Fiscalización define los plazos del juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano
La Comisión de Fiscalización convocó a una sesión para la tarde de este 13 de julio, con el fin de tratar dos puntos sobre el juicio político a Inés Manzano, y el correísmo pide la intervención presencial de la exministra y no a través de sus abogados.
Inés Manzano, exministra de Energía, en un evento de rendición de cuentas el 9 de abril de 2026.
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Transcurridos los 15 días para que la exministra de Energía, Inés Manzano, presente las pruebas de descargo por el juicio político planteado en su contra por Revolución Ciudadana (RC), la Comisión de Fiscalización retoma el proceso este 13 de julio de 2026.
El presidente de la mesa Legislativa, Ferdinan Álvarez, de Acción Democrática Nacional (ADN), llamó a una sesión presencial para las 17:30 para tomar dos decisiones y continuar con la fiscalización:
- Conocer el cronograma tentativo de actuación de pruebas.
- Resolver sobre la incorporación de nueva prueba, así como tratar la prueba de oficio.
El juicio político fue planteado por los legisladores correístas Blasco Luna y Lenin Barreto por un presunto incumplimiento de funciones de Manzano, mientras se desempeñó como ministra de Energía.
Los asambleístas de oposición hablan de presuntas omisiones cometidas por Manzano en la contratación de Austral Technical Management (ATM), empresa que entregó al país generadores eléctricos usados y defectuosos.
Ese contrato fallido -en plena crisis eléctrica de 2024- habría generado pérdidas al país cercanas a los USD 70 millones.
Correísmo alerta ausencia
Previo a la sesión de Fiscalización, la bancada de Revolución Ciudadana hizo un serie de alertas sobre el desarrollo de la jornada inicial del juicio político.
Por un lado, los correístas pidieron que la sesión se desarrolle en una sala más grande, porque por la expectativa que genera este proceso se espera una gran afluencia de legisladores de RC y ADN en la sala.
Además, aseguraron que Inés Manzano supuestamente "pretendería enfrentar el proceso de fiscalización únicamente a través de sus abogados".
Los correístas reconocen que es posible la presencia de abogados durante el juicio político, pero recordaron que la Ley de la Función Legislativa señala que "el funcionario cuestionado debe ejercer personalmente su defensa y presentar sus pruebas de descargo".
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