La clara advertencia del G20 sobre la desigualdad estructural leída desde Ecuador

En noviembre de 2025, el Comité Extraordinario de Personas Expertas Independientes sobre Desigualdad Mundial del G20 publicó un diagnóstico contundente: la desigualdad ya no es simplemente una cuestión de justicia distributiva, sino una amenaza sistémica a la estabilidad política, la cohesión social y el funcionamiento democrático. El informe, liderado por el Premio Nobel Joseph Stiglitz, sostiene que el 1% más rico del planeta acumuló el 41% de toda la nueva riqueza generada entre 2000 y 2024, mientras la mitad más empobrecida apenas accedió al 1%.

Para Ecuador, estas conclusiones no son una advertencia lejana sino un espejo incómodo. Aunque el país no pertenece al G20, los patrones de desigualdad descritos en el informe se replican, y en algunos casos se intensifican en el territorio nacional. El coeficiente de Gini ecuatoriano, que en 2024 se ubicó en 0,462, revela niveles de desigualdad superiores a la mayoría de países sudamericanos, solo superado por Brasil y Colombia en la región. 

• La falta de competencia entre empleadores afecta salarios, productividad y desigualdad  

El presente análisis examina cómo las tendencias globales identificadas por el G20 se manifiestan en Ecuador, explorando las dimensiones estructurales de una desigualdad que no es inevitable, sino producto de decisiones políticas concretas.

La desigualdad multidimensional: más allá del ingreso

El informe del G20 enfatiza en que la desigualdad económica está “estrechamente relacionada con desigualdades en otros ámbitos (como la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la exposición a riesgos ambientales)”, aunque el grado de correlación depende de las políticas públicas. Ecuador ejemplifica esta multidimensionalidad de forma dramática.

• El fantasma de la pobreza está a punto de atrapar a tres de cada 10 ecuatorianos en situación económica vulnerable

El Índice Global de Hambre sitúa a Ecuador con 10,9 puntos en 2025, lo que representa un nivel “serio” de inseguridad alimentaria. Aunque el país ha reducido este indicador desde el 19,1 de 2000, el descenso se ha estancado en la última década: de 11,3 en 2016 a 10,9 en 2025, apenas 0,4 puntos en nueve años. Esta paralización contrasta con el progreso de países vecinos como Perú (de 8 a 7,2 en el mismo período) o Guyana (de 10,7 a 8,3) (Gráfico 1).

La geografía de la desigualdad en Ecuador revela brechas territoriales que el promedio nacional oculta. Según los datos anuales más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) para el 2024, el coeficiente de Gini provincial muestra divergencias extremas: mientras Santa Elena (0,377) y Cañar (0,380) presentan niveles de desigualdad relativamente moderados, Sucumbíos (0,568), Morona Santiago (0,558) y Napo (0,537) exhiben concentraciones de ingreso equiparables a los países más inequitativos del mundo (Gráfico 2).

Esta fragmentación territorial no es casual. Las provincias amazónicas, ricas en recursos naturales pero pobres en infraestructura y servicios públicos, ilustran lo que el informe del G20 denomina “riqueza derivada de empresas de recursos naturales con escasa regulación”, donde los beneficios “enriquecen a sus accionistas a costa del bienestar del resto de la sociedad”. La extracción petrolera y minera genera rentas concentradas mientras las comunidades locales enfrentan degradación ambiental y exclusión económica.

La trampa de la riqueza concentrada

El documento del G20 advierte que “la desigualdad de la riqueza está mucho más concentrada que la desigualdad de los ingresos” y que “tiende a reforzarse con el tiempo: los intereses compuestos engordan las fortunas”. 

• Una década sin avances en la ruralidad, donde solo dos de cada 10 trabajadores tienen empleo adecuado  

La evolución del Gini ecuatoriano entre 2018 y 2024 muestra una desigualdad persistente que se resiste a la reducción estructural. Tras un pico de 0,487 en 2021, año marcado por la pandemia, el coeficiente descendió a 0,461 en 2023, para volver a incrementarse ligeramente a 0,462 en 2024. Esta estabilización en niveles altos sugiere que las fuerzas estructurales que generan desigualdad siguen operando(Gráfico 3).

