La falta de competencia entre empleadores afecta salarios, productividad y desigualdad
Cuando las empresas concentran el poder de contratación, los salarios dejan de reflejar la productividad. En América Latina, la baja competencia entre empleadores reduce los ingresos laborales, frena el crecimiento y amplía la desigualdad, según un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Trabajadores con indumentaria sanitaria empacan productos alimenticios en una planta de procesamiento industrial.
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Flickr Ministerio de Producción.
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En muchos mercados de trabajo, los salarios no se determinan en un entorno de competencia plena entre empresas por atraer trabajadores. Cuando un número reducido de empleadores concentra las oportunidades de contratación, estos pueden fijar salarios por debajo del valor que generan los trabajadores. Este fenómeno, conocido como poder monopsónico, es muy común en América Latina y el Caribe.
Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que, en promedio, los trabajadores de la región reciben alrededor del 50% del valor que aportan a las empresas. En contraste, en las economías avanzadas esa proporción alcanza el 81% y en Estados Unidos se sitúa en torno al 65%. La brecha no responde únicamente a diferencias en capital humano o tecnología, sino al grado de competencia entre empleadores.
Los datos por país reflejan heterogeneidad en la región. En economías como Brasil y Uruguay, los trabajadores capturan entre 55 y 57 centavos por cada dólar de valor creado. En México y Colombia, la cifra ronda los 50 centavos. En Ecuador, el salario equivale a apenas 39 centavos por dólar generado, uno de los valores más bajos de la región, similar al observado en Chile.
Cuando los salarios se alejan de la productividad, las distorsiones no se limitan al ingreso laboral. Los trabajadores enfrentan menos incentivos y menos oportunidades para moverse hacia empresas más productivas, mientras que las firmas con mayor eficiencia encuentran dificultades para expandirse y atraer talento. El resultado es una asignación ineficiente del trabajo que termina afectando la productividad agregada.
¿Por qué hay tan poca competencia por los trabajadores?
La baja competencia entre empleadores no surge de manera espontánea. El informe del BID identifica una combinación de factores estructurales que limitan la capacidad de los trabajadores para elegir entre múltiples opciones de empleo y negociar mejores condiciones salariales.
El primer factor es la alta concentración del empleo. En muchos mercados de trabajo, pocas empresas concentran una parte significativa de las vacantes disponibles. La concentración laboral, medida con el Índice de Herfindahl-Hirschman, supera ampliamente los umbrales asociados a mercados competitivos. Cuando las oportunidades de empleo están concentradas, cambiar de empresa no implica necesariamente acceder a mejores salarios.
El segundo factor es el llamado “missing middle” empresarial. La estructura productiva se caracteriza por una gran cantidad de microempresas, algunas firmas muy grandes y una escasa presencia de empresas de tamaño medio. Esta configuración reduce las alternativas laborales intermedias y refuerza el poder de las grandes empresas, que enfrentan menos competencia por atraer trabajadores con experiencia.
La evidencia del BID muestra que las empresas grandes tienden a pagar una menor proporción del valor generado por los trabajadores. Al mismo tiempo, las barreras que frenan el crecimiento de empresas pequeñas hacia tamaños medianos limitan la aparición de nuevos empleadores capaces de competir por mano de obra calificada.
Un tercer elemento son los altos costos de movilidad laboral. Cambiar de empleo implica costos elevados asociados a la búsqueda, el traslado, la pérdida de redes laborales y los riesgos vinculados a la informalidad. En promedio, el costo de trasladarse entre puestos de trabajo en América Latina y el Caribe equivale a más de cinco salarios mensuales.
Cuando moverse es caro o riesgoso, los trabajadores aceptan salarios más bajos y las empresas enfrentan menos presión para mejorar las condiciones laborales. El poder de mercado de los empleadores se refuerza, incluso en sectores donde existen múltiples firmas.
La regulación y la informalidad también limitan la competencia por el empleo
La baja competencia por los trabajadores no es solo un problema del mercado de trabajo. El informe del BID muestra que está estrechamente vinculada con distorsiones productivas y regulatorias que afectan la estructura empresarial y limitan el dinamismo económico.
Uno de los canales principales es la regulación que penaliza el crecimiento de las empresas. En muchos países, los regímenes tributarios, laborales y administrativos dependen del tamaño de la firma. Estas reglas generan incentivos para que las empresas permanezcan pequeñas o fragmenten sus operaciones, lo que reduce la aparición de empleadores medianos capaces de competir por trabajadores.
Esta estructura refuerza el “missing middle”. La mayoría del empleo se concentra en microempresas de baja productividad, mientras que un pequeño grupo de firmas grandes absorbe una parte desproporcionada del empleo formal. Según el BID, la mayoría de las empresas tiene menos de cinco trabajadores y concentra más de la mitad del empleo.
La consecuencia es doble. Por un lado, los trabajadores enfrentan pocas alternativas laborales de calidad. Por otro, las empresas más productivas encuentran barreras para expandirse y absorber empleo. Esta combinación refuerza el poder de mercado de los empleadores existentes y reduce la presión competitiva sobre los salarios.
