La mayoría oficialista en la Asamblea allana el camino para la ley económica urgente sobre el conflicto armado

El proyecto de ley para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, presentado, el 17 de mayo de 2025, por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica, tiene apenas 40 artículos y disposiciones. eso no ha impedido que surjan dudas sobre la constitucionalidad de su contenido.

Aunque el Mandatario aún no toma posesión para el nuevo periodo 2025-2029, este es su primer proyecto después de ser reelecto y de haber obtenido una mayoría de 77 votos en la Asamblea Nacional. Su trámite marcará el camino y el ritmo para cualquier otra iniciativa del Ejecutivo, mientras Acción Democrática Nacional (ADN) mantenga las riendas del Legislativo.

En una velocidad inusitada, la Unidad de Técnica Legislativa y el Consejo de Administración Legislativa (CAL) dieron el visto bueno al proyecto. Los siete de siete votos que tiene ADN garantizados en esa mesa, que dirige el rumbo parlamentario, permitieron que pase sin cuestionamientos.

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Sin embargo, la propuesta del presidente Noboa no cumpliría con los requisitos para ser un proyecto tratado como urgente en materia económica. Así lo explica el constitucionalista André Benavides, que recuerda que la Ley de la Función Legislativa manda que estos proyectos "se referirán a aspectos sustantivos de la política económica".

Pero esto no sucede con la propuesta del Ejecutivo, afirma el jurista: "todo son medidas de seguridad, temas penales, procesales, de conflicto armado interno; nada tiene que ver con política económica, salvo dos o tres artículos que tienen que ver con reformas al régimen tributario interno".

A ojos de Benavides, el CAL no debía haber dado paso al proyecto, bajo ese procedimiento expedito, sino darle un trámite ordinario. Pero "tienen los votos", recuerda. ADN tiene controlado el CAL, la Comisión de Desarrollo Económico, que tratará la propuesta, y, de momento, el pleno de la Asamblea.

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En la sesión inaugural, el oficialismo se encargó de dejar por fuera del CAL a la única oposición frontal que tiene: el correísmo. La presidencia, la primera vicepresidencia y una vocalía fueron directamente para ADN. 

La segunda vicepresidencia y las otras tres vocalías fueron para sus 'aliados', que ya rompieron filas con sus partidos iniciales (Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana), o que simplemente se alinearon con el oficialismo desde el inicio (Pachakutik y un movimiento local).

Algo similar sucede en las comisiones legislativas. La mesa de Desarrollo Económico, que deberá tener listo el informe para el primer debate de la propuesta hasta el 30 de mayo de 2025, está presidida por Valentina Centeno, figura del oficialismo desde 2023.

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A ella le acompañan otros cinco legisladores de ADN, que suman la mayoría de la mesa de 10 integrantes. Los otros cuatro asambleístas pertenecen a las filas de la Revolución Ciudadana, pero lo máximo que pueden hacer es presentar observaciones y hasta un informe de minoría.

Por lo tanto, si la correlación de fuerzas en el hemiciclo se mantiene, la ley para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno sería aprobada por el Legislativo hasta mediados de junio.

Sin embargo, el Ejecutivo tiene más probabilidades de salirse con la suya. Incluso si ADN no consigue los votos para aprobar el proyecto, si no hay un pronunciamiento, a favor o en contra, el presidente Noboa podrá promulgar la ley tal como la envió.

O si el proyecto es modificado por el pleno, el Mandatario puede volver a cambiarlo a la versión original con un veto parcial, que se mantendría como texto final, a menos que 101 legisladores voten en contra.

Los problemas de fondo

Dejando atrás la definición, de si se trata o no de un proyecto económico urgente, "llaman la atención los vicios de inconstitucionalidad por el fondo", afirma el constitucionalista Benavides. Por lo que, explica la Asamblea Nacional" debería ser responsable, hacer su trabajo y corregir todo lo que se tenga que corregir".

Caso contrario, cuando la ley entre en vigencia, podría ser demandada por incumplir la Constitución. Sin embargo, el jurista considera que "el libreto está definido, con la mayoría oficialista en todos los organismos internos, por lo que prevé que primer lo político sobre lo jurídico".

Pero, ¿cuáles son los problemas que tiene el proyecto? Benavides enumera algunos:

1. La Corte Constitucional ya ha dicho que un conflicto armado interno no necesita de un decreto de estado de excepción para que el Estado pueda dictar algún tipo de medidas. Se comete un error al plantear que la declaratoria sea a través de un decreto. Además, si dicho decreto se declara inconstitucional, pero el Gobierno ya detuvo y sentenció gente, el enredo procesal sería gigante.

2. En el tema procesal, no se puede hacer aprensiones sin orden judicial. Eso violenta cualquier estándar constitucional y del Sistema Interamericano, tiene que hacerlo con la orden de un juez sí o sí. Y la prisión preventiva tiene que justificarse, que el fiscal pueda hacer su trabajo bien y que el juez dicte la medida.

3. Lo mismo con la intención de comprimir el proceso judicial en una sola audiencia. Ahí se pueden violentar garantías al debido proceso y volverse inconstitucional, porque no garantiza el derecho a la defensa. Debería ejecutarse por el procedimiento abreviado que ya existe.

4. El indulto presidencial anticipado, que plantea el Ejecutivo, no es posible. El indulto es perdonar una pena. Si se lo hace antes y finalmente declaran inocente al policía o militar, le están perdonando un delito que no cometido. Para ejecutarlo la persona tiene que estar sentenciada y cumpliendo la pena. No se puede otorgar un indulto, por ejemplo, en primera instancia.

5. El proyecto hace énfasis en castigar a quienes "participen directa o indirectamente de un grupo armado organizado identificado". Pero esa es una subjetividad que va a hacer que la ley caiga en vicios de inconstitucionalidad, ¿qué se entiende por participación directa e indirecta? No sabemos. Y no se puede dejarlo tan abierto, porque se puede prestar para excesos.