Garantizar la provisión de servicios esenciales en la ruralidad, otra arista del Plan de Seguridad de Noboa
El documento publicado por la Presidencia, que prioriza la intervención de las Fuerzas Armadas, reconoce que la debilidad institucional, la desigualdad social, la fragilidad económica y el cambio climático también deben ser atendidos. Y plantea ambiciosas metas.
El presidente Daniel Noboa durante un recorrido por Sigsipamba (Chimborazo), el 15 de julio de 2026.
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Dos años después de anunciar y promocionar un Plan Fénix que nunca vio la luz, el Gobierno presentó un documento de casi 200 páginas con su "Plan de Seguridad Integral 2025-2029". Y, aunque el principal eje es bélico, el Ejecutivo acepta que las condiciones de vulnerabilidad de gran parte de la población juegan un factor determinante en la crisis de inseguridad y violencia.
El extenso diagnóstico plasmado en el documento reconoce, por ejemplo, que el sistema educativo nacional "enfrenta desafíos estructurales"; que en la educación superior "persisten desigualdades territoriales y una oferta de cupos limitada"; que el gasto en salud de los hogares sigue representando un tercio del gasto total; que 469.000 personas permanecen en situación de desplazamiento interno.
El documento también recoge otros factores como que, solo entre 2022 y 2023, cerraron más de 65.000 microempresas por violencia, extorsión o bloqueos logísticos; la creciente vulnerabilidad sociambiental, por los desastres naturales, antrópicos, sequías, inundaciones, deforestación e incendios. Además, la pobreza por ingresos está en el 24%.
Además, el Plan de Seguridad considera otros problemas estructurales de gobernabilidad, desconfianza en las instituciones, corrupción, permeabilidad del sistema judicial, impunidad, desactualización tecnológica estatal.
Y, frente a esos desafíos, el presidente Daniel Noboa y su equipo interinstitucional plantean siete objetivos, pero tres de ellos tienen enfoques alejados del discurso bélico y enfocados en temas institucionales, sociales y ambientales:
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Estabilidad democrática e institucionalidad
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En este segmento, el Gobierno apunta a incrementar la coordinación entre la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Secretaría de Gestión de Pueblos (fusionada con el Ministerio de Trabajo), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Fiscalía General, para fortalecer el control de las "estructuras jurídicas que socaven la gobernanza estatal".
Así como entre la Secretaría de Integridad Pública y el desacreditado Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) para fortalecer el control social. Y que el Ministerio de Telecomunicaciones y el Comité Nacional de Ciberseguridad consoliden la protección de la infraestructura digital crítica del Estado.
El Plan también afirma que la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional "respetarán y garantizarán la independencia de la Función Judicial. Y que junto a la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral corregirán la "desalineación constitucional con el entorno democrático actual".
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Servicios esenciales y trabajo pleno
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"La presencia estatal será reforzada a través de los ministerios rectores de Desarrollo Humano, Educación, Deporte y Cultura, Salud, entre otros, para asegurar la gestión responsable y el mejoramiento sostenible de las condiciones de vida de las comunidades", afirma el documento.
Y habla de coordinar acciones con los gobiernos locales para reducir "la inequidad en el acceso a servicios esenciales, asegurando hasta 2029 un acceso equitativo y universal en comunidades rurales, amazónicas e indígenas a nivel nacional":
Estos servicios, según establece el mismo Plan de Seguridad, son salud, educación, alimentación, agua potable, saneamiento ambiental, vivienda, seguridad social y de acceso a las tecnologías de información.
A esto se suma la intención de que el Ministerio de Trabajo "reducirá el desempleo y la informalidad laboral, impulsando la formalización del trabajo informal hasta 2028".
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Control del patrimonio natural
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El documento se limita a decir que el Ministerio de Ambiente y Energía, las autoridades de Gestión de Riesgos y los gobiernos locales deberán "impulsar la aplicación de la normativa para controlar la deforestación y extracción ilegal de recursos naturales".
Así como la Cancillería "consolidará la posición internacional del país en materia de conservación, cambio climático y biodiversidad".
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