La informalidad amplifica estas distorsiones. Una parte del empleo se desarrolla fuera del marco regulatorio, lo que fragmenta aún más el mercado laboral. La transición desde empleos informales hacia empleos formales suele implicar costos elevados y riesgos, lo que limita la movilidad laboral y reduce la competencia por los trabajadores.
Menos competencia, menos eficiencia económica
El informe del BID muestra que estas distorsiones generan pérdidas de productividad a escala macroeconómica. En mercados laborales poco competitivos, las empresas menos productivas logran retener trabajadores pagando salarios artificialmente bajos, mientras que las más productivas no pueden expandirse al ritmo que permitiría su eficiencia. El resultado es una mala asignación del empleo que reduce la producción total.
Si el grado de competencia laboral en América Latina y el Caribe se acercara al observado en las economías avanzadas, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita aumentaría hasta un 25%. Este incremento no provendría de mayores inversiones ni de un aumento del capital humano, sino de una reasignación del trabajo hacia empresas más productivas.
El impacto sobre los ingresos laborales sería igualmente significativo. El salario promedio aumentaría alrededor de un 54%, reflejando una mayor correspondencia entre remuneraciones y productividad. Al mismo tiempo, la dispersión salarial se reduciría cerca de un 30%, lo que implicaría una caída relevante de la desigualdad.
De acuerdo con el BID, a medida que disminuye el poder de mercado laboral, los salarios se acercan a las contribuciones reales de los trabajadores. Las empresas de baja productividad se reducen o salen del mercado, mientras que las de mayor productividad se expanden.
Qué puede hacer la política pública frente al poder de los empleadores
Una de las herramientas más utilizadas para contrarrestar el poder monopsónico es el salario mínimo. En mercados donde los empleadores pueden fijar salarios por debajo de la productividad, un salario mínimo puede impedir pagos excesivamente bajos sin necesariamente reducir el empleo.
Sin embargo, los efectos no son homogéneos. En las empresas grandes el salario mínimo puede mejorar la eficiencia al empujar salarios hacia niveles más cercanos a la productividad. En contraste, en empresas pequeñas, los aumentos del salario mínimo pueden generar ajustes negativos si no se acompañan de mejoras en productividad o reasignación laboral.
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El estudio del BID muestra que los aumentos del salario mínimo en Brasil desde mediados de los años noventa elevaron los salarios en toda la distribución y redujeron la desigualdad en el sector formal, con pocos efectos negativos sobre el empleo. En México, la duplicación del salario mínimo real en la frontera norte en 2019 aumentó los salarios sin pérdidas detectables de empleo y contribuyó a reducir la pobreza.
Pero el informe enfatiza en que el diseño importa. Fijar el salario mínimo en niveles demasiado elevados puede desincentivar la contratación y llevar a una aplicación más laxa de la normativa. En este sentido, el BID advierte que establecer el salario mínimo en torno al salario mediano, reduce el riesgo de efectos adversos y mejora su efectividad como herramienta contra el poder de mercado laboral.
Más allá del salario mínimo, la negociación colectiva puede desempeñar un papel relevante para equilibrar el poder entre empleadores y trabajadores. No obstante, el estudio subraya que su efectividad depende de la representatividad y gobernanza de los sindicatos. Fortalecer la transparencia, los procesos democráticos internos y la rendición de cuentas es clave para que la negociación colectiva amplifique la voz de los trabajadores sin generar nuevas distorsiones.
La competencia como política de desarrollo
El BID plantea una agenda regulatoria procompetencia basada en tres ejes. El primero es reducir la fragmentación de los mercados, mediante mejor infraestructura, integración territorial y armonización regulatoria, para ampliar el conjunto de empresas que compiten por trabajadores y consumidores.
El segundo eje es revisar las regulaciones que penalizan el crecimiento empresarial. Normas que dependen del tamaño de la empresa, impuestos preferenciales o cargas administrativas desproporcionadas tienden a mantener a las firmas artificialmente pequeñas y a reforzar el “missing middle”. Eliminar estas distorsiones permitiría la aparición de más empresas medianas, con mayor capacidad para competir por empleo y pagar mejores salarios.
El tercer eje es fortalecer las instituciones de defensa de la competencia. El BID documenta que los organismos de competencia en la región cuentan con menos recursos, menor autonomía y capacidad sancionatoria que sus pares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta debilidad reduce el efecto disuasorio frente a prácticas anticompetitivas y permite la persistencia de estructuras concentradas.
Cuando las reformas logran alinear regulación, capacidad estatal y organización política, los mercados se vuelven más dinámicos y los beneficios se extienden a trabajadores, consumidores y empresas. Mejorar la competencia en el empleo, concluye el BID, es una de las vías más efectivas para elevar salarios, impulsar la productividad y reducir la desigualdad de forma sostenible.
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