ejecutoriada el 8 de julio de 2021".

Además, el juez sancionó a Yunda con "tres años de suspensión de derechos de participación y multa equivalente a 50 salarios básicos unificados que serán depositados en los siguientes 30 días".

Esta cifra equivale a USD 20.000, pues el salario básico se ubica en los USD 400.

Al ser una sentencia de primera instancia, Yunda puede apelar para que el Pleno del TCE ratifique o deje sin efecto el fallo de Torres.

Sanciones a jueces

En la decisión del juez Ángel Torres no consta únicamente la sanción a Yunda, sino también a los jueces que allanaron el camino para que, en su momento, retome la Alcaldía.

Torres declaró a la jueza María Belén Domínguez y los jueces de la Corte Provincial de Pichincha, Raúl Mariño y Cenia Solanda responsables de haber incurrido en falta electoral grave al haber dictado sentencias que se superponían con la actuación del TCE y facilitaron la indebida permanencia de Yunda como alcalde de Quito.

En el caso de Domínguez, deberá pagar una multa de 25 salarios básicos unificados (USD 10.000) en los próximos 30 días.

Mientras que los jueces de la Corte Provincial de Pichincha, Raúl Mariño y Cenia Solanda, fueron destituidos de sus cargos.

Hay que recordar que el 28 de junio de 2021, Domínguez emitió una acción de protección a favor de Yunda en la que acusó a los integrantes de la Comisión de Mesa de vulnerar sus derechos de imparcialidad.

Esa comisión estuvo integrada por los concejales Santiago Guarderas, Fernando Morales, Analía Ledesma y Mónica Sandoval. Ellos elaboraron el informe que derivó en la remoción de Yunda.

La decisión de Domínguez fue ratificada el 30 de julio por Mariño y Solanda, quienes decidieron que Yunda retome el cargo de Alcalde.

Estas decisiones ocasionaron que el Municipio de Quito atravesara una crisis institucional que fue solventada por la Corte Constitucional el 29 de septiembre.

Ese día, el máximo organismo de interpretación constitucional dio paso a la acción extraordinaria de protección que Guarderas interpuso en contra de los tres jueces citados por haber vulnerado sus derechos al no haber sido juzgados por jueces competentes.

Con esa decisión, Guarderas reasumió el cargo que ya lo había ejercido entre el 19 y el 30 de julio.