¿Cómo se calcula la pobreza en el Ecuador y cuándo se considera que una persona entra en ese segmento? Guía de las cuatro mediciones oficiales

Determinar quién es pobre en Ecuador no es una tarea sencilla. Detrás de cada cifra oficial de pobreza, existe una compleja metodología estadística que define quién queda dentro o fuera de esta categoría, con implicaciones directas en las políticas públicas y la asignación de recursos del Estado. En diciembre de 2025, según datos del INEC, uno de cada cinco ecuatorianos vivía en situación de pobreza por ingresos, pero si se analiza desde una perspectiva multidimensional, la cifra se duplica a más de cuatro de cada diez personas.

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Esta disparidad no es producto del azar ni de errores estadísticos, sino de diferencias conceptuales fundamentales sobre qué significa ser pobre. ¿Es pobre solo quien no tiene suficiente dinero para adquirir una canasta básica? ¿O también lo es quien, aun teniendo ingresos, carece de acceso a servicios básicos, educación o vivienda digna? La respuesta a estas preguntas determina no solo las estadísticas oficiales, sino las prioridades del desarrollo nacional.

La pobreza por ingresos o cuando el dinero no alcanza  

La metodología más tradicional y citada es la pobreza por ingresos; en ella, el INEC define como pobres a aquellas personas “cuyo ingreso total per cápita es inferior a la línea de pobreza”. Para diciembre de 2025, esa línea se ubicó en USD 92,40 mensuales por persona. Es decir, cualquier ecuatoriano cuyo ingreso familiar dividido entre los miembros del hogar resulte inferior a ese monto, es clasificado oficialmente como pobre (Gráfico 1).

La línea de pobreza extrema, por su parte, se fijó en USD 52,07 mensuales, un umbral que busca capturar las situaciones de indigencia donde ni siquiera se pueden cubrir las necesidades alimentarias básicas. Según esta metodología, en diciembre de 2025, el 21,4% de la población nacional vivía en pobreza y el 8,3% en pobreza extrema.

La ventaja de este enfoque radica en su simplicidad conceptual y comparabilidad internacional. “La línea de pobreza es el nivel de ingreso mínimo disponible que necesita un individuo para no ser considerado pobre”, explica el INEC. Esta línea se actualiza mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), manteniéndose constante en términos reales el poder adquisitivo desde la línea base establecida en 2006, cuando se fijó en USD 56,64 mensuales.

Sin embargo, esta metodología enfrenta limitaciones significativas. Primero, depende enteramente de los ingresos declarados por los hogares en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), algo problemático en economías con alta informalidad laboral como Ecuador. 

Como señalan los investigadores Gero Carletto, Marco Tiberti y Alberto Zezza en su artículo “Measure for Measure: Comparing Survey Based Estimates of Income and Consumption for Rural Households”, “la recolección de datos de ingreso en países en desarrollo está notoriamente plagada de problemas, y existe una visión ampliamente sostenida de que el ingreso frecuentemente es fuertemente subreportado”. Esta preocupación es particularmente relevante en Ecuador, donde la informalidad laboral supera el 50%.

Segundo, asume que todos los hogares con el mismo ingreso per cápita tienen el mismo nivel de bienestar, ignorando diferencias en costos de vida entre regiones, composición familiar o necesidades especiales. Tercero, y quizás más importante, reduce el bienestar a una dimensión puramente monetaria. 

Un hogar puede superar la línea de pobreza en ingresos, pero carecer de acceso a agua potable, servicios de salud o educación de calidad. Como señala el propio INEC, “la pobreza por ingresos es sinónimo de carencia y privación, que limita a una persona para alcanzar un mínimo nivel de vida”, pero esa carencia puede manifestarse en formas que el ingreso monetario no captura completamente.

El Coeficiente de Gini, midiendo la desigualdad en la distribución  

Más allá de cuántos son pobres, importa también cómo se distribuye el ingreso en la sociedad. El Coeficiente de Gini, es un indicador que “mide el grado de desigualdad de una variable en una distribución”, según define el INEC. Este coeficiente varía entre 0 (perfecta igualdad, donde todos tienen el mismo ingreso) y 1 (perfecta desigualdad, donde una sola persona concentra todo el ingreso).

En diciembre de 2025, el Coeficiente de Gini nacional se ubicó en 0,470, sin cambios estadísticamente significativos respecto a diciembre de 2024. Esto significa que Ecuador mantiene niveles moderadamente altos de desigualdad en la distribución del ingreso, aunque ha experimentado mejoras respecto a la década anterior cuando superaba consistentemente el 0,48 (Gráfico 2).

