Misión Internacional exige sanear o anular el concurso para Fiscal General en Ecuador

La Misión Internacional de Observación constató graves anomalías en la selección del titular de la Fiscalía General del Estado y exige al Consejo de Participación Ciudadana un saneamiento urgente del proceso, en un informe presentado este miércoles, 8 de julio de 2026, en Quito.

Los expertos proponen fijar un calendario definitivo para elegir a la autoridad antes de noviembre de 2026, evitando así daños a la legitimidad institucional.

La Misión Internacional de Observación (MIO) presentó sus recomendaciones preliminares frente a la paralización del concurso para designar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.

• ¿Qué pasa con el concurso para nuevo Fiscal, en medio de las elecciones del CPCCS, un posible referendo y un nuevo estancamiento?

Durante su visita al país, los delegados Jaime Arellano y José Antonio Guevara constataron una supuesta falta de transparencia, problemas en el cumplimiento de los plazos y la ausencia de una reglamentación permanente que rija el proceso. 

Los escenarios 

Estas presuntas irregularidades motivaron a los expertos a plantear dos escenarios posibles para resolver la crisis institucional que atraviesa la selección.

El primer escenario sugiere anular el proceso actual y retrotraerlo hasta la fase de emisión del reglamento respectivo, debido a los cuestionamientos detectados. Sin embargo, la organización internacional reconoce que esta medida prolongaría la presencia de una autoridad encargada en la Fiscalía, lo cual deslegitima el cargo y pone en riesgo la imparcialidad del sistema judicial ecuatoriano.

Por ello, los delegados instan a ejecutar un saneamiento urgente que garantice el pleno respeto de los estándares internacionales aplicables a las altas autoridades de justicia.

En caso de optar por el saneamiento, la misión considera necesario aprobar un nuevo calendario para elegir a la persona titular antes de las elecciones seccionales de noviembre de 2026, comicios en los que también se renovará al CPCCS.

Este nuevo cronograma, según el MIO, deberá establecer plazos claros e improrrogables que protejan la seguridad jurídica y eviten modificaciones arbitrarias a mitad del procedimiento. La fijación de términos estrictos busca impedir que el ambiente electoral contamine las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, limitando así la influencia de los cálculos políticos.

Otra acción correctiva indispensable, sugerida por la Misión, es la revisión rigurosa de las objeciones presentadas durante la calificación y recalificación de méritos. La organización documentó inconsistencias técnicas, como la contabilización doble de un mismo documento para distintos conceptos y la aceptación de declaraciones juradas en formularios incorrectos.

Ante estos hechos, se exige generar una nueva rúbrica de calificaciones y garantizar el libre acceso ciudadano a todos los expedientes de las personas postulantes a través de la plataforma del organismo competente.

Para la etapa final, la MIO sugiere una entrevista pública en vivo donde el postulante exponga su propuesta de trabajo. Expertos evaluarán estas ponencias mediante preguntas transversales para verificar los verdaderos objetivos y su respectiva viabilidad legal

El informe se presentó luego de que la Comisión Ciudadana de Selección solicitara al CPCCS suspender el concurso para Fiscal General, el 1 de julio, al señalar que la falta de respuesta del pleno a sus requerimientos impide continuar con el proceso.