Extradiciones truncadas en EE.UU.: el historial de Pólit, Mahuad, Serrano e Isaías anticipa el laberinto para Xavier Jordán
La justicia ecuatoriana formalizó la extradición de Xavier Jordán, pero la historia reciente evidencia que Estados Unidos es un muro casi infranqueable. Asilos, protecciones contra la tortura y juicios federales truncaron antes los retornos de Carlos Pólit, José Serrano, Jamil Mahuad y de los hermanos Isaías Dassum.
Xavier Jordán y su abogado en na foto difundida el pasado 22 de septiembre de 2025.
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El 14 de julio de 2026, la Corte Nacional de Justicia formalizó el pedido de extradición de Xavier Jordán desde Estados Unidos. La solicitud forma parte del caso Metástasis, un proceso penal que investiga el delito de delincuencia organizada.
Jordán es requerido por la justicia para que responda por este caso, que expuso una estructura de corrupción vinculada al narcotraficante Leandro Norero. La formalización del trámite de repatriación llega tras una larga espera desde que la Fiscalía inició el trámite.
Sin embargo, preliminarmente se advierte que el requerimiento judicial impulsado por Ecuador chocará contra severas barreras legales e instituciones que hacen de Estados Unidos un territorio prácticamente infranqueable.
Asilos políticos, juicios federales y protecciones humanitarias ya impidieron antes las extradiciones del excontralor
Carlos Pólit, el exiministro José Serrano, el expresidente Jamil Mahuad y los hermanos Isaías Dassum, dueños del desaparecido Filanbanco.
El asilo y la protección CAT
Xavier Jordán abandonó Ecuador el 2 de febrero de 2020 desde el aeropuerto de Guayaquil con rumbo a Miami. Su salida se produjo mientras era investigado por una presunta red de corrupción en la venta de insumos médicos para hospitales durante la pandemia. Desde entonces, radica en Estados Unidos, evadiendo tres órdenes de prisión preventiva en su contra.
Su defensa tomó precauciones anticipadas frente a la justicia. El abogado estadounidense Richard Díaz confirmó en enero de 2024 que Jordán solicitó asilo político a Estados Unidos. Este trámite migratorio sigue pendiente de resolución y se ha convertido en el principal candado para bloquear su entrega a las autoridades ecuatorianas por el caso Metástasis.
El abogado Díaz fue tajante sobre la situación legal de su cliente frente al pedido del gobierno ecuatoriano. Aseguró que no ve "de ninguna forma que la solicitud de extradición podría llegar por los canales legales y diplomáticos, y que el gobierno de EE.UU. entregaría al señor Jordán".
El exministro del Interior, José Serrano, utilizó recursos migratorios similares frente a las cortes norteamericanas. Tras exceder el tiempo de permanencia autorizado por su visa de turista, está detenido desde el 7 de agosto de 2025 por la agencia ICE. Desde su encierro, el político solicitó asilo al gobierno estadounidense.
La jueza migratoria Romy Lerner le negó el asilo político el 13 de mayo de 2026, pero emitió un fallo que lo blindó de la justicia ecuatoriana. La magistrada le concedió una acción aplazada bajo la Convención contra la Tortura (CAT), una figura humanitaria de última instancia que suspende de manera indefinida su deportación a Ecuador por el riesgo de sufrir tortura.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó su prolongado encierro aclarando que Serrano no logró demostrar que no representa un peligro para la comunidad. Sin embargo, su defensa ingresó en junio de 2026 un hábeas corpus ante la Corte del Distrito Sur de Florida para obtener su libertad bajo fianza.
En Ecuador, Serrano -al igual que Xavier Jordán- tiene una orden de prisión por el asesinato de Fernando Villavicencio.
La supremacía de las cortes federales
Pero el caso de Serrano no es el único que ha generado problemas para la justicia ecuatoriana; el sistema de justicia de Estados Unidos prioriza el juzgamiento de los delitos cometidos en su jurisdicción o que afectan su sistema financiero. El excontralor Carlos Pólit es el mayor ejemplo de esta barrera.
Tras viajar a Estados Unidos con licencia en mayo de 2017 y renunciar a su cargo, fue requerido en extradición por la Corte Nacional de Justicia el 26 de julio de 2018.
En Ecuador, Pólit mantiene una sentencia en firme de seis años de cárcel por el delito de concusión en la trama Odebrecht, tras exigir sobornos por USD 10,1 millones a cambio de desvanecer glosas. Pese a este requerimiento formal, el exfuncionario firmó en Estados Unidos un waiver of extradition, un documento en el cual desistía de oponerse a su repatriación y facultaba su envío a Ecuador.
A pesar de esa renuncia legal, el retorno jamás se concretó. El Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió procesarlo de manera prioritaria tras detectar que Pólit utilizó cuentas y empresas de Florida para ocultar las coimas. Pólit fue hallado culpable por un jurado ciudadano de usar el sistema financiero estadounidense para lavar USD 16,5 millones con la ayuda de su hijo.
El 1 de octubre de 2024, la jueza federal Kathleen Williams impuso a Carlos Pólit una sentencia de 120 meses de prisión, que equivalen a 10 años de cárcel, más tres años de libertad supervisada. Con esta condena en la Corte del Distrito Sur de Florida, el pedido ecuatoriano de extradición formulado en 2018 quedó relegado.
A la imposibilidad de traerlo de regreso se suma la dificultad de cobrar los USD 40,4 millones que la justicia ecuatoriana le impuso como reparación integral al Estado. Hasta octubre de 2025, la Procuraduría General apenas logró embargar tres bienes inmuebles del excontralor ubicados en el sector de La Floresta, en Quito, valorados en la ínfima suma de USD 87.876.
Falta de pruebas, habeas corpus y los rechazos reiterados
Las cortes y agencias estadounidenses también han rechazado los pedidos de Ecuador alegando falta de pruebas. Los hermanos William y Roberto Isaías Dassum, exdueños de Filanbanco, viven en Estados Unidos desde el año 2000. Pese a la insistencia del Estado ecuatoriano, el gobierno norteamericano negó su extradición hasta en tres ocasiones diferentes.
Una de las negativas se registró en 2013, mediante una nota diplomática emitida por el Departamento de Estado. El documento del gobierno estadounidense frenó el proceso argumentando textualmente que Ecuador "no ha aportado pruebas suficientes de la malversación y desvío de fondos".
En un intento posterior por deportarlos apelando a violaciones migratorias, la agencia ICE los detuvo el 13 de febrero de 2019 en el centro de Krome. Sin embargo, la jueza federal Kathleen M. Williams y la jueza migratoria María López H. les concedieron un hábeas corpus y la libertad bajo fianza el 15 de marzo de 2019. Finalmente, en mayo de 2021, la Corte Nacional de Ecuador les restituyó su estado de inocencia.
El caso de Jamil Mahuad es similar. El expresidente fue sentenciado en última instancia en octubre de 2020 a ocho años de cárcel por el delito de peculado, derivado de los decretos 681 y 685 que ordenaron el feriado bancario en 1999. Pese a esta condena en firme, reside libremente en Estados Unidos.
Para el caso de Mahuad, las alertas internacionales no han servido de nada. La Interpol ha negado en varias ocasiones los pedidos de captura solicitados por Ecuador.
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