Así se cayó el caso Jaguar | La red policial que vendía información al 'Gato Farfán' quedó libre

La madrugada del 18 de abril de 2024, Ecuador amaneció con la noticia de un operativo policial catalogado como un duro golpe a las estructuras de la narcocorrupción. El denominado Caso Jaguar prometía desarticular una red criminal que se había infiltrado en la Policía Nacional para facilitar las rutas del narcotráfico desde Ecuador.

Las autoridades capturaron a 13 personas, entre ellas 10 policías en servicio activo y pasivo, bajo la teoría de que conformaban una estructura de delincuencia organizada que vendía información reservada a la red de Wilder Sánchez Farfán, alias ‘Gato Farfán’, un narcotraficante vinculado a los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa de México.

Durante los allanamientos simultáneos, los investigadores encontraron altas sumas de dinero en efectivo, incluyendo USD 159.970 en el domicilio del policía Freddy L., y un monto superior a un millón de dólares en propiedades vinculadas a otros supuestos cabecillas, como Marco J. T.

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La infiltración y un 'narco invisible'

El origen de este escándalo se remonta a octubre de 2022, cuando el policía Marlon P. abandonó repentinamente su cargo en la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) y huyó del país.

En su casillero, dentro de una casa de seguridad policial, Marlon P. dejó un teléfono celular marca iPhone y una carta manuscrita que revelaba un oscuro entramado interno.

Según la teoría inicial de la Fiscalía, este documento confesaba que exoficiales como Elton A. y José Luis B. actuaban como reclutadores financieros, ofreciendo pagos que oscilaban entre los USD 3.000 y USD 5.000 a agentes activos para corromperlos.

El objetivo primordial de estos pagos era obtener datos sensibles e infiltrar el Caso Cronos, una investigación estratégica y reservada que la ULCO llevaba a cabo para localizar y capturar a 'Gato Farfán', quien por esa época estaba libre (actualmente espera sentencia en una cárcel de Estados Unidos).

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Dentro de esta compleja red de tráfico de información, las autoridades del Gobierno señalaron la participación de D. M. A., catalogado oficialmente como un "narco invisible" y presunto financista de las bandas narcodelictivas en el país.

La Fiscalía sostuvo que D. M. A. supuestamente ejercía labores de mando y coordinación junto a Marco J. para la captación sistemática de los uniformados.

Los reportes investigativos detallaron que D. M. A. presuntamente utilizaba la aplicación de mensajería Telegram bajo el alias de ‘Armani’ para comunicarse de forma directa con agentes policiales de unidades especiales, exigiendo información sobre investigaciones previas en curso o posibles allanamientos en contra suya o de su círculo familiar.

El nivel de infiltración de esta estructura, según el Ministerio Público, llegó a tal extremo que, el 26 de enero de 2024, D. M. A. habría acudido a las instalaciones de la casa de seguridad de la ULCO en Guayaquil para increpar a los agentes y exigir respuestas sobre por qué le realizaban seguimientos.

De la nulidad y las demoras al sobreseimiento

Pese a las pruebas mostradas por la Fiscalía, el caso empezó a quebrarse en la etapa intermedia. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio logró instalarse el 28 de abril de 2025 bajo la dirección de la exjueza María Fernanda Castro.

Castro decidió suspender la diligencia para otorgar 10 días con el fin de que se evacuaran algunas diligencias investigativas que las defensas reclamaban como faltantes.

Sin embargo, la continuidad del caso sufrió un golpe institucional cuando, el 5 de mayo de 2025, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitió una medida preventiva de suspensión en contra de la exjueza Castro por un plazo de tres meses.

Entonces el caso recayó en el despacho del exjuez Christian Quito, quien argumentó que no podía continuar una audiencia que ya había sido instalada por Castro y declaró la nulidad del caso antes de la instalación de la audiencia intermedia.

A la postre, Castro y Quito fueron destituidos de la Unidad Anticorrupción. La primera por un error inexcusable en un caso por narcotráfico. Además, está siendo investigada por prevaricato. Mientras que Quito está preso luego de que en su casa se encontrara dinero que fue atado a un caso relacionado con la guerrilla de los Comandos de la Frontera.

La declaratoria de nulidad ahondó más la demora del caso. Entre los meses de junio y agosto de 2025, las nuevas convocatorias a la audiencia preparatoria fueron declaradas fallidas en reiteradas ocasiones debido a la inasistencia sin justificación legal de varios abogados defensores.

El proceso lo asumió el juez Vicente Hidalgo, quien finalmente logró instalar y conducir la dilatada audiencia de evaluación a inicios de 2026.

Tras analizar la acusación fiscal, el Magistrado concluyó que el investigador de la causa no había logrado recoger suficientes pruebas para configurar el tipo penal de delincuencia organizada.

El juez Hidalgo argumentó en su resolución que la Fiscalía jamás demostró la existencia de un grupo estructurado que operara de forma permanente y reiterada con la finalidad específica de cometer delitos graves como el tráfico ilícito de sustancias, señalando que el ente acusador se basó erróneamente en presunciones y hechos del pasado, tales como una investigación del año 2012 donde los principales acusados ya habían sido absueltos por los tribunales.

Ante esta situación, Hidalgo dictó un auto de sobreseimiento a favor de los 13 procesados.

Nuevas investigaciones

Con esta decisión judicial, el denominado Caso Jaguar se cayó por completo, dejando a los policías presuntamente corruptos, a D. M. A. y al resto de los implicados totalmente libres de los cargos de delincuencia organizada sin necesidad de juicio.

Además, con su fallo, el juez dispuso la revocatoria inmediata de todas las medidas cautelares de carácter personal que pesaban sobre ellos, ordenando el levantamiento de la prohibición de salida del país, de las presentaciones periódicas y el cese de las retenciones sobre sus bienes y vehículos.

No obstante, el Magistrado advirtió en su resolución que, si bien la Fiscalía fracasó en este caso, la exposición de los hechos y evidencias sí reveló el posible cometimiento de otras conductas delictivas.

Por este motivo, el juez dispuso de manera oficial que la Fiscalía inicie nuevas investigaciones, separadas y focalizadas, en contra de los involucrados por diversos presuntos delitos. De esta manera, ordenó investigar por la presunta oferta de realizar tráfico de influencias a D. M. A. y Marco J.

Por otra parte, dispuso abrir una investigación contra José B. por la posible difusión de información de circulación restringida, tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento privado no justificado. Mientras que Elton A. deberá ser investigado por difusión de información de circulación restringida y tráfico de influencias.