Caso Caja Chica se suma a los procesos que acorralan a las figuras de la Revolución Ciudadana

El Ejecutivo, a través de la Agencia de Regulación y Control de Energía, interpuso una denuncia contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. La investigación señala a una supuesta organización dedicada a la distribución irregular de combustibles subsidiados.

La Fiscalía denominó la trama como Triple A, aparentemente en referencia a los nombres relacionados con los miembros de la familia Alvarez, quienes fueron vinculados, junto a sus colaboradores y empresas. El Alcalde fue presidente y gerente de varias de las firmas investigadas antes de llegar a su cargo.

Aunque la Revolución Ciudadana reniege de Lenín Moreno y este se haya alejado del correísmo, el exmandatario es acusado de presunto cohecho, cometido entre 2010 y 2018. Es decir, mientras fue Vicepresidente, Embajador en Ginebra y Presidente, todos cargos conseguidos con el correísmo. 

Según la teoría inicial, Sinohydro, empresa china, pagó esos sobornos por USD 76 millones, a cambio de que se direccionará la firma del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a su favor, así como el financiamiento de la obra a favor del EximBank, de China.

El exlegislador correísta Santiago Díaz Asque fue denunciado por una presunta violación a una niña de 12 años, en ese entonces las autoridades allanaron su domicilio pero él huyó de la justicia.

El 13 de julio de 2025, la Fiscalía anunció una recompensa de USD 100.000 por información sobre su paradero. Finalmente Díaz perdió su curul, fue separado de la Revolución Ciudadana y se entregó a las autoridades. En noviembre de 2025 se realizó el llamamiento a juicio.

inicialmente, la Fiscalía procesó a los entonces vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS): Augusto Verduga, Eduardo Franco y Yadira Saltos, que fueron parte de la campaña de la 'Liga Azul' impulsada por el correísmo para que lleguen a sus cargos.

Presuntamente, habrían incurrido en el delito de asociación ilícita, para influenciar en la designación de autoridades. Luego fueron vinculados Andrés Arauz (foto), excandidato presidencial; y Esther Cuesta, exasambleísta. La audiencia preparatoria de juicio fue diferida el 28 de enero de 2026.

A finales de junio de 2025 llegó el final de un largo proceso judicial contra el ex vicepresidente Jorge Glas y Carlos Bernal, expresidente del Comité de Reconstrucción. Ambos fueron sentenciados como coautores de peculado, ya que no firmaron los contratos irregulares, y deberán cumplir la pena máxima: 13 años de cárcel.

Pese a las denuncias del correísmo por una supuesta persecución política contra Glas, en el proceso se probó el abuso de fondos públicos recaudados con la Ley de Solidaridad. Y esto solamente fue posible después de que Daniel Noboa ordenara el asalto a la Embajada de México en Quito, para detener al exmandatario.

El exlegislador correísta, Ronny Aleaga, que escaló en las filas del movimiento desde cuando pertenecía a la banda de los Latin Kings. Llegó a la Asamblea Nacional en 2017 como suplente y, tras la destitución de Sofía Espín, fue principalizado.

Sin embargo, a finales de 2023, con el estallido del caso Metástasis, su nombre apareció en los chats del narcotraficante Leandro Norero, en una investigación por delincuencia organizada. Según la investigación de la Fiscalía, Aleaga tenía la función de "lograr la impunidad" de los actores del grupo delincuencial, utilizando su curul, su puesto en el Consejo de Administración Legislativa y su silla en la Comisión de Fiscalización.

El juicio llevado a cabo en Miami mantuvo la atención del país en las confesiones del excontralor estrella del correísmo, Carlos Pólit, quien fue declarado culpable de los seis cargos que se le imputaban por conspiración por lavado de activos relacionada con el cobro de sobornos para desvanecer glosas en grandes obras de la década correísta.

Ahí también declaró Diego Sánchez, que confesó otro esquema de corrupción, facilitado por Pólit y el entonces ministro del Interior, José Serrano, en Seguros Sucre, una empresa incautada por el Estado que, durante más de 10 años, mantuvo el monopolio de los seguros de las instituciones públicas.

El exvicepresidente Jorge Glas también tuvo que enfrentar una denuncia por acoso y violencia psicológica de su exasistente Soledad Padilla, quien fue militante de la Revolución Ciudadana y trabajó con el exmandatario durante 17 años.