La desigualdad presenta matices geográficos interesantes. En el área urbana, el Gini llegó a 0,451, mientras en la rural alcanzó 0,474. Contrario a lo que podría esperarse, la desigualdad rural no es significativamente mayor que la urbana, sugiriendo que las diferencias de ingreso entre hogares rurales son relativamente menores, posiblemente porque la mayoría se concentra en niveles bajos de ingreso.

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Esta metodología tiene la ventaja de ofrecer una medida complementaria a la incidencia de pobreza. Un país puede reducir su tasa de pobreza sin mejorar la distribución del ingreso si el crecimiento beneficia desproporcionadamente a los sectores medios y altos. De hecho, Ecuador experimentó exactamente este patrón entre 2021 y 2023, cuando la pobreza se redujo del 27,7% al 25,5% mientras el Gini se mantuvo prácticamente estable.

Sin embargo, el Coeficiente de Gini también tiene limitaciones importantes. Como señalan los académicos Kristin Blesch, Oliver Hauser y Jon Jachimowicz en su investigación “Measuring Inequality Beyond the Gini Coefficient May Clarify Conflicting Findings”, “una de las principales críticas se refiere a su incapacidad para distinguir adecuadamente entre diferentes distribuciones de ingreso que resultan en el mismo coeficiente de Gini”. 

Es decir, es una medida resumen que puede ocultar diferencias importantes en distintos puntos de la distribución. Dos países pueden tener el mismo Gini pero con desigualdades concentradas en diferentes segmentos: uno con brechas principalmente entre pobres y clase media, otro con brechas entre clase media y élites.

Los autores argumentan que “enfocarse solo en la concentración general de la desigualdad, tal como la captura el Gini, es insuficiente para apreciar completamente cómo la desigualdad afecta importantes resultados sociales”. Además, como medida relativa, no captura el nivel absoluto de bienestar, una sociedad perfectamente igualitaria pero uniformemente pobre tendría un Gini de 0, lo cual matemáticamente indicaría igualdad perfecta, pero no revelaría nada sobre el nivel de privación absoluta que sufre la población.

Necesidades Básicas Insatisfechas, más allá del ingreso monetario  

Reconociendo las limitaciones del enfoque puramente monetario, Ecuador también calcula la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), una metodología que “identifica carencias en la satisfacción de al menos una de sus necesidades básicas representadas en cinco componentes”, según el INEC: calidad de la vivienda, hacinamiento, acceso a servicios básicos, acceso a educación y capacidad económica.

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Un hogar se considera pobre por NBI si cumple al menos una de estas condiciones: tiene materiales deficitarios en piso o paredes; presenta hacinamiento (más de tres personas por dormitorio o ningún dormitorio exclusivo); carece de eliminación adecuada de excretas o agua por red pública; tiene niños entre 6 y 12 años que no asisten a clases; o el jefe de hogar tiene dos años o menos de escolaridad con alta dependencia económica.

Bajo esta metodología, en diciembre de 2025, el 30,8% de los ecuatorianos vivía en situación de pobreza por NBI, cifra significativamente mayor que la pobreza por ingresos del 21,4%. La brecha urbano-rural es aún más dramática: 20,1% versus 53,9%, evidenciando las profundas desigualdades en acceso a servicios básicos e infraestructura (Gráfico 3).

La ventaja de esta metodología radica en que captura dimensiones estructurales de la pobreza que no dependen de fluctuaciones coyunturales del ingreso. Una familia puede tener ingresos temporalmente altos pero vivir en condiciones de hacinamiento o sin acceso a agua potable. Además, el NBI identifica directamente las carencias específicas que requieren intervención pública, orientando mejor el diseño de políticas.

Sin embargo, el NBI también enfrenta críticas metodológicas importantes. Como señalan Juan Feres y Xavier Mancero en su documento de la CEPAL “El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina”, los umbrales de carencia son relativamente arbitrarios: ¿por qué tres personas por dormitorio y no dos o cuatro?, ¿por qué dos años de escolaridad del jefe de hogar y no tres? Los autores explican que “la determinación de los satisfactores mínimos no es una tarea fácil” y que muchas veces estos umbrales “son relativamente arbitrarios”.

Segundo, el método trata todas las carencias por igual, cuando claramente tienen impactos diferentes en el bienestar: carecer de agua potable no es equivalente a que el jefe de hogar tenga baja escolaridad. 

Tercero, como destacan Feres y Mancero, la metodología NBI ha permanecido prácticamente sin cambios desde su concepción en los años 80, sin incorporar nuevas dimensiones del bienestar consideradas esenciales en el siglo XXI. El documento advierte que “los estándares de lo que constituye una ‘necesidad básica’ evolucionan con el desarrollo socioeconómico”, sin embargo el NBI permanece estático, utilizando en muchos casos los mismos indicadores establecidos hace más de cuatro décadas.

