La mayoría de inmigrantes que llega a Nueva York proviene de Latinoamérica, sobre todo, de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.
La mayoría de los inmigrantes que ha llegado a Nueva York buscan solicitar asilo en Estados Unidos, pero no puede pagar a un abogado, según los resultados de una encuesta presentados hoy por la ONG Se Hace Camino.
La encuesta "Desplazados y desconectados", la primera que se realiza a inmigrantes que están en refugios de la ciudad, reveló que un 93 % de ellos dijo no poder pagar los servicios de un abogado que les asesore en su proceso de regularización.
Además, un 97% no tiene el permiso de trabajo que exigen las autoridades a los extranjeros, por lo que no ha podido insertarse en el mercado de trabajo legalmente.
Esa es una realidad que vienen criticando con insistencia el alcalde Eric Adams y la gobernadora Kathy Hochul, que atribuyen esa responsabilidad al Gobierno de Joe Biden.
Ambos han pedido al Presidente que acelere los trámites para que los inmigrantes puedan trabajar y así aliviar la crisis humanitaria, pero también financiera debido al flujo de inmigrantes a los que proveen albergue, comidas y educación.
Un costo para Nueva York
Esos servicios han costado USD 1.200 millones a las arcas municipales, principalmente.
La encuesta -que reúne una gran muestra, pero no tiene carácter científico- también indica que el 93% de los consultados no puede salir de los albergues porque no cuenta con suficiente dinero y porque su estatus legal no reúne los requisitos para los bonos de vivienda.
El 58% de los entrevistados -de los que cuatro de cada 10 es menor de 30 años- dijo que no puede pagar las cuentas médicas o tener acceso a servicios de salud gratis. Y el 63% no tiene acceso a clases de inglés.
Un 65% de los consultados es venezolano -como la mayoría de los que ha llegado con esta ola de inmigrantes- mientras que un 14% provienen de Colombia, 9% de Ecuador y 5% de Perú, entre otros países con menores porcentajes.
El informe hace recomendaciones al Gobierno federal para acelerar los permisos de trabajo y ampliar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que permite a los que reúnen los requisitos vivir y trabajar legalmente en el país sin temor a la deportación mientras dure el proceso, y permiso para viajar y regresar al país.
A la ciudad propone que se asignen 70 millones de dólares para servicios legales de inmigración, 100 millones por año para ampliar el NYC Care, un programa de salud sin coste o a bajo coste y que se amplíen los vales de vivienda sin importar el estatus migratorio del recipiente.
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