Comisión legislativa se alista para aprobar el informe de primer debate de la ley económica urgente de Daniel Noboa
Abogados llamados a la mesa legislativa coinciden en la necesidad de aplicar medidas penales excepcionales, pero advierten que algunas propuestas podrían ser inconstitucionales
La Comisión de Desarrollo Económico tuvo varios invitados para la sesión del 26 de mayo de 2025.
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La Comisión de Desarrollo Económico votará el martes 27 de mayo el informe para el primer debate del proyecto económico urgente para desactivar la economía criminal, enviado por el presidente Daniel Noboa.
Eso permitirá al Pleno de la Asamblea conocer el documento y a los asambleístas hacer sus aportes en una sesión que está prevista para el viernes 30 de mayo desde las 09:00. Después el proyecto regresará a la mesa legislativa.
La presidenta de la comisión y asambleísta de ADN, Valentina Centeno, prefirió no adelantar criterios sobre los cambios y propuestas que se podrían agregar a las que fueron enviadas por el Ejecutivo en el ámbito económico, pero también penal.
"Nos comprometemos a que mañana (27 de mayo) ese primer informe va a contener todas las observaciones que han sido ingresadas a la mesa legislativa, siempre que tengan el apoyo de los miembros de la comisión"
Valentina Centeno
La legisladora oficialista resaltó que el enfoque principal de la normativa debe ser el de la solidaridad nacional para fortalecer el trabajo de las fuerzas del orden.
"Uno de los artículos más importantes en lo económico es la capacidad y posibilidad que van a tener las empresas de donar parte de su Impuesto a la Renta, hasta en 30%, a las fuerzas del orden para su equipamiento y tecnología", aseguró Centeno.
Reformas penales
Este 26 de mayo continuaron las comparecencias a la Comisión de Desarrollo Económico de especialistas y actores involucrados con la normativa, tanto en la parte económica como penal.
El abogado constitucionalista Stalin Raza señaló la pertinencia de implementar un régimen penal diferenciado para aplicar y hacer frente a los grupos de delincuencia organizada, que operan de forma distinta a la delincuencia común.
Ante la críticas que ha recibido el proyecto de Noboa bajo el argumento de que no se trata de un proyecto económico urgente, Raza dijo que "no hay cosa más urgente que erradicar las economías criminales".
En este contexto especial de inseguridad, el penalista defendió la posibilidad de ejecutar allanamientos sin una orden judicial, porque aseguró que esa figura ya se aplica en cinco de las siete causales de allanamiento que contempla el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Sí sugirió que los legisladores "modulen" lo referente a la posibilidad de que se puedan ejecutar detenciones con fines investigativos sin orden judicial y solo por pedido del Bloque de Seguridad.
Tampoco comparte la idea de crear una nueva categoría de jueces especiales para el conflicto armado interno y considera que los actuales jueces anticorrupción pueden cumplir ese trabajo si se les garantiza seguridad y, de ser el caso, el anonimato.
En la misma línea se pronunció el abogado penalista Felipe Rodríguez que cuestionó que desde algunos sectores se acuse al proyecto de "dictatorial", cuando evidentemente el origen de la inseguridad del país requiere medidas excepcionales.
Rodríguez considera fundamental que se incluya en el COIP la figura del delito de pertenencia, porque eso permitirá a los fiscales dejar de probar actos delictivos preparatorios y se centrarán en determinar que una persona es parte de una organización delictiva organizada.
El penalista sugirió cambiar la palabra detención por aprehensión en la propuesta y no bajar a 24 horas su plazo, sino mantenerla por 48 horas como señala actualmente el COIP.
Propuesta inconstitucionalidad
El documento enviado por el presidente Daniel Noboa señala que quienes cometan delitos relacionados al Conflicto Armado Interno no accedan a medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Rodríguez, sin embargo, considera que esa propuesta es inconstitucional, porque la prisión preventiva es una medida excepcional y no una regla general, por lo que recomendó que sea revisada por los legisladores.
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