Sin aliados en la Asamblea, el presidente Daniel Noboa busca un atajo en la Corte Constitucional

La relación entre el Gobierno y la Asamblea Nacional ha ido complicándose. El presidente Daniel Noboa rompió puentes con las bancadas más grandes, lanzando acusaciones generales e individuales contra las fuerzas legislativas.

Además, una olvidada enmienda constitucional sorprendió al Primer Mandatario al restarle poder a los vetos ejecutivos. Es decir, ahora la Asamblea requiere solo 70 votos para desechar las observaciones presidenciales. Y la oposición ya suma más de 80 curules.

Con este escenario por delante, el presidente Noboa decidió buscar un atajo para los vetos que considera relevantes: la Corte Constitucional. Aunque hay materias en las que ha preferido ni siquiera meterse y las ha bloqueado por un año, con una objeción total, como las reformas al Consejo de la Judicatura.

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Sin embargo, el Primer Mandatario ve en la Corte la posibilidad de obligar a la Asamblea a acatar un pronunciamiento constitucional. Pero, para ello, los magistrados deben primero darle la razón. 

Es por eso que los dos últimos proyectos legales, que han causado roces entre el Ejecutivo y el Legislativo, han recibido vetos parciales por inconstitucionalidad:

• Las reformas a la Seguridad Social.
  
• Las reformas a la Ley de Lavado de Activos.

En el primer caso, el Gobierno quería detener ciertas modificaciones aprobadas por los legisladores para el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de su Banco (BIESS).

El 12 de marzo, el pleno de la Asamblea votó el paquete de reformas; el 12 de abril, el Primer Mandatario emitió dos vetos, uno por inconstitucionalidad y uno por inconveniencia; y el 21 de mayo, la Corte Constitucional aceptó parcialmente el primero.

Por un lado, los magistrados no aceptaron el cuestionamiento sobre los nuevos miembros del Directorio, pero sí ordenó al Legislativo que garantice una representación paritaria de los sectores a los que representan sus integrantes.

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Además, el Parlamento debía realizar "una identificación plausible de las fuentes de financiamiento para costear los procesos de elección" de los vocales que representarán a empleadores y trabajadores.

Pese al pronunciamiento de la Corte, el informe de la Comisión del Derecho al Trabajo se ratificó en su reforma al Consejo Directivo del IESS, el 12 de junio, y el pleno la aprobó al día siguiente. Por lo que, el 21 de junio notificaron con el proyecto final al Ejecutivo, para su envío al Registro Oficial.

Sin embargo, el Gobierno envío un nuevo veto, el 19 de julio, posibilidad legalmente inexistente, ya que solo se puede vetar una vez cada proyecto. Y esto desató una pugna entre ambas funciones del Estado, que se acusan mutuamente de incumplir la Constitución.

Finalmente, la Asamblea ganó el pulso y las reformas a la Seguridad Social fueron publicadas y están vigentes. Por lo que el Ejecutivo amenazó con una demanda de inconstitucionalidad nuevamente ante la Corte.

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El segundo caso, o 'round', inició el 26 de julio y en el epicentro estuvieron las reformas a la Ley de Lavado de Activos. 

El presidente Noboa objetó parcialmente, por inconstitucionalidad, un artículo y una disposición general, que manda que el Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sea elegido por la Asamblea, de una terna paritaria remitida por el Ejecutivo y que cumpla con los requisitos establecidos.

Sin embargo, esta vez, el Legislativo acusó al Primer Mandatario de haber remitido el documento fuera de plazo, por lo que envió las reformas al Registro Oficial y estas fueron publicadas la tarde de este 29 de julio. Es decir, ya están en vigencia.

Mientras tanto, el presidente Noboa dijo que la Asamblea no tenía fundamentos para sostener su acusación. Pero ahora solo le queda la posibilidad de acudir nuevamente a la Corte Constitucional, con una demanda, para intentar frenar las intenciones del Legislativo.

Es así que Carondelet mantiene como única esperanza el criterio de los magistrados, para hacer prevalecer sus objeciones y teorías por sobre las decisiones de la Asamblea Nacional, que tiene un frente de oposición mayoritario y, de momento, consolidado.