7,9 millones de ecuatorianos viven bajo un constante estado de excepción por inseguridad

En lo que va de su mandato, el presidente Daniel Noboa ha decretado ocho estados de excepción, siete por violencia e inseguridad. De todos ellos, tres fueron nacionales y los cinco últimos han sido 'focalizados'.

Y, en todos esos decretos, aunque no todos fueron calificados, hay cinco provincias que no han dejado de vivir bajo las restricciones de la excepción: El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. En ellas vive el 47% de la población nacional, es decir, 7,9 millones de personas.

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Según el último decreto de excepción, los ataques violentos de los grupos delincuenciales han tenido mayor intensidad en esas provincias. Seguidas de Orellana y Sucumbíos, así como de los cantones Quito y Camilo Ponce Enríquez.

"Desde enero de 2024, se han documentado 500 homicidios intencionales, de los cuales 363 corresponden a dobles asesinatos, 96 a triples, y así sucesivamente, hasta eventos de hasta 10 víctimas en un solo ataque", recoge el informe previo de declaratoria del último estado de excepción.

Y esa escalada de violencia es la que el presidente Daniel Noboa utilizó como argumento para ordenar un nuevo estado de excepción en las mismas provincias. El séptimo que afecta a esas jurisdicciones.

La violencia no es el único problema

La violencia no es lo único que afecta la vida y el ejercicio de los derechos básicos de esas poblaciones, que están compuestas por 2,4 millones de hogares y alrededor del 20% de los habitantes son niños de hasta 11 años.

Por ejemplo, los habitantes de estas provincias sufren altos niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que reflejan las carencias de los hogares en los aspectos fundamentales que se requieren para que las personas lleven una vida digna.

Además, los servicios básicos no cubren a la totalidad de sus habitantes, en El Oro todavía hay un 21,2% de habitantes sin servicio de alcantarillado; en Guayas, se trata del 34%; en Los Ríos, el 74,2%; en Manabí, el 56,4%; y en Santa Elena, el 46,6%.

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Otro servicio básico que tiene deficiencias es el agua potable por red pública, lo que no implica necesariamente que sea potable. En Guayas, todavía un 15,6% de la ciudadanía no la tiene; en El Oro, el 9,6%; en Los Ríos, el 35,9%; en Manabí, el 38,9%; y en Santa Elena, el 7,8%.

Y, por si fuera poco, estas poblaciones también enfrentan problemas de escolaridad. Apenas el 21%, en promedio, ha tenido acceso a estudios en centros universitarios o técnicos. La mayoría, el 41%, solo terminaron la escuela.