Caso Sobornos: el proceso penal que involucra a Rafael Correa en "significativa corrupción", según EE. UU.

Los argumentos del Departamento de Estado de Estados Unidos para prohibir el ingreso de los exmandatarios, Rafael Correa y Jorge Glas, a ese país, coinciden con los de la Fiscalía General en el caso Sobornos 2012-2016.

Sin especificar el caso, el comunicado oficial del Gobierno de Joe Biden asegura que los dos funcionarios, militantes de la Revolución Ciudadana, estuvieron involucrados en actos de corrupción, abusando de sus posiciones para aceptar "coimas, incluidas contribuciones políticas a cambio de conceder contratos del Estado".

En el caso Sobornos 2012-2016, la Fiscalía acusó a Correa, Glas y otros funcionarios de ese Gobierno de haber recibido millones de dólares de empresas como la constructora brasileña, Odebrecht. Esos recursos fueron transferidos al movimiento Alianza PAIS, por orden de Correa sostuvo la Fiscalía.

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Una de las pruebas en ese proceso fue un cuaderno de apuntes de Pamela Martínez, quien fue asesora del expresidente, en el que anotaba los montos entregados por empresas privadas y que terminaron en las cuentas del movimiento oficialista de ese entonces.

Bajo este mecanismo, según la teoría de la fiscal Diana Salazar, esta red logró recaudar, al menos, USD 7,5 millones en cruce de facturas y algo más de un millón de dólares en dinero en efectivo.

Por eso, acusó a Rafael Correa y Jorge Glas como autores mediatos por instigación; y a otros funcionarios públicos y empresarios como coautores, autores directos y cómplices del delito de cohecho. 

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) sentenció a Correa y Glas a ocho años de prisión. Esa sentencia ha sido ratificada en todas las instancias nacionales. Para ellos, la sentencia también incluía:

• Colocación de una placa en la presidencia de la República.
• Expresión de disculpas públicas.
• Capacitación de 300 horas sobre ética laica.
• Pagó de USD 778.224,07, cada uno, como reparación al Estado.
• Pérdida de los derechos de participación.

Correa, que no ha cumplido la sentencia por estar prófugo en Bélgica desde 2018, también relacionó la decisión estadounidense con el caso Sobornos 2012-2016.

"Obvian que nadie en el mundo ha aceptado la sentencia por «influjo psíquico» y que cinco países han dado asilo político a los involucrados en el Caso Sobornos".

Rafael Correa, expresidente

Secuestro a Balda

Pero, Sobornos 2012-2016 no es el único caso judicial que enfrenta el expresidente Correa. En su contra, aún está pendiente un juicio por el intento de secuestro del activista político Fernando Balda, sucedido en Bogotá, en 2012.

La etapa de juzgamiento contra el exmandatario no se ha podido instalar, precisamente, porque está fuera del país. Desde 2018 pesa una orden de prisión preventiva contra el exmandatario por este caso.

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Quien si cumple actualmente una pena de 9 años por el plagio de Balda es el exsecretario de Inteligencia del correísmo, Pablo Romero.

En enero de 2024, la CNJ rechazó el recurso de casación interpuesto por el exfuncionario y ratificó la pena. Romero fue extraditado desde España en 2020.

Correa tiene algo más de 40 expedientes penales en la Fiscalía, la mayoría en etapa inicial de investigación previa. La causas más frecuentes que se atribuyen al exmandatario tienen que ver con supuesto peculado y tráfico de influencias.