La Corte Constitucional suma un nuevo foco de tensión: el examen de control al adelanto de elecciones
El máximo Tribunal de Ecuador conocerá las demandas contra el adelanto del calendario electoral dispuesto por el CNE. En su último fallo, la Corte Constitucional marcó el camino para un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. La Fiscalía abrió una indagación por el patrimonio de dos magistrados.
Imagen generada con inteligencia artificial que hace referencia al expediente de responsabilidad penal que llegó a la Fiscalía por el patrimonio de dos jueces de la Corte Constitucional.
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Los funcionarios públicos están sujetos a escrutinio por ley en Ecuador. Sin embargo, la publicación de datos personales y documentos reservados despierta alertas sobre el manejo estatal de esa información tras la divulgación de informes de la Contraloría General del Estado sobre el patrimonio privado de dos jueces de la Corte Constitucional (CC).
Es usual que la Contraloría analice inconsistencias en las declaraciones de funcionarios y que remita la información a la Fiscalía, para su investigación. Sin embargo, todo ese proceso está bajo reserva hasta que se inicie una instrucción fiscal y se formulen cargos ante un juez.
Por ejemplo, en el polémico caso de los 'narco generales' la Contraloría y la Fiscalía no revelaron la información sobre quiénes eran los tres investigados y los detalles de sus patrimonios. Pero ahora, con los jueces constitucionales Alí Lozada y José Luis Terán, alguien la compartió.
Ante las implicaciones de la filtración publicada por diario El Universo, el 1 de abril de 2026, la Contraloría General emitió un comunicado deslindando su responsabilidad y aseguró que la entidad no participa de "ningún tipo de presión ni conflictividad política".
El ente de control indicó que, una vez que los informes de responsabilidad penal son remitidos a la Fiscalía, "se traslada también la obligación de mantener la reserva".
Mientras tanto, la Corte Constitucional advirtió que los jueces Lozada y Terán continuarán ejerciendo su labor, "en la medida que se mantengan las garantías necesarias para el ejercicio independiente y seguro de su labor". Y señaló, en un comunicado, que existe preocupación en el Tribunal por "un entorno de presiones institucionales sostenidas desde el año 2025".
El 2 de abril, en vísperas del feriado, se conoció que la Fiscalía General del Estado ha abierto una indagación previa, es decir también reservada, contra José Luis Terán y Alí Lozada, dos de los nueve jueces de la Corte Constitucional, tras los informes de la Contraloría que señalan supuestas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. Los dos magistrados ya fueron notificados.
En ese contexto, al final de la tarde del 2 de abril, la CC decidió declarar la constitucionalidad del “Acuerdo entre el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y el Gobierno de la República del Ecuador para la promoción y protección recíproca de las inversiones” siempre y cuando su artículo 20 incorpore una exclusión expresa que establezca de manera inequívoca que el tribunal arbitral no podrá conocer controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas, en los términos del artículo 422 de la Constitución.
Ese no fue el único pronunciamiento del Tribunal; durante la última semana también se refirió a otro tema planteado por el Gobierno de Daniel Noboa. El CC dio paso a la propuesta del Presidente para reformar el mecanismo de designación de autoridades y trasladar a la Asamblea Nacional las competencias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Los jueces constitucionales todavía deben pronunciarse por demandas de inconstitucionalidad planteadas contra seis leyes impulsadas por Noboa y aprobadas por la mayoría oficialista en la Asamblea: las leyes relacionadas con inteligencia, minería, áreas protegidas, sostenibilidad crediticia, transparencia social y gasto municipal.
El calendario político de por medio
A finales de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió adelantar 77 días las elecciones seccionales para elegir alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales y CPCCS: serán el 29 de noviembre de 2026 y no el 14 de febrero de 2027 como originalmente constaba en el calendario electoral. La resolución movió el tablero partidista y puso en aprietos a la oposición, lo que ha generado quejas y acciones legales en la Corte Constitucional y el Tribunal Contencioso Electoral.
La decisión sin precedentes del CNE, basada en la posibilidad del impacto del fenómeno de El Niño, llegó a manos de la Corte Constitucional en búsqueda de una declaración de inconstitucionalidad del acto administrativo, lo que podría restablecer el calendario electoral aprobado inicialmente el 14 de febrero último que estaba ya en marcha, con un año de anticipación de llamado a las urnas.
El papel que podría jugar la Corte Constitucional mostró visiones opuestas entre los mismos consejeros electorales: la presidenta Diana Atamaint afirmó que, al estar ya en periodo electoral, el CNE es la máxima autoridad del país; mientras que el vicepresidente del organismo, Enrique Pita, dijo que la Corte es una autoridad superior y que no podrían tomar acciones contra los magistrados, en caso de un dictamen que deje sin efecto el adelanto de elecciones.
