El correísmo denuncia a la fiscal que investiga el caso Caja Chica por presunto fraude procesal
El correísmo enfrenta una suspensión de nueve meses, que lo dejaría prácticamente fuera de la papeleta de las elecciones seccionales, pero no se da por vencido y asegura que se cometieron dos delitos en contra de la Revolución Ciudadana.
Gabriela Rivadeneira en la sede de Revolución Ciudadana en Quito, el 7 de mayo de 2026.
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Roberto Rueda/ PRIMICIAS
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La Revolución Ciudadana (RC) está resignada a no constar en la papeleta de las elecciones seccionales del 29 de noviembre, pero asegura que quiere que los presuntos responsables de esta exclusión sean investigados y llevados ante la justicia.
Su presidenta nacional Gabriela Rivadeneira y el abogado Gabriel Rivera acudieron el miércoles 13 de mayo de 2026 a la Fiscalía, para que se investigue a la propia institución por el presunto delito de fraude procesal.
La denuncia fue presentada en contra de la fiscal Judith Bonilla, que actúa como delegada del fiscal General del Estado, Carlos Alarcón, en la investigación de un presunto esquema de delincuencia organizada y lavado de activos en el que son indagados altos dirigentes del correísmo.
El caso ha sido denominado Caja Chica e involucra el supuesto ingreso ilegal de dinero proveniente de Venezuela, que habría sido usado para financiar la campaña presidencia de Luisa González y Andrés Arauz en 2023.
¿Por qué se denuncia a la fiscal?
El 4 de marzo de 2026 el fiscal Alarcón y Bonilla ingresaron un oficio al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) informando del inicio de la investigación al movimiento Revolución Ciudadana.
En el documento, pidieron que mientras se desarrollen las indagaciones se aplique el articulo 374 numeral 3 de la Ley de Elecciones, que establece suspensión de hasta 24 meses por investigaciones de lavado de activos.
El TCE acogió el pedido y el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) lo ratificó retirando la personería jurídica al correísmo por nueve meses.
Para Rivadeneira el pedido se lo habría hecho de forma "ilegal", porque afecta el derecho de participación política. Además, se habría configurado el delito de asociación ilícita, según la dirigente del Correísmo.
Esta no es la primera vez que RC cuestiona la legalidad del pedido de Fiscalía. El 8 de abril solicitó al TCE que deje sin efecto la suspensión bajo el argumento de que podía ser solicitada únicamente por Alarcón y no por otra persona.
El Tribunal Contencioso negó la solicitud y dispuso volver a poner el conocimiento del correísmo el oficio que fue firmado por el propio fiscal General del Estado, Carlos Alarcón, en el que pide la aplicación de la suspensión.
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