Arquitectura del poder absoluto

Las democracias contemporáneas no suelen derrumbarse en un solo acto violento. Se erosionan. Se vacían desde dentro. Son el resultado de una arquitectura de control que se levanta ladrillo a ladrillo bajo apariencia de legalidad, hasta que los contrapesos sobreviven solo en el papel.

En el Ecuador de Daniel Noboa, los planos de esa construcción están a la vista.

1. La palabra disciplinada

El primer pilar es el control del relato.

No hace falta clausurar redacciones ni encarcelar periodistas. Basta con asfixiar de distintas maneras a los incómodos mientras se irriga —con pauta oficial— a estructuras comunicacionales que actúan como amplificadores del poder. Medios convertidos en plataformas de validación, no de fiscalización.

La prensa crítica enfrenta auditorías, presiones administrativas —como el caso de diario Expreso—  y campañas de desprestigio; la prensa alineada recibe publicidad, acceso privilegiado y narrativa exclusiva. El resultado es la censura y la autocensura que pretende domesticar a la prensa.

Cuando desde Carondelet se define qué voz es legítima y cuál es “enemiga”, no se busca solo silencio: se busca obediencia.

2. La justicia alineada

El segundo pilar es la justicia moldeada.

El Consejo de la Judicatura está presidido por Damián Larco, exfuncionario del Ejecutivo y militante visible de ADN. En su paso por el Servicio de Rentas Internas se dio de baja la deuda millonaria de una empresa de la familia Noboa y se inició una investigación tributaria contra Diario Expreso, señalada por su defensa como una acción de hostigamiento.

La independencia no se presume; se demuestra.

¿Cómo esperar independencia de un órgano disciplinario de jueces encabezado por un funcionario que ha exhibido públicamente su afinidad política con el presidente?

El caso del juez Carlos Serrano evidenció lo frágiles que pueden ser las garantías para quienes incomodan. En paralelo, la llegada de Carlos Alarcón como fiscal subrogante, tras la designación diplomática de Diana Salazar, consolidó el control operativo sobre expedientes sensibles.

Así, la justicia se vuelve veloz contra los adversarios —el allanamiento y detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, encaja con precisión quirúrgica en este contexto— y sorprendentemente diligente para archivar asuntos incómodos para el círculo presidencial.

El caso impulsado por Yaku Pérez contra Lavinia Valbonesi, relacionado con una donación previa a la concesión ambiental del proyecto Loma Larga a la empresa canadiense Dundee Precious Metals, fue archivado en tiempo récord: menos de tres meses desde la denuncia y apenas días después de que Alarcón asumiera la subrogación.

3. El Legislativo como escudo y lanza

El tercer pilar demuestra también la discrecionalidad y el juego en favor de los intereses del Ejecutivo.

Mónica Palacios, asambleísta de la RC, fue suspendida de sueldo y funciones por tres meses,  por querer llevar a Asamblea el asunto de Valbonesi y Dundee Precious Metals. Sus coidearios Ronald Gonzáles y Roberto Cuero también fueron castigados. Este último, por “proferir expresiones de carácter ofensivo descalificador” contra Sergio Peña.

La ironía es brutal.

Peña mantiene en redes sociales un discurso sistemáticamente agresivo contra cualquier ciudadano que lo cuestione. Sus intervenciones, especialmente contra mujeres, están cargadas de tanta misoginía  y vulgaridad que ni siquiera merecen ser reproducidas aquí.

Contra él, ni una sola sanción.

Ese doble estándar no es anecdótico: es funcional. Más allá de que ciertos casos puedan requerir sanciones, cuando estas se aplican de forma tan discrecional es inevitable ver el doble rasero que impide al Legislativo ser contrapeso para convertirse en escudo político del Ejecutivo.

No es su única función; también actúa como punta de lanza para hacer el trabajo sucio: montar el espectáculo, alimentar el distractor y profundizar la polarización que resulta funcional a un modelo de gobierno que necesita conflicto permanente para cohesionar a los propios y deslegitimar a los críticos. En ese camino, también los blindan.

La Comisión de Transparencia, presidida por Diana Jácome, bloqueó el juicio político contra Inés Manzano y Roberto Luque por los contratos con ATM y Progen, que costaron al menos 200 millones de dólares sin generar un solo megavatio adicional. El mensaje fue inequívoco: cuando los cuestionamientos tocan al oficialismo, el filtro parlamentario se activa.

Su utilidad no termina en el blindaje.

El organismo fue pieza clave para aprobar leyes que posteriormente serían declaradas inconstitucionales, decisión que luego serviría de pretexto para que el Ejecutivo emprendiera una campaña de deslegitimación contra la Corte Constitucional.

Una de ellas, la Integridad Pública, que sirvió de base para que la deuda de las Exportadora Bananera Noboa pasara de más de 94 millones de dólares a cero. Otra fue la de Solidaridad. Y de manera parcial, la de Inteligencia, que otorgaba facultades casi ilimitadas a las agencias estatales para interceptar comunicaciones, acceder a datos personales y exigir colaboración obligatoria a empresas y ciudadanos sin autorización judicial previa.

La arquitectura del control tampoco termina ahí.

4. El CPCCS y los árbitros del poder

El cuarto pilar es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El órgano que designa a las autoridades de control no es un actor menor: allí se eligen a funcionarios clave, como Superintendente de Compañías o de Bancos, y al Fiscal General, entre otros.