El presidente Daniel Noboa entró en el debate público para defender la medida del CNE y dijo que se trata de asegurar que exista competencia en las votaciones, para evitar inconvenientes por las lluvias de febrero. "Como Estado (...) tenemos que hacer todo lo posible para que la mayor cantidad de personas puedan salir a votar", expresó.
En medio de la expectativa de las organizaciones políticas y sociales, y las acciones de la Contraloría y la Fiscalía, la Corte Constitucional deberá tomar una decisión al respecto. Aunque el Pleno también podría guardar silencio al estilo de la correísta Corte 'Cervecera', que ignoró todas las denuncias contra las autoridades del momento.
Una larga lista de presiones
Los recientes hechos configuran el último episodio de una pugna con la Corte Constitucional. Distintas autoridades del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) han apuntado contra los jueces de la Corte Constitucional desde julio de 2025, después de que el tribunal recibiera decenas de demandas ciudadanas de inconstitucionalidad contra las 'leyes trole' del Gobierno: ley de Solidaridad, ley de Integridad y ley de Inteligencia.
Desde entonces, las presiones contra los jueces han llegado en distintas formas y desde distintos actores, incluso anónimos. A continuación PRIMICIAS recoge las más relevantes:
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Campaña en redes
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En julio de 2025, un conjunto de figuras públicas cercanas al oficialismo lanzaron una campaña anticipada contra la Corte en redes sociales, advirtiendo que los jueces tumbarían las polémicas leyes de Inteligencia, Solidaridad Nacional e Integridad Pública.
Todos esos actores repitieron el mismo discurso e intentaron posicionar la idea de que los jueces eran correístas, "garantistas" (de derechos) y que conformaban un 'megapoder' que buscaría tumbar al gobierno de Daniel Noboa. Sin embargo, las leyes de Solidaridad y de Integridad no cumplían con el criterio de unidad de materia, argumento que sirvió de base para declararlas inconstitucionales.
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El discurso oficialista
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En agosto de 2025, las principales figuras del Gobierno y del oficialismo en la Asamblea Nacional utilizaron micrófonos y tarimas para desacreditar a los jueces constitucionales y su decisión de suspender temporalmente varios artículos de las controversiales leyes.
El 4 de agosto llegó una cadena nacional, al filo de la media noche. Resguardados por policías y militares, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, criticaron a los magistrados por cumplir con su trabajo.
El 6 de agosto, el mismo presidente Daniel Noboa lideró el enfrentamiento y anunció en redes sociales su intención de convocar a un referendo a la ciudadanía para que, entre otros temas, aprueben la posibilidad de enjuiciar políticamente a los magistrados.
El 7 de agosto, los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, aparecieron en un video conjunto, dirigiéndose a las "familias ecuatorianas", para hablar sobre el bloque de seguridad y lanzar advertencias a los magistrados de la Corte Constitucional.
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Propaganda anónima
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En distintos lugares del país aparecieron vallas publicitarias responsabilizando a la Corte Constitucional por las muertes violentas ocurridas desde el 4 de agosto, cuando suspendieron algunos artículos de las leyes de Integridad Pública y Solidaridad Nacional.
Publicidad pautada contra la Corte Constitucional, en Quito, el 7 de agosto de 2025.PRIMICIAS - 4
Marcha oficialista en Quito
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El 12 de agosto en Quito, el Gobierno convocó a sus bases en las calles para marchar y protestar contra la Corte Constitucional. Ese día la capital amaneció con al menos 15 estructuras metálicas gigantes que sostenían vallas con fotografías de los rostros de los nueve jueces y sus nombres, bajo la leyenda: "Estos son los jueces que nos están robando la paz":
En la intersección de la avenida 6 de Diciembre y Patria se instaló una pancarta gigante en contra de los jueces de la Corte Constitucional, previo a la marcha del Gobierno, el 12 de agosto de 2025.Robel Revelo / PRIMICIAS Al estilo de gobiernos anteriores, la movilización organizada por el oficialismo estuvo nutrida por personas que vinieron de otras provincias, que recibieron su sánduche, banderita y las consignas que debían gritar. Entre ellos hubo autoridades, servidores públicos, militantes de ADN y otros ciudadanos en general.
Afuera del edificio de la Corte Constitucional, el presidente Noboa habló en nombre del "pueblo" y de las "miles de personas que exigen justicia". Repitió que no va "a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres ante la sociedad".
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Intento de juicio político a los jueces
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Nueve días después de su anuncio, el presidente Noboa concretó su intención de convocar a un nuevo referendo. La tarde del 13 de agosto envió a la Corte Constitucional cuatro preguntas para reformar la Constitución.
La principal de ellas apuntaba a que los nueve jueces de la CC sean sujetos de juicio político y puedan ser censurados y destituidos por la Asamblea Nacional. Sin embargo, el Mandatario quería que eso se logre con los votos de una mayoría simple (77 de 151 asambleístas), pese a que se trata del mayor Tribunal de Ecuador.
