Más allá de Sobornos y Metástasis: Estos son los 22 casos que lideró Diana Salazar como fiscal general de Ecuador

Una de las investigaciones más significativas durante la gestión de Salazar fue el caso Metástasis, que reveló una red de corrupción en el sistema judicial ecuatoriano. La Fiscalía vinculó a jueces y funcionarios judiciales, acusados de colaborar con organizaciones criminales para manipular procesos legales en beneficio de narcotraficantes.

Derivado del caso Metástasis, el caso Purga expuso una red de manipulación judicial en Guayas. La Fiscalía procesó a 25 personas, incluidos jueces, funcionarios del Consejo de la Judicatura, de la Corte Provincial de Guayas y el exasambleísta Pablo Muentes, por presuntamente obtener sentencias favorables a cambio de sobornos. Se revelaron chats que evidencian la manipulación de sorteos de causas y favores judiciales a cambio de beneficios personales.

Este caso reveló una red de corrupción judicial en la que jueces, abogados, policías y funcionarios del sistema penitenciario presuntamente colaboraban para liberar a personas privadas de libertad a cambio de sobornos. La Fiscalía procesó a 31 personas por delincuencia organizada, de las cuales 15 aceptaron su culpabilidad y recibieron sentencias reducidas gracias a procedimientos abreviados y cooperación eficaz.

La Fiscalía investigó un presunto esquema de corrupción en la administración pública y empresas estatales, que involucraba a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Se revelaron supuestos manejos indebidos de empresas públicas y decisiones a cambio de sobornos. En este caso se vincularon nombres como Hernán Luque Lecaro, Xavier Jordán y Nain Massuh. Además, se vinculan chats con el narco fallecido Leandro Norero.

Esta investigación se centró en la presunta interferencia de actores políticos y judiciales en el sistema de justicia. La Fiscalía indagó sobre la posible injerencia en procesos judiciales y disciplinarios, afectando la autonomía de jueces y fiscales. En este caso el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, alias 'El Diablo', recibió una sentencia de nueve años y cuatro meses de prisión, junto a 10 procesados más.

La Fiscalía investigó irregularidades en la asignación y ejecución de fondos destinados a la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016. Se detectaron sobreprecios y contratos adjudicados de manera irregular. El exvicepresidente, Jorge Glas y Carlos Bernal fueron llamados a juicio por este caso.

La Fiscalía procesó a los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS): Augusto Verduga, Eduardo Franco y Yadira Saltos. Presuntamente, habrían incurrido en el delito de asociación ilícita, en el marco de varios hechos relacionados con ese organismo. Antes de irse, la fiscal pidió que se vincule a este caso también a Andrés Arauz, secretario de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, exasambleísta correísta y Raúl González, exsuperintendente de Bancos. 

Este caso involucra a la empresa china Sinohydro en presuntos actos de corrupción relacionados con la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. La Fiscalía indaga sobre pagos indebidos y sobreprecios en la ejecución del proyecto. La investigación sigue en curso e involucra al expresidente de la República, Lenín Moreno, familiares y empresarios amigos.

La Fiscalía procesó a vocales del Consejo de la Judicatura por presuntas irregularidades en la designación y evaluación de jueces y fiscales. Se investigan posibles actos de corrupción y tráfico de influencias en el sistema judicial. En este caso, dos vocales fueron llamados a juicio.

En este caso se procesa al hijo de la ex vicepresidenta Verónica Abad, por el presunto delito de oferta para realizar tráfico de influencias. Según Fiscalía, Sebastián Barreiro habría solicitado dinero a cambio de gestionar cargos públicos en la Vicepresidencia de la República. 

En este caso se vinculó a Pablo Celi y Luis Miño, excontralor y exdirector de Responsabilidades en la Contraloría, por el presunto delito de tráfico de influencias. Fiscalía sostiene que se manipuló información y personal para dar de baja glosas en contra de una empresa de telefonía móvil.

La fiscal dispuso la investigación de una presunta red narcodelictiva liderada por el albanés Dritan G.; el argentino, Mario S; y el ecuatoriano, Carlos G., quienes habrían creado empresas y utilizado otras para ocultar el origen ilícito del dinero y fusionar activos ilegales del narcotráfico con compañías de exportación de productos agrícolas, compra-venta de bienes inmuebles, producción de cárnicos y cannabis.

Este caso implicó al expresidente Rafael Correa y otros altos funcionarios en un esquema de financiamiento ilegal de campañas políticas a cambio de contratos estatales. Salazar presentó pruebas que llevaron a la condena de Correa y varios excolaboradores por cohecho, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción en el país. Este es el caso de más alto perfil liderado por Salazar.

Se investigó el presunto delito de asociación ilícita por el círculo cercano a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, quien habría ordenado cargos y demás actividades ilícitas dentro de la función judicial. Asesores fueron sentenciados a penas mínimas tras haberse atenido a la cooperación eficaz. 

Es una investigación por el presunto delito de lavado de activos en contra de una abogada guayaquileña, supuestamente, cercana al expresidente Rafael Correa. Según la Fiscalía, se movieron USD 22,4 millones en el sistema financiero. 

Se trata de una investigación contra el alcalde de Guayaquil,  Aquiles Alvarez, por el supuesto delito de comercialización ilegal de combustibles. La Fiscalía ha solicitado fijar fecha para la revisión de medida cautelares, pues el alcalde no ha acatado una orden de uso de grillete electrónico.

La Fiscalía investigó una red de corrupción en la Contraloría General del Estado, donde altos funcionarios exigían sobornos a cambio de desvanecer glosas y auditorías. El excontralor Pablo Celi fue procesado y condenado por su participación en estos actos ilícitos.

Salazar lideró la acusación en este caso que investigó irregularidades en la adjudicación del campo petrolero Singue. El proceso involucró a exministros y funcionarios del sector energético, quienes fueron procesados por peculado y otros delitos relacionados con contratos petroleros. También involucró al exvicepresidente Jorge Glas.

Fiscalía acusó a la empresa brasileña Odebrecht por presuntamente pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos para obtener contratos gubernamentales, especialmente en el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Ocho personas fueron sentenciadas, entre ellas, el exvicepresidente Jorge Glas.

Este caso reveló una trama de inversiones fraudulentas que afectaron al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). La Fiscalía, bajo la dirección de Salazar, procesó a varios exfuncionarios y empresarios por delitos financieros que comprometieron los fondos de pensiones de los policías. En este caso se investiga el desvío de aproximadamente USD 900 millones de las cuentas del Isspol y se señaló a Jorge Chérrez.

Investigación de actos de corrupción en la adquisición de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19, procesando a Daniel Salcedo y otros funcionarios por peculado y otros delitos relacionados. Salcedo también estuvo vinculado en el caso Metástasis y fue sentenciado a 40 meses de cárcel al aceptar que fue una especie de 'asesor' del narcotraficante Leandro Norero.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de tres años de prisión contra el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, por el delito de abuso sexual. Este caso nació en la pandemia de Covid-19, el 16 de mayo de 2021. Carrión fue detenido luego del escándalo en la casa de Mauro Falconí, exministro de Salud, las imágenes captadas en las cámaras de seguridad fueron de dominio público, sobre una reunión desarrollada en medio del toque de queda.