Cuando el CPCCS responde a alineamientos políticos sin transparencia e independencia, lo que se condiciona no es solo un nombramiento, sino el futuro de la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y otras instancias que deberían vigilar al poder. Controlar el CPCCS es anticiparse a cualquier fiscalización incómoda.

Hoy ese organismo está presidido por Andrés Fantoni. Bajo su liderazgo, el pleno inadmitió las cinco impugnaciones que se presentaron contra Mario Godoy para presidir el Consejo de la Judicatura. En al menos dos de ellas, advertía falta de probidad y falta de idoneidad y se citaban presuntos vínculos con el narcotráfico e irregularidades en sus actuaciones frente al organismo.

Una de las más polémicas fue la que involucró a la jueza Nubia Vera, quien concedió una acción de protección a Verónica Abad, entonces Vicepresidenta de la República, enfrentada a Daniel Noboa. Esta decisión, anulaba la cuestionada sanción interpuesta por el Ministerio de Trabajo que suspendía a Abad por 150 días sin sueldo.

Vera denunció que había sido presionada por Godoy para fallar en contra de Abad e incluso presentó en la fiscalía un pendrive con la información que supuestamente demostraba que el entonces presidente de la Judicatura, Mario Godoy, la habría presionado para cambiar la sentencia con la que le devolvió las funciones a Abad. Aunque Vera firmó posteriormente un documento despidiéndose, la acusación es lo suficientemente grave, como para requerir una investigación independiente, sin embargo ha pasado más  de un año sin ningún avance.

Bajo la dirección de Fantoni se emitió además un reglamento para la designación de Fiscal General, un puesto clave en el estado, que ha generado preocupación por eliminar, por ejemplo, la prohibición de participar a quienes hayan sido abogados particulares de personas vinculadas a estructuras criminales, llamadas a juicio o condenadas por delitos de crimen organizado, terrorismo, genocidio, sicariato, entre otros.

5. El sistema electoral administrado

El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral no solo organizan comicios; definen los límites de la competencia democrática. Son los árbitros. Y cuando las decisiones disciplinarias o sancionatorias parecen aplicarse con distinto rasero, la equidad del proceso entra en cuestión.

En el más reciente, vimos a candidatos a legisladores por ADN, como Jorge Chamba y Yadira Bayas — ambos electos y en funciones— entregando racimos de plátano verde y cocinas de inducción, respectivamente, en nombre del candidato presidente. Ninguno fue sancionado a pesar de que estaban incumpliendo la ley.

Tampoco enfrentó consecuencias el entonces candidato presidente Daniel Noboa, quien, pese a la prohibición constitucional de realizar campaña para su reelección sin encargar previamente el cargo, participó activamente en actividades proselitistas sin que aquello derivara en una sanción que alterara su situación electoral.

En contraste, figuras de oposición, como Pabel Muñoz o Viviana Veloz, sí enfrentaron decisiones sancionatorias o procesos que impactaron directamente su escenario institucional y electoral.

Más allá de la valoración jurídica específica de cada caso, el contraste es políticamente significativo. Cuando unas conductas no generan consecuencias y otras sí —especialmente si el patrón coincide con alineamientos políticos.

El engranaje final: la burocracia obediente

Nada de esta estructura opera por inercia. Funciona porque alguien la orienta.

El Ministerio de Trabajo intervino para impedir que Alexandra Villacís reemplazara a Mario Godoy en la Judicatura; con la misma celeridad, antes había operado para dar de baja un impedimento similar que pesaba contra Álvaro Rosero, para permitirle posesionarse como ministro, como había sido anunciado. Eso no ocurrió pero la tarea quedó hecha.

El Servicio de Rentas Internas activó un proceso administrativo contra diario Expreso —sospechosamente, ocurrió bajo el mando de Larco, hoy frente a la Judicatura, de acuerdo a lo que dijo uno de los periodista del diario, Martín Pallares — mientras otras decisiones tributarias beneficiaban intereses vinculados al entorno presidencial.

Las normas no desaparecen; se aplican estratégicamente.

Cuando la comunicación se disciplina, la justicia actúa con velocidades distintas, la Asamblea blinda a los propios y castiga a los incómodos, el CPCCS nombra a quién tendrá mañana la facultad de investigar, sancionar o archivar desde la Fiscalía, la Contraloría y las Superintendencias actúan bajo sospecha de alineamiento con los intereses de Carondelet ; y el sistema electoral no mide a todos los actores con la misma vara, hay que preocuparse, pues se hace evidente que esa arquitectura no es abstracta.

Tiene beneficiario.

Y ese beneficiario es Daniel Noboa.

Ese es el punto más delicado. No se trata de una pugna ideológica ni de un conflicto entre oficialismo y oposición. Se trata de la concentración progresiva de herramientas estatales en torno a una sola figura. Cuando el aparato público —comunicación, justicia, control político, autoridades de fiscalización y árbitros electorales— converge en proteger, sostener o ampliar el poder de un presidente, el riesgo ya no es para un sector.

Es para todos.

Porque ningún ciudadano —ni empresa, como lo muestra el caso de Expreso—  está a salvo en un sistema donde las reglas pueden modularse según conveniencia política. Hoy puede ser un opositor, un alcalde, una legisladora o un medio de comunicación. Mañana puede ser cualquier actor que resulte incómodo.

La arquitectura del poder absoluto no se anuncia. Se normaliza.

Y cuando se consolida, el problema no es quién gobierna, sino que el Estado deja de servir a los ciudadanos para servir a quien gobierna.