La Constitución pone como estándar que los juicios políticos de los ministros y las máximas autoridades electorales y judiciales se pueden obtener solamente con mayoría calificada, es decir 101 votos de 151 (dos terceras partes del Parlamento).
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Oficinas en riesgo
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La presión sobre la Corte Constitucional llegó a un ámbito inesperado el 19 de agosto: el inmobilario. Durante un día entero, los jueces constitucionales y su personal estuvieron en ascuas porque el Ministerio de Energía les pidió el edificio en que laboran, aunque luego la Cartera de Estado desistió.
El Ministerio notificó la terminación de un Convenio de Cooperación Institucional mediante el cual la Corte utiliza el edificio Tamagar, ubicado en las calles Tamayo y Lizardo García, centro-norte de Quito. Sin embargo, al día siguiente, el Ejecutivo dio marcha atrás y dejó insubsistente el pedido.
El convenio terminará de todas formas el 19 de abril de 2027, fecha después de la cual la Corte deberá buscar otras instalaciones, a merced del Gobierno Central.
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Marcha oficialista en Guayaquil
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El 11 de septiembre en Guayaquil, ADN volvió a encabezar una movilización contra la Corte, para demostrarle "el verdadero poder del pueblo", en palabras del Primer Mandatario. En ese entonces el Gobierno vaticinaba que los jueces constitucionales negarían sus propuestas de consulta popular y referendo.
Por lo que exigía que se deje "decidir a la gente que existen preguntas importantes, cuestionamientos sobre los cuales la ciudadanía puede pronunciarse, eso va a ser la batalla final". Y, haciendo alusión a los magistrados, se quejó de los mismos de siempre, "que quieren mantener todo igual".
Finalmente, la Corte Constitucional dio paso a preguntas de la consulta y referendo, excepto a la relacionada con el juicio político a los magistrados. El domingo 16 de noviembre, en las urnas, la ciudadanía rechazó todas las propuestas del Ejecutivo.
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Nuevo ataque en redes en 2027
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El presidente Noboa denunció a los jueces por la declaratoria de inconstitucionalidad -en diciembre- de una parte de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que autorizaba al Estado concesionar a la empresa privada servicios de energía eléctrica bajo la justificación de interés público.
"A esto nos enfrentamos todos los días. Esto no es una discusión jurídica aislada. Es cálculo político. Es negar empleo, energía y estabilidad a las familias ecuatorianas. Es poner la ideología y la revancha por encima del bienestar del país", señaló Noboa el sábado 10 de enero de 2027.
Con base en el fallo de la Corte, el Estado sí podrá realizar concesiones al sector privado únicamente cuando el servicio no pueda ser proporcionado por empresas públicas o mixtas de acuerdo con las necesidades que el sistema eléctrico lo requiera.
Sin embargo, la sentencia del 11 de diciembre no tendría efectos prácticos y no impediría que el Gobierno continúe con las concesiones, según constitucionalistas consultados por PRIMICIAS.
Composición gráfica de una foto del presidente Daniel Noboa y su posteo con los rostros de los jueces de la Corte Constitucional.Presidencia y @DanielNoboaOk - 9
Fiscalización oficialista
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Integrantes de la bancada de ADN criticaron el polémico fallo de la Corte Constitucional que permite a los menores de entre 12 y 17 años solicitar la modificación de su género en los documentos de identidad. Y Diana Jácome, exasesora presidencial, lanzó un proceso de fiscalización a la aplicación del dictamen.
El objetivo de la legisladora era analizar la conmoción social que generó la sentencia y el impacto de la medida en las familias ecuatorianas. Sin embargo, el debate no generó más arrastre que comentarios en redes sociales y el apoyo de algunos colectivos conservadores.
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Denuncia informal en entrevistas
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El exjuez de la Corte Constitucional y ahora secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, denunció en una entrevista supuestas presiones por parte de la Corte, el 13 de marzo de 2026.
Herrería afirmó que la Directora de Comunicación lo llamó a advertir que si continuaba haciendo críticas públicas contra la Corte Constitucional, eso pondría en juego el dictamen sobre el acuerdo de inversiones entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos, que tuvo errores de redacción legal.
El 20 de marzo, el mismo presidente Noboa criticó a los jueces por esa misma presunta advertencia. Y dijo que se ponen nerviosos cada vez que se muestran sus fotos.
El Mandatario aprovechó la entrevista para agregar que "ellos deberían dar la cara también, cuando hacen fallos como el hecho de que adolescentes y niños de trece años que puedan cambiar su género (...) y decir: estos son los que votaron para que esto pase", pese a que la sentencia se refiere a la cédula de ciudadanía y no a procesos de reasignación de sexo.
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