La brecha urbano-rural añade otra capa de complejidad. Los datos muestran que las áreas urbanas y rurales presentan niveles de desigualdad similares: en 2024 el Gini urbano fue de 0,447 y el rural de 0,444. Esta similitud se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, con ambos ámbitos oscilando en rangos comparables desde 2018 (Gráfico 4).

El contexto internacional y las políticas que perpetúan la desigualdad

Uno de los aportes más incisivos del informe del G20 es su análisis sobre cómo “el sistema jurídico y económico internacional que se ha establecido en las últimas décadas ha contribuido de manera significativa a agravar la desigualdad”. Ecuador ilustra perfectamente esta dinámica en al menos tres dimensiones.

Primero, los acuerdos de propiedad intelectual limitan el acceso a tecnologías críticas. Durante la pandemia de COVID-19, Ecuador, como la mayoría de países latinoamericanos, enfrentó escasez de vacunas mientras los países ricos acaparaban dosis mediante contratos con cláusulas de confidencialidad. El informe del G20 denuncia que estas normativas “han provocado transferencias netas sustanciales desde los países en desarrollo hacia los más avanzados”, perpetuando el “círculo vicioso de desigualdad en el ámbito de la salud”.

• Alerta por empresa no autorizada para ofrecer servicios de medicina prepagada en Ecuador  

Segundo, la liberalización comercial sin políticas complementarias ha dañado sectores productivos locales. El informe advierte que “el comercio más integrado ha menguado el poder de negociación de las y los trabajadores con menor preparación”, deteriorando salarios y condiciones laborales. En Ecuador, la tasa de empleo adecuado se mantiene baja, para novimebre del 2025 fue de 36,3%, mientras el subempleo se ubicó en el 18,7% y la informalidad absorben a más del 50% de la población económicamente activa (53,4%).

Tercero, el sistema fiscal internacional permite que multinacionales minimicen su tributación. El documento del G20 critica que “las grandes empresas multinacionales y las personas extremadamente ricas no están sujetas a un sistema fiscal equitativo, llegando a disfrutar de impuestos más bajos que las personas con menor poder adquisitivo”. Ecuador, dependiente de recursos naturales exportados mayormente por grandes corporaciones, ha intentado sin éxito consistente capturar una porción justa de estas rentas.

Comparación regional: Ecuador en el espejo latinoamericano

Situar a Ecuador en el contexto regional permite dimensionar la magnitud de sus desafíos. Según datos del Banco Mundial, el Gini ecuatoriano de 45,2 en 2024 lo coloca entre los países más desiguales de América Latina, solo detrás de Brasil (51,6 en 2023), Colombia (53,9 en 2023) y Panamá (49,7 en 2024) (Tabla 1).

Es particularmente revelador comparar a Ecuador con países de desarrollo similar. Perú, con un Gini de 40,1 en 2024, ha logrado mantener niveles de desigualdad consistentemente menores pese a compartir estructuras económicas similares: ambos dependen de commodities, tienen poblaciones indígenas significativas y enfrentan brechas urbano – rurales. 

Costa Rica ofrece otro contraste ilustrativo. Con un Gini de 45,8 en 2024, presenta niveles similares a Ecuador pero con resultados sociales superiores: educación universal de mayor calidad, sistema de salud más robusto y seguridad social más inclusiva. Esto confirma la tesis del informe del G20: “el grado de correlación entre desigualdad económica y otras desigualdades depende en gran medida de las políticas públicas”.

La experiencia internacional muestra que la reducción sostenida de la desigualdad requiere coaliciones políticas amplias y sostenidas en el tiempo. Uruguay construyó consensos que trascendieron cambios de gobierno; Costa Rica mantuvo compromisos con la inversión social durante décadas. Ecuador, con su histórica inestabilidad política, enfrenta el desafío adicional de construir acuerdos que sobrevivan ciclos electorales.

El informe del G20 no ofrece soluciones mágicas pero sí una hoja de ruta basada en evidencia: la desigualdad se combate con políticas deliberadas, sostenidas y coordinadas. Ecuador tiene la capacidad técnica, los recursos naturales y el capital humano para reducir sus brechas. Lo que permanece en cuestión es si quienes manejan la política pública estarán dispuestos a asumir los costos de una transformación que, según advierte el informe, no es solo deseable sino urgente para la estabilidad democrática del país.

(*) Economista, analista económica Gestión Digital.