Dos leyes aprobadas por la mayoría oficialista y una más en trámite que evocan la vieja fórmula de las ‘trole'
En medio del Estado de excepción que vive Ecuador, el Ejecutivo remitió tres leyes urgentes al Legislativo. El oficialismo ha incorporado una serie de reformas de temas diversos en cada una.
Parte de los legisladores de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), en sesión plenaria de la Asamblea Nacional, el 2 de julio de 2025.
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Después de la dolarización, en 2000, el entonces presidente Gustavo Noboa remitió al Congreso la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, que pasó a la historia como la primera ley 'trole', para implementar la dolarización, después de la caída de Jamil Mahuad.
Con apenas 55 páginas, ese documento planteó 12 grandes bloques temáticos de reformas, desde cambios en los regímenes monetario y laboral, hasta la apertura a la inversión privada en sectores estratégicos. Sin contar las reformas puntuales a varias otras leyes y las disposiciones transitorias.
El apodo de leyes 'trole' viene de la comparación con los vehículos de transporte metropolitano, adquiridos por Mahuad, cuando era alcalde de Quito. Los denominados trolebuses que circulan en la capital tienen varios vagones, así como esas leyes contienen varios paquetes de reformas.
Posteriormente, hubo quienes calificaron de leyes 'trole' también a dos propuestas de Lenín Moreno. La primera, en 2018, que entró en vigencia como Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo.
Pero la segunda, que se llamaba proyecto de Ley para la Transparencia fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los sistemas monetario y financiero y manejo responsable de las Finanzas Públicas, fue archivada en 2019.
Después, Guillermo Lasso también intentó enviar una ley de características similares, denominada proyecto de Creación de Oportunidades, más conocida como la 'megaley', pero que ni siquiera pudo superar la calificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL), de mayoría opositora.
Un escenario similar plantean ahora los proyectos legales del presidente Daniel Noboa, que fluyen a través de la mayoría oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados en la Asamblea Nacional. Y, sin importar cuántos cambios haya, reciben posteriormente el beneplácito final del Primer Mandatario.
El último ejemplo es el proyecto económico urgente de Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas, que está en trámite. Aunque el proyecto original tenía apenas cinco artículos y una sola disposición, ADN añadió nuevos textos en el borrador del informe para primer debate incluyendo una reforma electoral, relacionada con la 'ley seca' en el fin de semana de las votaciones.
La polémica que surgió hizo que los legisladores de ADN echen para atrás y no la incluyan en el informe final. Sin embargo, sí "aprovecharon" —como dijo un asambleísta— para incorporar una disposición para incluir la remisión del pago de intereses, intereses por mora, costas judiciales y otros cargos derivados de operaciones crediticias con la Corporación Financiera Nacional (CFN).
Aunque el proyecto aún tiene que pasar el segundo debate y la revisión del Ejecutivo, podría seguir el mismo camino que las leyes urgentes anteriores, que llegaron rápidamente al Registro Oficial para su entrada en vigencia.
Las leyes 'trole' en vigencia
A finales de mayo de 2025, el presidente Daniel Noboa remitió un proyecto con reformas a la contratación pública, de 17 páginas. Un mes después, la Asamblea Nacional le devolvió un popurrí legal que cambió sus propuestas y aumentó 150 páginas, sumando múltiples reformas a una veintena leyes.
Se trata de la Ley de Integridad Pública, aprobada la por la mayoría oficialista, bajo el lema de la legisladora Valentina Centeno: "no hay tiempo que perder". Con ese argumento en mente, los asambleístas incluyeron cuánto tema quisieron, especialmente, en las disposiciones transitorias y reformatorias.
Al final, el texto, que fue aplaudido por el presidente Noboa y está en vigencia desde el 26 de junio, no solo amplió las reformas a la contratación pública, sino que incluyó una gran modificación a la Ley de Servicio Público.
Esto desató el descontento entre gremios y sindicatos del sector público, que plantearon cinco demandas de inconstitucionalidad al texto y amenazan con manifestaciones, si es que el Gobierno no da un paso atrás.
La Ley de Integridad terminó cambiado las compensaciones por retiro voluntario, el pago por despido intempestivo y la modalidad de evaluación en el sector público. A esto, los aportes de los demás legisladores le sumaron la polémica emergencia judicial, reformas penales, monetarias, judiciales, de movilidad humana, de cooperativas y hasta reformas al Código de la Niñez para juzgar como adultos a los menores de edad.
Algo similar, pero a menor escala, sucedió también con la nueva Ley de Solidaridad Nacional, que marca las reglas para el desarrollo de un conflicto armado no internacional en Ecuador, en vigencia desde el 10 de junio.
El presidente Noboa y sus legisladores aprovecharon para introducir varias reformas penales sobre temas de seguridad y de hidrocarburos, pero incluso reintrodujeron la 'tabla de drogas', que deberá ser creada por el Ministerio de Salud, la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura, para establecer nuevos parámetros y reemplazar los que eliminó el mismo Mandatario en noviembre de 2023.
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