Pobreza multidimensional, la medición más integral  

Buscando superar las limitaciones de las metodologías anteriores, Ecuador adoptó en 2010 el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desarrollado por la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI). Esta metodología reconoce que “la pobreza es un fenómeno multidimensional que va más allá del ingreso monetario”, incorporando 16 indicadores agrupados en cuatro dimensiones: educación, trabajo y seguridad social, salud, agua, alimentación, y vivienda.

Según el IPM, una persona es pobre multidimensionalmente si presenta privaciones en al menos una tercera parte (33,3%) de los indicadores ponderados. En diciembre de 2025, bajo esta definición, el 41,7% de los ecuatorianos vivía en pobreza multidimensional, casi el doble que la pobreza por ingresos. La pobreza extrema multidimensional (privaciones en 50% o más de los indicadores) alcanzó al 18,1% de la población (Gráfico 4).

La estructura del IPM ecuatoriano asigna pesos iguales a las cuatro dimensiones (25% cada una), pero dentro de cada dimensión los indicadores tienen diferentes ponderaciones. Por ejemplo, en educación, cada uno de los tres indicadores (inasistencia educación básica y bachillerato, no acceso a educación superior por razones económicas, y logro educativo incompleto) pesa 8,3%. 

En trabajo y seguridad social, cada indicador también pesa 8,3%. En salud – agua – alimentación , el indicador de pobreza extrema por ingresos pesa 12,5%, mientras el acceso a agua por red pública también pesa 12,5%. Finalmente, en hábitat-vivienda-ambiente, cada uno de los cuatro indicadores (hacinamiento, déficit habitacional, saneamiento y recolección de basura) pesa 6,25%.

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Esta metodología ofrece varias ventajas sustanciales. Primero, proporciona una visión holística de la pobreza que trasciende lo monetario, capturando privaciones en múltiples dimensiones del bienestar humano. Como señalan las investigadoras Sabinna Alkire y María Santos, el IPM constituye “la primera implementación del método directo para medir la pobreza de manera internacionalmente comparable, con amplia cobertura de países en desarrollo”. 

Segundo, identifica no solo quiénes son pobres sino también en qué dimensiones específicas sufren privaciones, permitiendo focalizar mejor las políticas públicas. Tercero, el indicador de intensidad, muestra que los pobres multidimensionales en Ecuador enfrentan en promedio privaciones en aproximadamente el 49% de los indicadores ponderados, evidenciando que la pobreza multidimensional implica múltiples carencias simultáneas. 

No obstante, el IPM también enfrenta cuestionamientos legítimos. La selección de dimensiones e indicadores, así como sus ponderaciones, inevitablemente refleja juicios de valor sobre qué aspectos del bienestar son más importantes. 

Como reconocen los propias autoras, el IPM (en su versión global original) incluye solo tres dimensiones: educación, salud y nivel de vida; no por una elección normativa exclusiva, sino principalmente por limitaciones de datos. ¿Por qué estas dimensiones y no otras como seguridad, participación política, trabajo digno o calidad ambiental? 

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Siguiendo a Amarthya Sen, Alkire y Santos argumentan que “los valores (o pesos) deben ser explícitos y transparentes para estar abiertos al debate público, y que las comparaciones clave deben ser robustas a un rango plausible de pesos”.

La elección de ponderaciones, un tercio para cada dimensión y pesos iguales entre indicadores dentro de cada dimensión, refleja el juicio normativo de que los logros en salud, educación y nivel de vida son aproximadamente iguales en valor intrínseco. 

Las cuatro metodologías oficiales que Ecuador emplea para medir la pobreza no son competitivas sino complementarias, cada una iluminando aspectos distintos de un fenómeno complejo y multifacético. La pobreza por ingresos ofrece una medida comparable internacionalmente y relativamente simple de comunicar, útil para evaluar la capacidad adquisitiva de los hogares. El Coeficiente de Gini añade la crucial dimensión de cómo se distribuyen esos ingresos en la sociedad. El NBI identifica carencias estructurales en servicios e infraestructura básica. Y el IPM proporciona la visión más holística de privaciones múltiples y simultáneas.

La medición de la pobreza seguirá siendo imperfecta porque mide un fenómeno inherentemente complejo y multidimensional. Pero reconocer las fortalezas y limitaciones de cada metodología es el primer paso para usarlas apropiadamente en la toma de decisiones de política pública y en la evaluación del progreso o retroceso del país en su desarrollo social. 

(*) Economista, analista económica Gestión Digital.