Estos son los peligros de la nueva Ley de Inteligencia para la sociedad civil en Ecuador, según expertos

La nueva Ley de Seguridad fue aprobada rápida y sorpresivamente por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional. Los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil, sobre los peligros y discreciones que 'legaliza' el documento, fueron ignorados.

La normativa nació de la combinación de proyectos presentados por la exlegisladora Ana Belén Marín, del extinto Alianza PAIS, y del expresidente Lenin Moreno, en 2018; del exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Xavier Jurado, en 2023; y de los legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN), Inés Alarcón y Diego Matovelle, en 2024. 

A eso se sumaron los aportes de otras autoridades y asambleístas durante su trámite, filtradas por la visión de la mayoría vigente. Finalmente, su proceso terminó en el Legislativo el 10 de junio y, al día siguiente, pese a las advertencias de que existen artículos que chocan con la Constitución, el presidente Daniel Noboa la envió al Registro Oficial. Ahora está vigente.

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Es decir, el Gobierno Nacional, a través del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), ya puede empezar a recabar información personalísima y sensible sobre cualquier ciudadano. Y, lo puede hacer, sin ningún reparo, consecuencia o fiscalización. Más aún, lo puede hacer sin motivación y sin la orden de un juez.

Y la persona que gozará de todo ese poder y discreción es el ratificado director del CIES y uno de los mejores amigos del Primer Mandatario: Michele Sensi Contugi. El funcionario llegó a su cargo en enero de 2024 y ha sido el único en ocuparlo desde entonces.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía (FCD), y Luis Córdova, del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos (Llamas), hablaron con PRIMICIAS para analizar lo que este escenario depara a los ecuatorianos.

Los únicos que ahora pueden frenar o reducir esas atribuciones, así como dar de baja completamente la Ley, son los jueces constitucionales, solo una vez que se presenten demandas en contra de la norma, que pueden incluir medidas cautelares para impedir su aplicación mientras dura el análisis.

Las incompatibilidad con las libertades civiles

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía (FCD), señala como uno de los grandes conflictos que presenta la Ley de Inteligencia su incongruencia con los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, bajo el argumento de luchar contra el crimen organizado.

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Esto porque "la Ley consagra en definitiva, dentro del sistema de Inteligencia, a una autoridad que termina convirtiéndose en juez, fiscal y policía, que puede hacer y deshacer, violando las garantías al debido proceso", explica.

Por ejemplo, Alarcón explica que "la mera intención (en la cabeza de la autoridad de Inteligencia) de investigar a alguien, puede generar un arrebato de información, una detención o un allanamiento". Todo esto sin orden de autoridad judicial competente y el ciudadano no puede oponer resistencia ni negarse.

A lo que se suma que las personas ni siquiera se van a enterar cuando los funcionarios de Inteligencia accedan a su información personalísima y reservada, como su ubicación en tiempo real, comunicaciones y conexiones.

Esto es realmente grave porque se estaría legalizando y normalizando prácticas que son propias de gobiernos no democráticos. 

Mauricio Alarcón

Luis Córdova, del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos (Llamas), es más crudo y afirma que esta normativa permite al Presidente de la República desarrollar tareas de espionaje y vigilancia a nivel cibernético y de telecomunicaciones, sobre cualquier persona en territorio ecuatoriano, sin autorización judicial.

Y agrega que, a la par, los legisladores rompieron el control del poder punitivo del Estado, de contar siempre con una investigación fiscal y autorización judicial, para hacer interceptación de comunicaciones.

En este escenario, Córdova advierte que "el derecho a la privacidad, que permite el ejercicio de la libertad y la autonomía individual, se borra y se convierte en un privilegio que el gobernante le otorgará a su familia y sus amigos, pero al opositor, estorbo o delincuente le quitará ese derecho".

Han entregado al Ejecutivo la discrecionalidad para decidir qué persona va a gozar de privacidad y quién no. Hemos perdido el derecho a la privacidad.

Luis Córdova

La falta de transparencia con los recursos

Luis Córdova apunta a otro aspecto grave de la nueva normativa: "se está garantizando la impunidad en el manejo de los fondos reservados o fondos 'especiales'", pese a los antecedentes del país y de la región.

Mauricio Alarcón recuerda que estos gastos secretos o que se manejan a discreción de ciertas oficinas han sido un problema siempre. "Abdalá Bucaram, César Verduga, Alberto Dahik usaron a mansalva dinero público, que debería ser utilizado en obras y servicios a la gente, como entregar cédulas y pasaportes a tiempo", dice.

En otras palabras, advierte el director de la FCD, la Ley de Inteligencia, promulgada por Noboa, está planteando que regresen formal y legalmente estos gastos reservados: "una cuenta abierta para que la autoridad de Inteligencia haga lo que le dé la gana, sin que esos recursos rindan cuentas". 

Esto sólo tiene parangón con el procedimiento de abuso de inteligencia que se vivió en el Fujimorismo o lo que hoy se vive en Venezuela o Nicaragua. 

Luis Córdova

A lo que se suma "únicamente un control ridículo de la Contraloría General, en el que esta puede incluso desaparecer la documentación, si consideran que todo ya está bien y está auditado", enfatiza Alarcón. Lo que impedirá, aclara, que se pueda descubrir casos de corrupción como el de Dahik, al que se llegó a través de los archivos del Banco Central.

Esto debido a que el artículo 13 sobre los fondos permanentes de gastos especiales ordena que después de la auditoría trimestral de la Contraloría, "la información será incinerada por el Contralor General del Estado". 

"Algo que ni siquiera la ley de la época de Rafael Correa permitía", cuenta Córdova, por eso después se descubrieron los cheques que financiaron el intento de secuestro de Fernando Balda. Y, la nueva Ley también prohíbe que los siguientes directores del CIES puedan requerir información sobre los gastos reservados de periodos pasados.

Y va más allá y apunta a la apertura de "una enorme brecha por la cual se puede fugar gran cantidad de dinero estatal y privado, porque tal como está la Ley, permite bajo el argumento de comprar software o hardware en el extranjero, pueden sacar capitales del país, sin que tenga ningún control ni prohibición".

No solo se blindan los gastos especiales, sino que se crea una especie de pasaje para fugar capitales hacia paraísos fiscales, sin que nadie lo sepa.

Luis Córdova

"Si en la época de (Rafael) Correa sospechamos que el movimiento del avión presidencial, por varios países del mundo y sin pasajeros, fue precisamente una forma de ocultar movimientos de capitales, con esta Ley se está legalizando ese procedimiento", advierte Córdova.